Nicolás Redondo Urbieta –o sea, Nicolás Redondo, no su hijo, el efímero Nicolasín– hizo hace ya muchos años una caracterización de España de las más científicas que se hayan oído jamás. Dijo: «Este país es de coña».
Y vaya que sí lo es.
Tenemos en estos mismos momentos a buena parte de la intelectualidad española empeñada en la defensa del derecho de los dibujantes daneses a caricaturizar a Mahoma con una bomba por turbante, porque –aseguran– su libertad de expresión les autoriza a asociar el islam con el terrorismo o con lo que les dé la gana, pero, a la vez, encantada con la idea de que Arnaldo Otegi pueda acabar en la cárcel por haber afirmado que el rey de España es el jefe de los torturadores. ¿En razón de qué los dibujantes daneses han de ser libres de expresar lo que les apetezca, por brutal y ofensivo que resulte para cientos de millones de personas, pero Otegi deber ser castigado sin escapatoria por haber señalado que el jefe del Estado español, en tanto que tal, es jefe de todos los servidores del Estado, y por ende jefe también de los funcionarios policiales que torturan? ¿Cómo se come eso?
Podría contestar que no lo sé, pero mentiría, porque sí lo sé. Esas incongruencias pueden producirse y se producen porque España vive instalada en el reino de la doble moral. En relación a muchas realidades, pero muy destacadamente a las vinculadas con la libertad de expresión.
Dicen: «Cada cual es libre de opinar lo que tenga a bien y nadie puede coaccionarlo». Pero a continuación admiten que han ilegalizado un partido político vasco porque consideraban intolerables sus opiniones, y se declaran dispuestos a volver a legalizarlo si expresa una condena clara y rotunda de la violencia (es decir, si adapta sus opiniones a las demandas de los ilegalizadores).
De modo que, según ellos, el Estado no tiene derecho a mediatizar bajo ningún concepto los criterios expresos de los ciudadanos, pero puede situar a éstos en la ilegalidad o readmitirlos en ella según lo que opinen.
Eso en Euskadi. En Valencia, y en consideración a las fechas que se aproximan, la incoherencia se viste de fallas. Mientras Mariano Rajoy se solidarizaba con los dibujantes daneses que ofenden gravemente a quienes profesan la fe coránica, las autoridades valencianas del PP censuraban una falla en la que se veía a varias monjas rindiendo tributo de admiración a un consolador y obligaban a sus autores a convertir el consolador... ¡en un cirio!
Pese a creerme curado de espanto desde hace ya mucho tiempo, he de admitir que me deja estupefacto el desparpajo con el que los políticos españoles de más alto copete y sus plumíferos de cámara aprovechan este asunto de las caricaturas danesas para proclamarse «alarmados» por «el grave peligro» que corre la libertad de expresión entre nosotros por culpa... del fanatismo islámico. Ellos, que se han encargado de que la comunicación de masas –la que tiene una más neta influencia electoral– esté en las exclusivas manos de media docena de grandes consorcios del entretenimiento, cuyo pluralismo abarca desde la derecha ligeramente camuflada a la extrema derecha desatada; ellos, que han hecho todo lo que les ha sido posible –que ha sido mucho– por ahogar económicamente a los medios de espíritu crítico, por modestos que fueran; ellos, que no han dudado en propiciar el cierre de dos diarios, presentándolo cínicamente como cautelar, cuando sabían de sobra que un diario que deja de publicarse durante meses no puede ya volver a la calle; ellos, que han impuesto una disciplina cuartelera en los medios que tienen bajo su control, obligando a quienes emplean a seguir escrupulosamente sus instrucciones; en fin y en suma: ellos, que han cercenado durante decenios la libertad de expresión hasta reducirla –ésta también– a una trágica caricatura, se dicen preocupados porque periodistas, escritores y artistas deban autocensurarse por miedo a la cólera del Islam.
Qué farsantes.
