Zapatero se siente respaldado por «las minorías». Y con razón, al menos desde el punto de vista parlamentario, porque cuenta con el apoyo de todo lo que no es PP en el edificio de la Carrera de San Jerónimo (IU, CiU, ERC, PNV, CC y Grupo Mixto, además de su propio grupo, claro está).
Resulta lógico que ese apoyo se manifieste cuando el PP se le tira a la yugular para boicotear el diálogo con ETA o para dificultar las negociaciones políticas entre los partidos vascos: aunque la posición del Gobierno de Madrid no sea la que algunos desearían, prefieren sostenerla, para limitar al máximo el margen de actuación del PP.
Lo que no tiene nada de lógico ni de positivo es convertir ese apoyo, referido a un solo asunto de carácter estratégico, en una especie de prejuicio favorable hacia el Gobierno del PSOE, como si respaldar la acción gubernamental se hubiera convertido en la norma, y criticarlo, en una excepción. Cuando lo cierto es que hay buenas razones para tomarse la solidaridad con el Ejecutivo como una excepción, y la crítica a su labor como la norma.
Hay críticas de peso que el Gobierno de Zapatero se viene ganando a pulso mes tras mes y que nadie formula con la boca grande, armando el jaleo que se merece lo denunciado. Y no hablo sólo de cuestiones económico-sociales –que las hay para dar y tomar–, sino incluso de despropósitos que afectan directamente a los Derechos Humanos.
Renuncio a hacer un recuento exhaustivo de esos asuntos. Me limitaré a señalar cuatro que me vienen a la cabeza sin necesidad de profundizar mucho en la materia.
Uno: Amnistía Internacional señala que la tortura continúa siendo una práctica recurrente en las comisarías y cuartelillos españoles y sí, se oyen algunas voces de protesta, pero no se hace nada por montar el pollo que un asunto así reclama a gritos (y nunca mejor dicho).
Dos: el 27 de mayo se inaugura en Nador un museo en memoria de Mohamed Mizzian, militar marroquí que se distinguió por lo particularmente abyecto de los crímenes que cometió sirviendo primero a Franco y luego a Mohamed V. Mizzian, al que Franco nombró general de sus ejércitos, cometió actos de crueldad extrema, como la ejecución sumaria de soldados republicanos heridos en combate y capturados por sus tropas o la entrega de niñas españolas a sus soldados para que las violaran antes de matarlas. Pues bien: el Gobierno de Zapatero envió a Nador a tres representantes, entre ellos el propio embajador español en Rabat, al acto solemne de inauguración del museo dedicado a esa alimaña. IU y CiU han pedido explicaciones al Ejecutivo, pero muy discretamente, como para no molestar.
Tres: ha quedado demostrado que, en efecto, tal como denunció el Gobierno de Dakar, el Ejecutivo español devolvió por avión de manera contraria a los Derechos Humanos a un nutrido grupo de inmigrantes senegaleses sin papeles. Los mandó a Senegal esposados, como si se tratara de delincuentes, y engañados (les dijeron que los llevaban a la península). Un acto en la mejor línea de aquel que llevó a Aznar a decir: «Teníamos un problema y lo hemos resuelto».
Cuatro: ha quedado claro que los aviones estadounidenses de la CIA que trasladaban ilegalmente a personas detenidas sin ninguna garantía jurídica hicieron varias veces escala en Palma de Mallorca, sin que las autoridades españolas movieran un dedo para enterarse de la clase de pasaje que trasladaban. Esto en el mejor de los casos, porque nada excluye que realmente supieran de qué iba aquello. Hay ahí, como poco, una muy grave negligencia, de la que es responsable el Gobierno de Zapatero. También en este caso ha habido algunos que han criticado la actuación del Ejecutivo español, pero como para cumplir, sin más.
Me parece evidente que, o los partidos más preocupados por las violaciones de los Derechos Humanos movilizan sus fuerzas para denunciar de manera contundente las pasadas por la derecha del PSOE y su Gobierno, o en cosa de nada pueden estar ellos mismos cerrando los ojos a ese tipo de sevicias. No hacer nada efectivo cuando se impone actuar es una forma de ser cómplice de lo que finalmente ocurre.
