Una de las cosas que más me cabrean –y cuidado que hay cosas que me cabrean– es la pretensión de algunos economistas de que sus diagnósticos son objetivos, meramente técnicos, imparciales. Hablan como si la Economía fuera una ciencia exacta.
Me ha tocado en las últimas semanas discutir con algunos de ellos sobre los problemas que afronta en Europa el llamado Estado de bienestar. En cuanto les dejas, te sueltan, adoptando un aire muy académico, que ese modelo de Estado ha entrado en crisis y resulta insostenible, porque el erario ya no da para cubrir sus exigencias. A partir de lo cual se lanzan a especular con los recortes de gasto que, según ellos, será necesario emprender: rebajas de las pensiones de vejez, limitación del ya de por sí muy limitado seguro de paro, reducción del gasto sanitario, etc.
Parten de presupuestos tramposos.
En primer lugar, no tienen en cuenta que en España las arcas de la Seguridad Social apechugan con gastos ajenos a su cometido. Para evaluar en qué medida nuestra Seguridad Social está o puede entrar en crisis, habría que considerar las partidas de gasto que el Estado le obliga a asumir y liberarle de aquellas que no tienen relación directa con su cometido.
En segundo lugar, hacen trampa al dar por supuesto que la Seguridad Social debe tener obligatoriamente –ella sola, por su cuenta– una economía saneada, no deficitaria. Si admiten que algunos capítulos presupuestarios son deficitarios por definición, ¿por qué se muestran tan implacables precisamente con la Seguridad Social? No le piden a la Casa Real que ingrese más de lo que gasta. Tampoco se lo exigen a las Fuerzas Armadas. Ni siquiera a la Iglesia católica. ¿Por qué ha de hacerlo la Seguridad Social?
La Hacienda pública no está compartimentada. Funciona como una caja única. Si hay que ahorrar, deberá examinarse el conjunto del gasto del Estado para decidir qué asignaciones son más superfluas y recortables.
Lo cual será, en último término, una opción ideológica. Nada técnica.
En tercer término, convendrá plantearse sin ambages qué factor resulta más insostenible e inaceptable desde el punto de vista del interés colectivo, si el gasto público o los beneficios privados. Porque en España hay gente que está amasando fortunas de quitar el hipo a costa del trabajo ajeno. Gente cuya contribución al bienestar colectivo, vía impuestos, es sencillamente ridícula.
A lo mejor lo que no podemos permitirnos no es la Seguridad Social que tenemos, sino el capitalismo que tenemos.