Es muy posible que haya bastante gente que, al enterarse de que Iñaki de Juana Chaos ha sido reingresado en prisión para cumplir en cautiverio el resto de su última condena, se haya dicho para sus adentros: «¡Agradéceselo a tus amigos!» Y es cierto: no se puede decir que ETA le haya hecho ningún favor. Pero lo esencial del asunto no está ahí. Lo verdaderamente significativo es que la medida adoptada contra De Juana demuestra la falsedad de todas las argumentaciones oficiales anteriores, que pretendían que se había iniciado con él la vía de la excarcelación por razones específicas, ajustadas a su caso, que no tenían nada que ver ni con la tregua, ni con el diálogo con ETA, ni con nada de ese género. Su peripecia última es casi un paradigma de las falsedades del supuesto Estado de Derecho: se evitó que saliera de la cárcel «construyendo imputaciones» ad hoc contra él, sometiéndolo a un procesamiento absurdo e imponiéndole una condena prefabricada; se le rebajó la pena por razones políticas; se le trasladó a un hospital donostiarra por idéntico motivo; se le permitió empezar a salir y pasear en semilibertad con la misma intencionalidad… y se le mete de nuevo en la cárcel como venganza porque las cosas han tirado por donde no debían.
El resultado de todo ello será, objetivamente –otra cosa es que muchos no lo perciban así por ahora–, un aumento en el ya importante grado de descrédito del Estado de Derecho y una muestra palmaria de la utilización de la Justicia con fines políticos.
Ayer Garzón prohibió a dos dirigentes de Batasuna que viajaran al extranjero. Otro que se pasa al bando de la venganza.
Hoy el Tribunal Supremo tiene que estudiar una sentencia que, según lo que resuelva, puede determinar que Arnaldo Otegi también tenga que ir a la cárcel.
Todas éstas son pésimas noticias. Desde que ETA dio a conocer su resolución de no mantener el alto el fuego, la gran mayoría de los responsables políticos se pusieron a declarar muy solemnemente que «la organización terrorista no nos va a marcar la agenda». Sin embargo, cuanto está ocurriendo desde el lunes demuestra exactamente lo contrario. El Gobierno central, y la mayoría de sus seguidores en todos los campos, incluido el mediático, se han dejado dominar por la rabieta que han pillado. Y, como les suele suceder a las criaturas enrabietadas, chillan y dan patadas en todas las direcciones, sin pensar siquiera en las consecuencias de lo que están haciendo, ni en qué harán cuando se les pase el berrinche y hayan de encarar de nuevo la realidad.
Algunos han mantenido un cierto nivel de serenidad que es de agradecer. Me sorprendió (para bien) Patxi López, el líder de los socialistas vascos, que, en medio de la barahúnda, declaró que es el momento de volver «a pactos como el de Ajuria Enea y el de Madrid». Es una toma de posición interesante, por dos razones: porque no cita el último pacto antiterrorista PP-PSOE y porque toma como referencia unos acuerdos que dejaban abierta la puerta a una salida dialogada del conflicto. Más previsibles, pero también estimables, han sido otras declaraciones también serenas, casi todas ellas producidas en Euskal Herria. Hasta Sanz, el presidente navarro, se ha mostrado cauto, aunque sea por obvias razones oportunistas.
Aunque en esta vida apenas hay nada que sea totalmente seguro, tiendo a dar por hecho que, en un plazo no muy lejano, todos habrán de volver a plantear las cosas en un terreno muy similar al que estaban antes del pasado diciembre. Con una diferencia fundamental: que, para conseguirlo, ETA tendrá que cumplir condiciones más severas que las del año pasado. Se ha dicho muchas veces, y siempre con razón: tanto más prolonga ETA su propio fin, tanto peores son las condiciones en las que se ve obligada a abordarlo. Cuánto más hubiera ganado si hubiera dejado todo resuelto en Argel.
