Rajoy afirma que sostener, como ha hecho Rodríguez Zapatero, que la Ley de Partidos, que sirvió para ilegalizar a HB —y para nada más: fue una ley ad hoc—, es difícilmente compartible con el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión, constituye «un hecho sin precedentes en un país democrático».
El asunto presenta varias vías de aproximación.
Primer punto: que la ilegalización de HB, esencia de la Ley de Partidos, no sólo no facilita, sino que representa un error jurídico y un obstáculo para la resolución de los problemas reales de la sociedad vasca no es una idea nueva. Fue expresada con mucha claridad ya en 1996 por el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, José María Aznar, quien declaró a la revista Época (número 575) que esa ilegalización le parecía «una cuestión absolutamente estéril». Y añadió: «Hay que actuar contra las personas que amparan, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas». Insistió en la idea: para él —para el él de entonces—, ilegalizar HB era «un camino equivocado».
Que luego él y los suyos cambiaran radicalmente de opinión no justifica que pasaran a descalificar de arriba a abajo a los que no hicieron esa pirueta.
Segundo punto: ¿es «un hecho sin precedentes en un país democrático» que un Gobierno opte por aplicar de manera flexible —dicho más claramente: por no aplicar en determinadas circunstancias— leyes restrictivas de las libertades cuya estricta puesta en práctica se revela o bien políticamente perjudicial o bien contradictoria con otras leyes, incluso de rango superior? En absoluto. Por no hacer referencia sino a un ejemplo de género similar, sólo que mucho más grave: es bien sabido que el Gobierno de Londres toleró durante muchos años numerosas actividades que era público y notorio que estaban inspiradas por el IRA, entre otras cosas porque aparecían encuadradas por personas encapuchadas y metralleta en mano.
Tercer punto: actuaciones gubernamentales como ésas tienen sentido, y pueden resultar comprensibles, cuando los gobernantes entienden que se trata de leyes útiles en términos generales, aunque de inconveniente aplicación en tal o cual caso concreto. Pero, cuando el conflicto lo generan leyes cuyo sentido se ha revelado esencialmente perjudicial, lo que procede no es dejar de aplicarlas en algunos supuestos específicos, sino derogarlas.
La Ley de Partidos ha demostrado que no ayuda en nada al encuentro de vías para la pacificación y la normalización de Euskadi. A lo que parece, ésa es la conclusión a la que está llegando —o ha llegado ya— Rodríguez Zapatero. No se me ocultan las dificultades político-mediáticas con las que puede toparse para proceder a la derogación de esa Ley, pero es por ahí por donde debería enfilar.
Del mismo modo, y por las mismas razones, entiendo el empeño con el que los dirigentes del PP defiende esa Ley. Porque lo que quieren es que se mantenga el grado máximo de crispación y hostilidad. De eso se han alimentado políticamente durante los últimos años. Y no quieren quedarse en ayunas.
