Otegi dice que él ya ha comunicado a PNV y PSOE su disposición «a ir pueblo a pueblo» para intentar que no exista kale borroka («ésa que supuestamente nosotros organizamos, cosa que no es cierta»), pero que, para ello, los gobiernos de Madrid y Vitoria deberían hacer lo propio, desactivando «las acciones judiciales y los controles de las fuerzas de ocupación», el primero, y los «seguimientos, informes y detenciones de la Ertzaintza», el segundo.
Estas declaraciones plantean varios aspectos que me parecen dignos de comentario.
En primer lugar, sobre la kale borroka. Una cosa es que Batasuna no organice los actos de kale borroka –algo que no tengo por qué dudar– y otra que le parezcan mal y no pretenda sacar partido de ellos. El día que la dirección de Batasuna quiera poner fin a tales actos, le bastará con comunicar que los considera gravemente contrarios al proceso, razón por la cual sus autores, una vez identificados, serán tenidos por enemigos de la causa nacional de Euskal Herria y expulsados de manera fulminante de cualquier organismo o plataforma perteneciente al MLNV. Estoy seguro de que con esto sería suficiente. No haría falta que Otegi realizara ninguna gira.
Dicho sea de paso, lo mismo puede decirse de ETA y de su «acreditada voluntad de buscar una solución democrática al conflicto». Todos recordamos que, cuando algunos presos, ex dirigentes de la organización, hicieron público su desacuerdo con la línea oficial, la dirección los expulsó sin apelación y a toda velocidad. Ahora aparece un preso enloquecido que deja bien a las claras a voz en cuello en la Audiencia Nacional su incompatibilidad con cualquier proceso de paz y ETA guarda silencio. La comparación entre la exigencia de férrea disciplina para los unos y la condescendiente tolerancia para el otro mueve a extraer conclusiones de las que no sale muy bien parada la «acreditada voluntad».
En segundo lugar: incluso Otegi tiene que darse cuenta de que no es lo mismo la actividad policial del Estado, realizada tanto a través de sus instrumentos centrales como autónomos, que las acciones de violencia explícitamente arbitraria, inapelable y en principio irresponsable (porque nadie se hace responsable de ella) realizada por espontáneos que no se someten a ley positiva alguna, ni ajena ni propia. Por decirlo más resumidamente: Batasuna no es un Gobierno, ni controla las fuerzas de ningún Gobierno. En consecuencia, no está en condiciones de tratar de tú a tú a los gobiernos de Madrid y de Vitoria.
Batasuna puede exigir que cesen los excesos y las arbitrariedades del trato que está sufriendo, y puede muy bien, incluso, plantear que mientras continúen no colaborará en ningún intento de entendimiento. Eso sí.
En tercer lugar: Otegi sostiene que no cabe justificar los muchos actos y resoluciones judiciales contrarios a la izquierda abertzale apelando a la independencia judicial, porque «la independencia judicial no se la cree nadie». La cuestión aquí no es la independencia judicial, en general, sino la independencia judicial con respecto al Gobierno, en concreto. Hay muchos y muy buenos motivos para deducir que no pocas iniciativas judiciales que se están sucediendo en los últimos tiempos tienen una inspiración ideológica, e incluso política, pero eso no autoriza a achacárselas al Gobierno de Zapatero. A éste tampoco le sería fácil contrarrestarlas, en el caso de que tuviera valor para hacerlo (lo que, eso sí, pongo en duda). Por resumir este punto: al Gobierno de Zapatero se le puede acusar de indeciso y de pusilánime, pero no es él quien está detrás de las causas abiertas contra los dirigentes de Batasuna, ni de las muchas decisiones de Grande Marlaska, ni del encausamiento de Ibarretxe, ni de la resurrección de la causa contra Atutxa... En muchos casos, está pagando el precio de los errores que cometió en sus tiempos de entusiasta aliado del PP. Pero maldito el gusto que le da pagarlo.
