Apuntes del Natural

El PP, que prende fuego a cuanta madera se le pone a la vista, ha decidido que no sólo la actual «avalancha» de africanos deseosos de convertirse en inmigrantes es culpa del Gobierno de Zapatero, sino que incluso la «oleada» de asaltos a viviendas unifamiliares que se está produciendo en Cataluña es también responsabilidad del malvado Zapatero, porque esos asaltos son obra de extranjeros, cuya superabundante presencia no sería posible si no fuera por las facilidades que han recibido últimamente para instalarse en España.

Es un disparate completo.

Según los datos ofrecidos por la propia Policía, hay tres tipos de extranjeros que aparecen mezclados en actos delictivos.

El primero lo forman los integrantes de las mafias, muchos de ellos rusos –pero no sólo–, que tienen su sede principal en la Costa del Sol y que se dedican a negocios de alto copete, como el comercio de armas, el tráfico de droga a gran escala, la evasión de capitales, la trata de blancas, el robo y la venta en tierras lejanas de automóviles de lujo... y un largo etcétera, cuyos pingües beneficios en dinero negro derivan a paraísos fiscales o blanquean mediante inversiones inmobiliarias. Huelga decir que sus miembros no llegaron a España a bordo de pateras.

El segundo género de delincuentes organizados que operan por estos lares, y del que los salteadores de casas en Cataluña parecen casi el retrato-robot, lo integran por lo común ex soldados –a veces ex comandos de cuerpos militares o policiales de elite– procedentes de países del Este europeo que han cambiado de régimen y los han puesto de patitas en la calle. Como los mafiosos de la Costa del Sol, éstos también son auténticos profesionales del crimen, sólo que con menos medios económicos. Su modus operandi denuncia su origen sectorial: actúan con gran rapidez, con mucha eficacia y, sobre todo, con una violencia y una crueldad aterradoras, propias de quienes ya han torturado y matado mucho en el pasado. Obviamente, éstos tampoco llegaron a España en una zodiac sobrecargada procedente de Ceuta.

En fin, hay un tercer tipo de delincuentes, casi todos de poca monta, que se dedican al trapicheo de droga o al robo a pequeña escala, que sí se nutre de ciertos sectores inmigrantes norafricanos o –más raramente– del África negra. Es gente que o no ha podido o no ha querido obtener un trabajo asalariado. La Policía no clasifica su actividad como «crimen organizado», porque o no lo está o lo está de un modo muy rudimentario. No es que sean inofensivos, ni mucho menos, pero, en tanto que colectivo, resultan abismalmente menos peligrosos y preocupantes.

En todo caso, lo que más importa retener, a la hora de considerar las acusaciones del PP, es que: a) Los delincuentes de los dos subgrupos mencionados en primer y segundo lugar –los más temibles– han llegado a España amparados por la misma legislación europea que ya existía durante la Presidencia de José María Aznar; y b) en aquel tiempo también había inmigrantes procedentes del Sur que practicaban la delincuencia menor. No es nada que haya llegado de la mano de la tan célebre como inexistente «permisividad» de Zapatero.

Pero, según decía al principio, al PP todo eso le da igual. Como los pirómanos, considera que cuantos más focos tenga el incendio, más difícil será que se lo extingan.

Lo que antes se limitaba a ser un triste defecto relativamente generalizado se ha convertido ya en una plaga devastadora. Hablo del periodismo declarativo, que es efecto –y a su vez fomenta– la política declarativa. El grueso de las secciones de política de los periódicos, las radios y las televisiones se compone de noticias –o supuestas noticias– basadas en declaraciones: «Fulano afirma...», «Mengano responde...», «Perengano replica...».

Por lo general se trata de proclamas que los políticos profesionales utilizan para tocarse las narices entre sí y mostrar sus plumas de pavo ante la audiencia. Pero tan amplio y reiterado recurso al pavoneo produce una comprensible reacción de hartazgo en la ciudadanía. Por lo que voy viendo –que no pretendo convertir en observación científica, pero que me da que coincide bastante con la realidad–, incluso las gentes más interesadas por lo sustantivo de la res publica prestan cada vez menos atención a los dimes y diretes de la actualidad política, tal como aparece reflejada en los medios. Empiezo a estar rodeado de personas que me miran con mal disimulada extrañeza por mi empeño en escuchar las noticias horarias de la radio. Y observo que crece a buena marcha el número de gente que, cuando lee el periódico –siempre que no sea deportivo–, lo hace de atrás a adelante, empezando por lo más ligero y sin ninguna prisa por llegar a lo más heavy.    

No es que los asuntos que sirven de excusa a la política declarativa sean necesariamente insustanciales. A menudo se refieren a cuestiones importantes, en acto o en potencia. Ocurre que, tal como las abordan, se trasparenta que les interesan sobre todo como arma arrojadiza, para hacerse valer. A veces producen la muy desagradable sospecha de que les frustraría que el problema al que se refieren se resolviera, porque eso les privaría de un motivo de pendencia declarativa.

Hay ocasiones, sin embargo, en las que las declaraciones y contradeclaraciones se refieren a asuntos cuyo interés, por lo menos para mí, se aproxima mucho a lo nulo.

Pongo un ejemplo, que es precisamente el que me ha sugerido este Apunte. Anteayer, Arnaldo Otegi convocó una conferencia de prensa para anunciar que hoy su formación política hará públicos los nombres de las personas que acudirán en su nombre y representación a la «mesa de partidos» cuya necesidad propugnan casi todas las fuerzas políticas vascas. Acto seguido, emplazó a los demás partidos a que hagan lo propio y designen a sus representantes (en realidad no los emplazó, porque no les puso ningún plazo: se limitó a urgirles a que lo hagan).

Lo cual me sugirió un cierto cúmulo de preguntas. Primera: ¿qué, si no la búsqueda de un titular de más, puede llevar a convocar una conferencia de prensa para anunciar que dos días más tarde se convocará otra conferencia de prensa? Segunda: si Batasuna quiere tener una delegación fija en la citada «mesa», pues muy bien, pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Cree que la población vasca está ávida por enterarse de quiénes la compondrán? Tercera: ¿a cuento de qué exige que los demás partidos hagan lo propio? Si otros prefieren tener una representación rotativa, ¿quién puede negarles ese derecho? Y cuarta: no sabiendo cuándo va a reunirse esa «mesa» –porque una cosa es que Batasuna quiera que sea ya mismo, pero otra que los demás se avengan–, ¿qué tiene de malo que haya quien prefiera esperar a que se plantee la situación concreta para decidir cómo afrontarla?

Ya he dicho que he puesto este episodio como simple ejemplo de una práctica generalizada. Me ha llamado algo más la atención que otros, pero sólo algo más. Todos los días los veo a porrillo. En Euskadi, en Madrid, en Barcelona o en Sevilla. Ahora mismo también mucho en Canarias.

El resultado de todo esto lo he enunciado más arriba: la política del día a día aburre cada vez más a cada vez más gente, que no le ve la gracia, básicamente porque no la tiene.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (24 de mayo de 2006).

No tengo los datos en mi mano, pero he oído decir en los últimos meses a varios expertos en la materia que la inmigración ilegal procedente de África es más llamativa y crea situaciones específicas más problemáticas, pero que aporta una cantidad de inmigrantes en situación irregular bastante inferior a la procedente de la Europa del Este y de algunos países de América Latina. Es decir, que son notablemente menos los que llegan a las costas de Canarias y Andalucía en pequeñas embarcaciones que los que se introducen en territorio del Estado español por tierra, a través de la frontera con Francia, y por aire, sobre todo por el aeropuerto de Barajas.

Hay en este segundo bloque, sin embargo, una diferencia sustancial. En Barajas existe, mal que bien, un control bastante estricto, aunque burlable: si alguien llega con un pasaporte en regla, tiene en su cartera el dinero requerido y cuenta en España con personas en situación regular a las que puede alegar que viene a visitar por unos días y que responden de él, no hay razón legal para impedirle la entrada. Una vez dentro, se queda y ya está. Pero son muchos los que se plantan en Barajas sin reunir esos requisitos, con lo que son obligados a emprender de inmediato el viaje de regreso.

Asunto bien diferente es el de la inmigración procedente de la Europa extracomunitaria. La entrada en territorio de la UE no presenta, comparativamente, apenas dificultades. Y una vez dentro, la libre circulación de las personas y la práctica inexistencia de fronteras hace el resto. Por no hablar ya de quienes proceden de Estados que pertenecen a la UE pero tienen un nivel de vida nada homologado. Éstos pueden venirse e instalarse, si no con todas las de la ley, casi.

El asunto de la inmigración ilegal presenta dos problemas diferentes (bueno, presenta bastantes más, pero dos, a estos efectos). Uno es general: el del encaje económico, social y cultural de una inmigración cada vez más numerosa. Es el más importante. Otro, concreto: el de la llegada constante de inmigrantes africanos a un territorio, como es el insular canario, que tiene serias dificultades para acogerlos. Lo cual plantea una situación conflictiva, sin duda, pero menor.

Tal como se están planteando las cosas, podría parecer que el principal problema de inmigración que afronta el Estado español es el de las Canarias. Y no. Es el más visible y el que plantea dificultades más inmediatas. Pero, aunque con esfuerzo, resulta controlable. Es la otra inmigración la que, por su carácter mucho más masivo y porque es casi imposible controlar su afluencia, va a acarrear a corto y medio plazo dificultades más graves.

No me cabe duda de que son problemas que la Europa rica se ha ganado a pulso. Pero a ver ahora cómo se las arregla para afrontarlos.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Las dos inmigraciones.

Zapatero ha anunciado que iniciará el mes que viene los esperados contactos con ETA. Hay que entender que se refiere a contactos formales y directos, porque de otro género ya los ha tenido que haber, y no pocos, en los últimos meses. De hecho, la respuesta dada por los dirigentes de ETA a Gara en su reciente entrevista, cuando fueron preguntados por esos posibles contactos –apelaron a la necesidad de discreción y no se salieron ni un milímetro de esa línea–, venía a confirmar que ya hay algo en marcha.

Pero una cosa es que se inicien las conversaciones oficiales y otra que esas conversaciones lleven a acuerdos rápidos. No sólo porque esos acuerdos encierran dificultades importantes, objetivas, sino también porque es de temer que el Gobierno ponga empeño en alargar las discusiones. Porque, cuanto más duren, más se beneficia de la condición previa (el alto el fuego), que se parece bastante al objetivo final que persigue, y más puede retrasar la adopción de medidas, fundamentalmente en relación a los presos, que pueden acarrearle impopularidad en amplios sectores de la sociedad española, a los que el PP no dejará de jalear.

De todos modos, hay en esto de las conversaciones con ETA una paradoja sobre la que no me canso de llamar la atención. Veamos: si el Gobierno establece contactos con la dirección de ETA, habrá de certificar a sus miembros que no se va a aprovechar de esos contactos para detenerlos y encarcelarlos. Debe conferirles inmunidad. ¿En qué ley del ordenamiento jurídico español se basará para actuar así? Yo no conozco ninguna que lo permita. Le ampara, sin duda, el sentido común, y hasta cabría invocar las normas de la guerra, que obligan a respetar a los enviados del enemigo que acuden a parlamentar. Pero esto no es una guerra.

De modo que, por lo menos a partir de junio, los dirigentes de ETA no van a ser hostigados por la Policía, siempre que se mantengan en los límites de la tregua.

A cambio, quienes al parecer sí van a ser acosados, y sin tregua, son los dirigentes de Batasuna, a los que no se les va a permitir que se muevan y actúen en pos de los objetivos de normalización de la política vasca que pretenden. Les persiguen con las excusas más traídas por los pelos, y a veces incluso sin excusas. No hay más que ver la última convocatoria a declarar ante la Audiencia Nacional que les han hecho por la conferencia de Prensa que llevaron a cabo en Pamplona dos días antes del inicio de la tregua. Fiscal y juez pretenden que aquello fue un acto destinado a presentar la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Pero el hecho es que en aquella conferencia de Prensa nadie habló de la Mesa Nacional. Se habló exclusivamente de la tregua y del nuevo tiempo político que inauguraría. Ya el colmo es que impliquen a Arnaldo Otegi en el asunto, cuando él no pudo decir ni dejar de decir nada en aquel acto, porque estaba enfermo en su casa, como Grande-Marlaska debería saber muy bien, porque ordenó que estuviera sometido a vigilancia y que lo visitara un médico a diario.

De modo que tenemos unos dirigentes distinguidos por su recurso a métodos violentos que van a gozar de impunidad y otros que vienen actuando desde hace muchos años en el plano de la lucha estrictamente política, que están siendo hostigados sin parar, poniéndolos al borde de la impotencia, aunque casi todo el mundo es consciente de que su concurso es necesario para sacar de una vez a Euskadi del lodazal en el que ha venido viviendo desde hace décadas.

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Nota.– Este Apunte de hoy llega a una hora inusualmente tardía por culpa de un avería en la conexión de la línea ADSL de la que me sirvo.

Según va pasando el tiempo, cada vez sabemos más sobre Euskadi.

Bien es cierto que casi todo lo que vamos sabiendo es por exclusión. En negativo. Estamos adquiriendo un conocimiento más y más completo sobre lo que Euskadi no es y a lo que no se parece.

Ya sabíamos que no se asemeja en nada a Irlanda, de modo que tratar de extraer del proceso de paz irlandés alguna lección aplicable a la realidad vasca sólo podría ser una demostración irrefutable de la perfecta estupidez de quien lo intentara.

Nos constaba también que el caso vasco no puede relacionarse ni de lejos con las experiencias vividas por los países bálticos (todos ellas, sin embargo, muy homologables entre sí, por lo visto), ni con la de Eslovaquia, ni con la de Ucrania, ni con la de Croacia. Menos aún con episodios históricos anteriores, como el que condujo a la independencia de Finlandia, que se separó de Rusia ejerciendo su derecho de autodeterminación tal vez con la oculta esperanza de llegar algún día a triunfar en el Festival de Eurovisión cantando en inglés, igual que los rusos.

Por abreviar: lo más en común que han tenido todos los muchos procesos de autodeterminación que ha vivido Europa desde hace un siglo, de creer lo que dicen los próceres con cátedra de hispanismo químicamente puro, es que ninguno de ellos ha tenido nunca ni el más mínimo parecido con el caso vasco.

El ejemplo más inmediato que nos están ofreciendo de ello es el de Montenegro, que va a votar sobre su posible independencia de Serbia precisamente gracias a que no se parece a Euskadi en nada de nada. El líder de los socialistas vascos, Patxi López, lo ha explicado claramente, por si alguien tenía dudas: el derecho de autodeterminación está reservado a los pueblos sometidos a situaciones coloniales, cuyos ciudadanos están oprimidos y carecen de representación institucional. O sea, que López tiene claro que Montenegro es una colonia de Serbia, que sus nacionales carecen de derechos y libertades –en comparación con la población serbia, se entiende– y que la representación institucional que han tenido hasta ahora puede considerarse nula a todos los efectos. Una tesis fascinante, que sería bueno que López desarrollara con el debido detalle y que, una vez convenientemente depurada en el plano teórico, podría aplicar a todos los demás países antes mencionados, haciéndonos ver cómo Eslovaquia, Ucrania, Croacia, etc., eran colonias, todas y cada una, y nosotros sin saberlo.

Quien ha zanjado de modo más definitivo cualquier discusión al respecto es Mariano Rajoy, que viene explicando urbi et orbi desde hace semanas que el pueblo vasco, sencillamente, no existe. Eso, sin duda alguna, resuelve el problema de raíz. ¿Cómo va a ejercer el derecho de autodeterminación de los pueblos un no-pueblo? El descubrimiento de Rajoy, que deja con el culo al aire a incontables tratadistas, desde el Imperio Romano hasta nuestros días, convierte al pueblo vasco es un fenómeno imposible de comparar con nada. Ni siquiera consigo mismo.

Lo que no sé es a cuento de qué existe un Estatuto de Autonomía del País Vasco que habla de «el Pueblo Vasco o Euskal Herria». El PP debería hacer alguna propuesta práctica para remediar ese dislate.

No pasa día sin que se oiga a algún responsable político afirmar que «no hay que pagar ningún precio político» para que ETA deje de utilizar las armas.

Si lo que pretenden decir con ello es que lo único que las autoridades del Estado deben negociar con ETA son las condiciones de su desaparición del mapa, no tengo nada que objetar. Es más: me da que casi nadie lo tiene. Incluso la propia Batasuna viene propugnando, desde el ya célebre mitin de Anoeta, que se separen netamente las conversaciones entre el Gobierno y ETA de las eventuales discusiones entre los partidos vascos destinadas a buscar una redefinición de las normas que rigen la política vasca y las relaciones de Euskadi con el conjunto de España.

De hecho, ese planteamiento viene ya de antiguo. El Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por todos los partidos con representación en el Parlamento de Vitoria, a excepción de HB, se llamó oficialmente «Acuerdo para la Pacificación y la Normalización de Euskadi». El texto separaba de manera muy clara ambos objetivos –de un lado la pacificación, del otro la normalización (*)– como necesidades distintas, y subrayaba la legitimidad de las aspiraciones a un desarrollo superior del autogobierno vasco, por otro lado ya tenidas en cuenta en el propio Estatuto de Autonomía.

El problema surge ahora cuando algunos, invocando el lugar común de que no hay que pagar ningún precio político por el cese de la violencia de ETA, reclaman que los partidos políticos y los sectores de la sociedad vasca de inspiración nacionalista o de posiciones autodeterministas –no necesariamente nacionalistas– aparquen sus aspiraciones y renuncien a plantearlas a corto o medio plazo, por mayoritarias que sean, para que sus planteamientos no coincidan en el tiempo con el proceso de finiquito de ETA.

Con lo cual, y apelando a la exigencia de que el Estado no pague ningún precio político, lo que hacen en realidad es reclamar que lo paguen otros. Están pidiendo que los partidarios de la pacificación y la normalización de Euskadi renuncien a la normalización en aras de la pacificación. Primero exigen que no se mezclen ambos objetivos y luego los mezclan ellos de manera perversa, exigiendo que una parte considerable de la sociedad vasca, que siempre ha defendido sus aspiraciones por vías pacíficas y democráticas, renuncie a ellas hasta nueva orden.

No veo por qué habría de hacerlo. Instituir un clima de convivencia pacífica en Euskadi no pasa por la inmovilización de ningún programa político. Al contrario: de lo que se trata es de que todos los programas puedan exponerse en la plaza pública, y al que le guste éste, lo aplaude, y al que no, lo silba, todo ello francamente y en paz. Y luego se vota, y el que tiene la mayoría representa al pueblo, y el que no, no. Es lo que se llama democracia.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: El precio de la paz.

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(*) Insisto –una vez más– en lo poco que me gusta el término «normalización». ¿En qué consiste una vida política normalizada? ¿De qué normas hablamos? ¿Está normalizada la vida política extremeña, o la murciana, o la cántabra? Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón ¿pueden tomarse como representantes de una comunidad autónoma normalizada? Un partido político que tiene entre sus dirigentes principales a varios miembros de la secta llamada de los Legionarios de Cristo, cuyo fundador acaba de ser condenado al ostracismo por el Vaticano, una vez comprobada su tendencia recurrente al abuso sexual de adolescentes, ¿es un partido normalizado?

El lema del PSC para la campaña del referéndum sobre el nuevo Estatut («El PP utilizará tu no contra Cataluña», escrito en su versión castellana) ha indignado a los del partido de Rajoy, que no entienden a qué viene ese intento de convertir las urnas del 18 de junio en un plebiscito contra ellos.

Yo se lo digo: el PSC no pretende tal cosa. Al PSC, el PP no le inquieta nada. La consigna habla del PP, pero contra quien apunta en realidad es, sobre todo, contra ERC. Para decir que los noes que obtenga el PP van a respaldar la política del PP, y para añadir a eso que los socialistas catalanes consideran que la política del PP es contraria a los intereses de Cataluña, no hacía falta ninguna campaña propagandística. Son obviedades. Lo que esa consigna dice, de hecho, es: «Ándate con ojo si estás pensando en rechazar el nuevo Estatut por insuficiente, porque la derecha centralista utilizará tu voto negativo en su provecho». O, expresado con mayor claridad todavía: «Si sigues la consigna de ERC, ayudarás al PP».

Se veía venir. Hace ya días que el PSC, IC y CiU venían echando mano de ese argumento: votar no es coincidir con lo peorcito de la reacción.

¿Lo es? En cierto modo sí, por supuesto. Si uno vota no, coincide con los demás que votan no, qué duda cabe. Por las mismas, también cabría invertir los términos y decir a los seguidores del PP: «ERC utilizará tu no en favor del independentismo».

Este asunto de la coincidencia de los votos es aburridamente recurrente. Según y en relación a qué cosas, todos los partidos han tenido en uno u otro momento confluencias de voto tan enojosas como inevitables. En Euskadi, durante la pasada legislatura, el PP y el PSE coincidieron una y otra vez con Batasuna a la hora de votar contra las propuestas del tripartito. En algunas ocasiones no sólo coincidieron en el voto, sino también en sus tácticas parlamentarias obstruccionistas.

A mí, eso de las coincidencias nunca me ha impresionado gran cosa. Si me abstengo en tal o cual cita electoral –cosa que suelo hacer con mucha frecuencia–, no se me oculta que coincido con la gente que se desinteresa de la política, y sé que mi propia abstención podrá ser evaluada como una prueba de jemenfoutismo (*), cómico término muy usado por mi amigo José Ignacio Lacasta Zabalza. Y así todo: si digo que no a la OTAN, digo lo mismo que los falangistas; si critico tal o cual actuación de la Ertzaintza, hago lo mismo que el PP; si me opongo al trasvase del Ebro, me alineo con los aguadores más insolidarios (pero si lo apoyo, respaldo a los fabricantes mediterráneos de campos de golf a mansalva), etc., etc.

Cada cual tiene que decidir en conciencia qué vota, cuando vota y si es que vota, preocupándose por su propia interpretación, y no por la que otros puedan asignarle. Porque la experiencia demuestra que toda opción política es susceptible de ser interpretada al revés.

Lo cual que nadie se lo tome como una invitación a votar no en el referéndum catalán. Ni a votar no, ni a votar sí, ni a votar nulo, ni a abstenerse, ni a nada. No me injiero en los asuntos internos de otros países. Sólo evalúo el valor –o la falta de valor– de algunos argumentos.

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(*) Del vocablo popular francés «je-m'en-foutisme», derivado a su vez de la expresión «je m’en fous» (me importa un bledo).

Una encuesta realizada ayer por la mañana por una cadena de radio, no sé con qué grado de solvencia –la encuesta, no la cadena de radio–, dio como resultado que algo así como una cuarta parte de los españoles prefería que el F. C. Barcelona perdiera contra el Arsenal en la final de la Copa de Europa de Campeones.

Empezaré por precisar que no soy defensor de las patrioterías futboleras, ni nada por el estilo. Más bien todo lo contrario. No tengo ningún inconveniente en confesar que mis sentimientos hostiles al Real Madrid son tan puros que deseo que pierda siempre, sea con quien sea e incluso como sea. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, el martes pasado me fastidió la victoria de Osasuna, equipo que me cae muy bien, porque su triunfo propició que el Real Madrid alcanzara el segundo puesto en la clasificación de la Liga, otorgándole el derecho a participar en la Champions (así la llaman ahora) del año que viene.

Lo que a mí me haría realmente feliz es que el Real Madrid bajara a Segunda División.

¿Por qué? Mi psicoanalista –que falleció, el pobre, llevándose mis más recónditos secretos a la tumba– os lo habría podido explicar: en mi infancia donostiarra, la afición al Real Madrid y la violencia represiva se me aparecieron siempre como meras facetas de lo mismo. No me refiero a la represión política, sino a todas las represiones a la vez, incluidas las domésticas. Llegué a ver el escudo del Real Madrid con los mismos sentimientos que tendría un judío alemán ante la insignia de las SS. Tan fue así que, cuando en 1962 un grupo guerrillero venezolano secuestró a Alfredo Di Stéfano para protestar por el fusilamiento de Julián Grimau y por la falta de libertad en su país, hasta me alegré. (Tenía yo 14 años: no se lo tomen ustedes muy en serio).

De modo que, como sé que el negativo de una fotografía es la misma fotografía, puedo entender que haya muchos ciudadanos y ciudadanas de España, educados en sus propias cosas, convenientemente fanatizados –igual que yo, insisto, sólo que al revés–, que deseen que el Barça lo pierda todo, y hasta que a la propia Barcelona le vaya cuanto peor, mejor. Recuerdo a algunos fachas afincados en la Donostia de los años cincuenta cantando: «Qué bonito es Barcelona / visto desde un aeroplano. / Qué bonito es ver caer / cinco bombas sobre él / y dejarlo todo llano.»

Hemos mejorado. Ahora se conformarían con que perdiera su equipo.

No lo han conseguido, pero tienen premio de consolación. Han logrado que Alfonso Guerra y los suyos se «cepillen» –según su propia expresión– el nuevo Estatut de Cataluña.

En eso sí que me distingo de los centralistas de todo cuño: yo le deseo lo mejor al pueblo de Madrid, que me tiene acogido desde hace casi treinta años. Y no sólo no tengo nada contra su autonomía, sino que incluso apoyaría su independencia.

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Nota.– La columna que hoy me publica El Mundo no ha aparecido ni aparecerá en los Apuntes del Natural. De modo que quien quiera leerla tendrá que hacerlo en  la sección correspondiente.

Hay un suceso de hace un par de días que no he visto que la Prensa haya comentado en lo que se merece: el palco real de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, quedó vacío el día de San Isidro. ¿Tal vez porque la familia real decidió no acudir al espectáculo taurino? No, puesto que el Rey estuvo sentado en una localidad preferente, junto con algunos amigotes, y la infanta señora de Marichalar y su señor marido –muy recuperado él, por lo que me cuentan– se alojaron en un palco postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.

¿Entonces? ¿Por qué no ocuparon los miembros de la familia real el lugar de privilegio que se les tiene reservado?

Hipótesis altamente plausible: para que no se notara demasiado que la que no estaba era la Reina.

Es bien sabido que doña Sofía de Grecia y Grecia –que son muchas Grecias, de nada– no simpatiza ni poco ni mucho con la tauromaquia, por más que la lidia de toros se cuente que procede de tierras vecinas a la suya de origen. Y, de acuerdo con ese sentimiento tan suyo, se niega a estar en la presidencia de los espectáculos taurinos. Razón por la cual, y para no dar demasiado el cante, los miembros de la familia a los que sí les va la marcha se sientan en otros asientos, en vez de ocupar los del tradicional palco regio.

Vista así, en principio, esa especie de objeción de conciencia de la Reina, a uno, que es contrario al ritual que aplican a los toros en las plazas de ídem –porque a uno lo de disfrutar viendo manar la sangre como que no le va–, el comportamiento de la Reina podría parecerle hasta bien.

Pero uno, que tiende a pensarse las cosas dos veces, se plantea a continuación dos preguntas elementales. 1ª) ¿Por qué a la Reina le repugna la tauromaquia pero no, por poner un ejemplo, la interminable Guerra del Golfo? ¿Le da grima la sangre de los toros pero no la de los soldados, o la de los civiles iraquíes, o palestinos, así sean niños? ¿Por qué no se niega también a acudir a los desfiles militares, o a las recepciones con sátrapas extranjeros, desde Bush al Mohamed marroquí o al sádico israelí de turno? Y 2ª) ¿De dónde se ha sacado la Reina que tiene derecho a adoptar decisiones basadas en opciones ideológicas personales, saltándose sus obligaciones de representación? Si está ahí no es para aplicar tesis de fabricación propia, sino para estar, y ya está.

A mí siempre me habían contado que esa señora es «una profesional». Pero parece que no; que tiene sus debilidades.

Pena que se las reserve en exclusiva a los toros.

No quiero ni imaginarme por qué.

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Por fortuna, la tauromaquia permite a veces contemplar espectáculos grandiosos, como éste:

Bush va a desplegar a 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera de los EUA con México (*) en funciones de vigilancia. Dicen que cada año tratan de atravesar ilegalmente esa frontera del orden de millón y medio de personas y que un tercio de ellas, más o menos, lo logra. Los gobernantes de Washington consideran que eso es inaceptable y que hay que frenarlo como sea.

El Gobierno español va a alquilar un satélite artificial para vigilar el ir y venir de barcos entre las costas del continente africano y las Islas Canarias (**). La llegada a las islas de más de un millar de aspirantes a inmigrantes durante el pasado fin de semana ha disparado las alarmas oficiales. O tal vez habría que decir que ha disparado las alarmas de los medios de comunicación, convenientemente jaleados por el PP, lo cual ha accionado los resortes del Gobierno. La idea que hay ahora es vigilar desde el cielo el tránsito de barcos, detectar los que transporten inmigrantes y controlarlos con patrulleras antes de que lleguen a la costa.

No sé qué grado de eficacia tendrán al final todas esas medidas, allá y aquí. Vigilar por tierra la enorme frontera que existe entre México y los EUA puede exigir un despliegue de soldados y policías mucho mayor que el previsto. Entran ganas de hacer el chiste y decir que lo mismo acaban contratando a decenas de miles de inmigrantes mexicanos para realizar esa ingrata tarea.

Tampoco parece sencillo taponar la comunicación entre África y Europa. Quizá logren frenar la vía canaria, como antes cerraron las puertas con Ceuta y Melilla, pero hay muchas otras posibilidades, que estoy seguro de que los negreros ya están explorando, si es que no utilizando. Esto viene a ser como una tubería de agua en mal estado: sueldas un escape y, al cabo de nada, la presión del agua provoca otro algo más allá. Y luego otro. Y otro.

La clave está en la presión.

Miradas las cosas con serenidad y buen sentido, está bastante claro lo que hay que hacer para bajar esa presión. No es ningún secreto; todo el mundo lo sabe. Es necesario propiciar el desarrollo económico y social de los países de origen de los inmigrantes, de modo que sus ciudadanos no se vean impelidos a huir de ellos. Pero eso plantea dos condiciones imperiosas. Una, que el Primer Mundo transfiera los fondos requeridos para ese esfuerzo. La otra, que propicie la instalación de regímenes políticos locales cuyos dirigentes no se dediquen a transferir esos fondos a cuentas secretas en Suiza. Y eso podrá ser todo lo razonable que sea, visto en abstracto, pero choca con la lógica concreta de los estados capitalistas, que se resisten como fieras a aflojar la bolsa –un poco de limosna está bien, para que no se diga, pero nada más– y que tampoco quieren renunciar a los muchos y muy lucrativos negocios que tienen montados con los corruptos gobernantes actuales del África.

Algunas voces sensatas advierten a los grandes de Occidente que, por resistirse a renunciar calculadamente a lo menor, pueden acabar poniendo en peligro lo mayor. Y tienen razón. Pero es muy difícil, si es que no imposible, que el sistema capitalista aprenda a hacer cálculos a medio y largo plazo, privándose de los beneficios que tiene al alcance de la mano. Es como en el cuento de la víbora y la rana: está en su naturaleza.

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(*)  Podría decirse «unos efectivos de 6.000 soldados», y sería correcto, pero no «6.000 efectivos», como están diciendo y escribiendo la práctica totalidad de los medios españoles de deformación de masas. Según el DRAE –que en esto, y sin que sirva de precedente, coincide con el buen juicio–, el término «efectivos», empleado en este sentido, sirve para designar a «la totalidad de las fuerzas militares o similares que se hallan bajo un solo mando o reciben una misión conjunta». A la totalidad; no a cada uno de sus miembros. Un soldado no es un efectivo.

(**) Y ya que estoy con cosas idiomáticas: el término «cayuco», ahora tan en boga, es tan erróneo como el de «patera», que hasta hace nada tenía el monopolio. Los cayucos, como las pateras, son embarcaciones muy pequeñas, de fondo plano y sin quilla. Nada que ver con las utilizadas para el transporte de inmigrantes por mar abierto.