El alto mando del PP ha cogido la costumbre de referirse a los integrantes de Nafarroa Bai (NaBai) sirviéndose de una curiosa perífrasis: «Los que quieren que Navarra deje de ser Navarra». Es un lugar común que retrata con notable exactitud la pasmosa falta de rigor con que los dirigentes del PP se desenvuelven en la confrontación política.
Defender, como hace NaBai, que sería bueno para Navarra asociarse a una entidad política más amplia, en la que se hermanara con los tres territorios que conforman la actual Comunidad Autónoma Vasca (CAV), no quiere decir que pretenda que Navarra «deje de ser Navarra». ¿Por qué habría de pretender tal cosa? Navarra forma parte de España y sigue siendo Navarra. Del mismo modo que España pertenece a la Unión Europea sin dejar por ello de ser España.
Identificar la personalidad de Navarra con el régimen jurídico-político al que se atiene en estos momentos supone reducirla a una simple contingencia, desproveyéndola de sus hondas raíces históricas. ¿Navarra es y será Navarra sólo en la medida en que mantenga su estatus político-administrativo presente? Si así fuera, habríamos de deducir que Navarra no fue Navarra hasta agosto de 1982, cuando se aprobó la vigente Ley de Amejoramiento. Lo cual es tan absurdo como vaticinar que dejaría de ser Navarra si alcanzara acuerdos de administración política con otros territorios que participan de su misma tradición foral, como son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
A lo cual hay que añadir dos circunstancias que merecen reseña aparte.
La primera es que NaBai se ha comprometido por activa y por pasiva a no plantear ningún posible cambio en el estatuto jurídico de la Comunidad Foral a lo largo de la legislatura que ahora empieza.
La segunda es que NaBai –lo mismo, a estos efectos, que el PNV, EA, EB-IU, Batzarre… y hasta ANV– defiende que para llevar a la práctica cualquier cambio de ese género, si se planteara en el futuro, habría que recabar el respaldo de la mayoría del pueblo de Navarra, que debería otorgarlo (o negarlo) en un referéndum convocado al efecto. Lo cual excluye por principio cualquier iniciativa de género impositivo.
No es ocioso recordar al respecto que las imposiciones, en un caso como éste, pueden ser de dos tipos, y no sólo del que tanto preocupa al PP. También constituiría una imposición inaceptable que una autoridad, fuera del tipo que fuere, pretendiera vedar a los navarros la posibilidad de avanzar por la vía de su progresiva coordinación cultural, económica y político-administrativa con los territorios de la CAV. Una eventualidad, por lo demás, prevista en la propia Constitución Española. Y hondamente sentida por buena parte de la sociedad navarra.
Pero el PP no pretende ser razonable. Ni siquiera racional. Es perfectamente capaz de decir que se tomaría como un casus belli que un nacionalista fuera elegido para presidir una institución navarra y, a la vez, pretender que es el máximo defensor de posiciones integradoras del conjunto de la población de la Comunidad Foral. Preconiza la marginación de la segunda fuerza política del territorio en nombre de la convivencia y el entendimiento.
Convengamos en que quizá ande escaso de otras habilidades, pero que desenvoltura, desde luego, tiene para dar y tomar.
