Apuntes del Natural

Se está produciendo en las últimas semanas un interesante debate sobre cómo deben encarar los jueces y tribunales el tan mentado proceso de paz vasco. ¿Han de tenerlo en cuenta para no entorpecerlo, o incluso para favorecerlo? Quienes defienden esa opción argumentan que la justicia no puede impartirse sin considerar el entorno social en el que se produce y sobre el que puede repercutir en uno u otro sentido. Apuntan que, si la ley prevé que los jueces y magistrados evalúen a la hora de tomar determinadas decisiones la concurrencia de factores ambientales tales como la alarma social, no hay razón para que desdeñen la realidad de otros estados de ánimo generalizados, como podría ser el ansia colectiva de paz. Otros consideran, por el contrario, que el poder judicial está para aplicar y hacer cumplir las leyes en vigor, aplicándolas en su literalidad tanto cuanto sea posible, sin dejarse influir por consideraciones políticas cuya pertinencia o impertinencia no le corresponde a él dictaminar. Añaden que, si la representación política de la mayoría ciudadana considera negativos los efectos de unas u otras leyes, no tiene más que reformarlas, que para eso está el poder legislativo. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Fernando Grande Marlaska, no está ni con los unos ni con los otros. Él sigue su propio criterio, que le lleva a tomar resoluciones que –sean cuales sean sus intenciones– interfieren de hecho en los planes de paz defendidos por la mayoría política, cosa que él consigue recurriendo de manera sistemática, de entre todas las interpretaciones posibles de la ley, o de entre todas las actuaciones anteriores de la propia Audiencia Nacional que puedan tomarse como precedentes, las más conflictivas.   

Véase la orden que ha dado de detener a dos empresarios navarros que, al parecer, pagaron a ETA una cierta cantidad de dinero que la organización terrorista les exigió en 2001. Tanto la orden de arrestar a personas que no hay ninguna razón para imaginar que quieran eludir la acción de la justicia como la voluntad inicial de imputarles un delito de «allegamiento de fondos a una organización terrorista» pueden estar en sintonía con lo que hizo el juez Garzón en abril de 2004 con varios directivos de la empresa Azkoyen, pero choca con lo decidido en casos semejantes por los jueces Bueren y Andreu, que optaron por no actuar contra los extorsionados que pagaron, considerando que el razonable pánico que les produjo las amenazas de ETA, tantas veces cumplidas, les eximía de responsabilidad criminal, conforme a lo dispuesto en el art. 20 del Código Penal.

Menos grave por sus consecuencias, pero no menos ilustrativo del modus operandi de Grande-Marlaska, es el auto que dictó ayer prohibiendo una conferencia que iba a pronunciar Arnaldo Otegi en Barcelona dentro de un foro organizado por El Periódico. Otegi tenía previsto participar en ese foro en su calidad de miembro prominente de la izquierda abertzale, que no es ninguna organización, ni legal ni ilegal, sino una corriente social. Los organizadores hicieron constar que Otegi en ningún momento sugirió que se le presentara como dirigente de Batasuna. Grande-Marlaska obvió esos argumentos y procedió a prohibir la conferencia, desconsiderando lo argumentado por el fiscal, cuyo informe ni siquiera llegó a leer porque resolvió antes de recibirlo, pese a que estaba en sus manos apenas una hora después de haberlo solicitado. Está claro que a Marlaska se le podrá acusar de muchas cosas, pero no, desde luego, de excederse en sus afanes garantistas.

Se ve que el hombre tiene sus fijaciones. Lo cual carecería de especial trascendencia si no fuera porque el Estado ha puesto en sus manos un poder enorme. Un poder que no es genuinamente político, pero que puede tener más peso político –que está teniendo más peso político– que la mayoría de las actuaciones de los políticos no togados.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: El proceso de Marlaska.

Un lector muy enfadado conmigo – supongo que ya os figuraréis que no me faltan los lectores enfadados, escribiendo lo que escribo y publicándolo en El Mundo– me manda un correo electrónico en el que me reprocha no haberme pronunciado sobre el último comunicado de ETA. Da por hecho que no tengo tiempo de referirme a asuntos como ése, obsesionado como estoy por lograr el objetivo central de mi existencia, que es –cree él– la desaparición del PP.

No acostumbro a responder a ese tipo de mensajes. Para empezar porque suelen ser anónimos (los blogs permiten enviar correos electrónicos sin remite), en segundo lugar porque no tengo tiempo de atender la abundante mensajería que recibo a diario y, en fin, porque no veo que tenga ningún sentido polemizar con quien me pone a caldo por puro desahogo, sin aportar argumentos dignos de mención.

Según leí el correo al que me he referido, pensé: «Qué tontería. ¿De dónde se habrá sacado éste que deseo la destrucción del PP? Si hay una corriente social a la que ese partido representa, su presencia en la vida política no sólo está justificada; es necesaria». Hay gente que, quizá porque ella funciona así, se cree que los demás deseamos el exterminio de todo lo que nos disgusta. Y claro que no: qué mundo más aburrido resultaría de ello.

Estaba esta mañana dando de comer a los gatos –aquí, en mi retiro mediterráneo, tengo un buen puñado de gatos sin hogar que me rondan cuando vengo, a ver qué les pongo– y rumiando mis cosas, disfrutando de paso del fresco matinal del que amenaza con ser uno de los días más calurosos del año (*), cuando me he dado cuenta de que la respuesta que he consignado más arriba en relación a la existencia del PP tiene más trastienda de lo que parece.

Vamos a ver: ¿es el PP expresión de «una corriente social», como he escrito, o de varias? Quiero decir: la opción cerradamente derechista, filofascista, nacional-católica, intolerante y ultracentralista que viene haciendo suya de manera homogénea en lo que va de siglo la derecha española –hablo de la derecha confesa, no de la derecha vergonzante que ha encontrado cobijo en el PSOE, ni de la derecha que se expresa a través de algunos nacionalismos periféricos–, ¿representa adecuadamente el sentir del conjunto de la derecha española? ¿No hay más derecha española que ésa? La derecha a la que echa para atrás el derechismo a la Acebes, por así decirlo, ¿es meramente marginal, anecdótica?

Durante la última parte de sus tiempos de oposición a Felipe González y durante su primer tramo como partido gobernante, el PP se presentó como un partido de eso que llaman «centro», es decir: relativamente moderado tanto en el plano socio-económico como en materia «de fe y de costumbres» y dispuesto además a tener buenas relaciones con los partidos de orden de Cataluña y Euskadi. Esa línea –en lo esencial forzada por las exigencias de la matemática parlamentaria, ya lo sé– fue acogida con disgusto por una parte de la derecha, que veía esos postulados como concesiones a la blandenguería, pero con obvia satisfacción por otra, a la que se le notó que el distanciamiento de la herencia franquista la aliviaba no poco. ¿Ha desaparecido esa derecha civilizada o está en mero letargo, como las notas del arpa y el Lázaro de Bécquer, a la espera de la mano de nieve que sepa arrancarlas y de la voz que le diga «Levántate y anda»?

Un conocido mío, buen conocedor de la derecha española, me lo viene diciendo desde hace ya algunos años: «El PP no es un partido homogéneo. Hay sectores importantes entre sus votantes que se avergüenzan de la deriva ultra que han forzado el fanático Acebes y el oportunista Zaplana, y a la que Rajoy, que es un político sin carácter, se ha plegado. Si sigue así, bajo la tutela de un Aznar que ha vuelto a las viejas esencias, el PP está abocado a la escisión.» No digo yo que no, pero planteo dos objeciones. La primera: para que se produzca una escisión, tiene que haber líderes que la encabecen, y yo no veo a esos líderes centristas por ningún lado. La segunda: si el PP se escinde, sus posibilidades de victoria electoral se reducen drásticamente. Por muy centristas que sean los centristas del PP, no creo que haya demasiados que estén dispuestos a morir con todos los filisteos. O a matar a la gallina de los huevos de oro, que queda menos bíblico pero encaja mejor con las ambiciones que suelen primar en estos casos.

Me parece significativo que Manuel Pimentel haya optado por dedicarse a la literatura y a la representación de vinos con denominación de origen. Se ve que no le ve demasiado porvenir político a eso de la derecha civilizada.

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(*) Ya avisé de que durante el verano habría días en los que el Apunte del Natural correspondiente llegaría más tarde a la Red. Aunque aún no he comenzado las vacaciones propiamente dichas, he tenido que acercarme al Mediterráneo por cuestiones de infraestructura y he aprovechado para montarme un avance de lo que vendrá en julio. O sea, que me acosté pronto y me he levantado tarde.

Yo sigo con mis problemas de lógica.

Me planteo, por ejemplo, qué significado hay que dar a las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que las últimas detenciones –las referidas a la presunta red de cobro del mal llamado «impuesto revolucionario»– no tienen por qué alterar la voluntad de Rodríguez Zapatero de iniciar un diálogo con ETA encaminado a fijar las condiciones necesarias para su autodisolución. Dado que el presidente del Gobierno español afirmó que no abriría conversaciones con ETA hasta tener la certeza de que la organización armada ha suspendido realmente todas sus actividades, incluida la extorsión, el anuncio de que va a proponerlas en breve sólo puede querer decir que el grupo de personas detenidas por Grande Marlaska no se dedicaba en este momento al cobro del «impuesto revolucionario».

¿Lo hizo en tiempos? He oído diversas versiones sobre eso. Las hay que sostienen que sí, aunque no necesariamente todos ellos y no necesariamente del lado de los chantajistas: alguno pudo actuar en funciones de intermediación, a petición de la parte violentada. Pero eso, a los efectos, da igual, porque lo que importa es que, de tratarse de una red –cosa que yo no doy por segura, ni mucho menos–, constituiría, según se deduce de las palabras de Rubalcaba, una red inactiva. De lo que se desprendería que el juez ha actuado ahora, precisamente ahora, sin ninguna razón procesal concreta. Lo mismo podría haberlo hecho hace un mes que dejarlo para dentro de otros dos, o seis. Lo único que hay de nuevo en el panorama es la proximidad del anuncio de Zapatero sobre el inicio del diálogo, y no cabe ninguna duda de que la intervención del juez ha contribuido a dificultar ese anuncio. Ya, para empezar, ha aconsejado retrasarlo. (Lo que, de paso, pone en solfa la pretensión del ministro del Interior, que se dijo informado puntualmente de lo que tramaba Marlaska. De haberlo sabido con tiempo, el Gobierno no estaría ahora improvisando cómo adaptarse a sus efectos.)

En todo caso, que la redada de Marlaska no altere la voluntad dialogante del Gobierno no significa que todo siga igual. Porque el Gobierno no puede hablar en nombre de las dos partes que han de participar en el diálogo. ETA también tiene algo que decir.

Aquí se está partiendo –casi todos parecen estar partiendo– de una idea que es no sólo inexacta, sino también peligrosa. Me refiero al sobreentendido de que el alto al fuego permanente de ETA no puede verse alterado por nada, sea lo que sea. Que es definitivo e irreversible. De ser realmente así, el Gobierno podría incluso no tomarse el diálogo con mayor interés. Para qué: la propia ETA se habría encargado de asegurar el objetivo antes incluso de empezar a hablar.

No es así. Y, como el Gobierno tense demasiado la cuerda –o no haga nada concreto para evitar que otros la tensen–, podemos toparnos con sorpresas muy desagradables. No sé si Zapatero es consciente de ello, pero constato que al menos intuye que ese peligro existe. Lo evidenciaron los nervios que su círculo de confianza mostró ayer –no de cara al público, pero sí bajo capa– desde que supo que ETA había suscrito un nuevo comunicado hasta que pudo enterarse de su contenido concreto. Luego Rubalcaba se permitió ironizar sobre ello, fingiéndose de vuelta de todo, pero pocas horas antes no le llegaba la camisa al cuerpo. Y con razón, porque el cántaro está yendo demasiado a la fuente.

Dicen: «¿Y qué puede hacer el Estado de Derecho, sino seguir actuando conforme a las leyes que le son propias?». No es sino una pobre excusa para justificar que o no quieren o –más probablemente– no pueden evitar que los sectores más reaccionarios de la judicatura, que controlan palancas de poder realmente decisivas, se dediquen a zancadillear el proceso de paz.

Por supuesto que cabría actuar de otro modo. En todos los episodios de negociación de conflictos armados los enemigos se conceden determinadas prerrogativas de impunidad. ¿Violan algún principio sacrosanto quienes no apresan de inmediato a los enemigos que se acercan a parlamentar con una bandera blanca por delante? Hace unos días, el subcomandante Marcos explicó en un programa de TVE que él y los suyos pueden pasearse en estos momentos libremente por México porque el Gobierno les tiene concedido un estatuto especial, en tanto que negociadores. ¿Pisotea el Gobierno mexicano alguna exigencia irrenunciable del Estado de Derecho? Por supuesto que no. Es un hecho más que sabido que las circunstancias de excepción a veces deben ser afrontadas con criterios excepcionales. Si no, ¿cómo espera Zapatero dialogar con ETA? ¿Ordenando la detención y encarcelamiento de todo aquel que se presente a parlamentar en nombre de la organización terrorista?

No se crean que la paz es irreversible. Si queremos que alguien salga del lugar en el que se encuentra, debemos asegurarnos de que tiene una salida. De momento yo sólo veo gente empeñada en cerrar las que podrían abrirse.

Decía Pierre Desproges –un humorista. sí, pero mucho más que un humorista, como Groucho Marx, como Woody Allen– que no pasaba ni un minuto sin pensar en la muerte, salvo cuando dormía. Supongo que exageraba por los dos extremos: imagino que pasaría sus buenos ratos sin pensar en la muerte –dejándola llegar, simplemente– y que, por contra, tendría algunos sueños con la Parca de por medio.

En apariencia, carece de sentido darle vueltas al propio fallecimiento. Porque, mientras vivimos, nuestra muerte no se interfiere para nada en nuestra existencia y, una vez muertos, ya no estamos en condiciones de preocuparnos por ella (ni por nada). Pero el contrasentido es tan sólo formal, porque la conciencia de la muerte es esencial para sentirse vivo.

Comparto con Desproges el convencimiento de que nuestra vida es, en lo esencial, el recorrido que realiza la muerte hasta engullirnos por entero en su vacío. Comentaba él: «Nunca falta algún amigo que ve a mis hijos al cabo de dos o tres años y me dice: “¡Cómo han crecido!”. A lo que yo siempre contesto: “Sí, han envejecido bastante”». Típico de nuestro hombre. Y certero: cada día que transcurre es un paso más en la cuenta atrás.

Todo sería distinto si la muerte fuera un acto único, con apertura y cierre simultáneos. Pero no. Vamos muriendo poco a poco. No hago filosofía; constato hechos. Hay un trozo de muerte en cada pelo caído, en cada cana, en cada nuevo dolor, en cada muela cariada, en cada letra borrosa, en cada insomnio, en cada fatiga fácil, en cada impotencia inesperada, en cada temblor del pulso, en cada recuerdo perdido, en cada cariño muerto, sea por alejado o por enterrado... En cada una de esas pequeñas conquistas de la muerte –unas veces mayores, otras menores, siempre constantes– vamos asistiendo al penoso espectáculo de nuestra rendición final sin condiciones.

Desproges murió hace mucho, tratando de mantener el tipo riéndose de la muerte («Cabe reírse de todo, aunque no con todo el mundo», decía), y yo sigo disfrutando con sus bromas, sus impertinencias y sus pasadas de radical travieso.

Me he acordado de sus cosas porque el sábado me topé con una frase típicamente suya: «Una mujer sin un hombre es... como un pez sin bicicleta».  Me hizo reír, como siempre.

«¿Ves? ¡Su obra perdura! ¡Eso es lo que hace que siga vivo!», me comenta un amigo. Pero no tiene razón. Eso es lo que hace que algunos sigamos riendo con lo que dijo y con lo que escribió.

Nada más. Fuera de eso, está requetemuerto. Y bien que me fastidia.

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 P.D. Quizá alguien se pregunte a cuento de qué viene esta reflexión sobre Desproges y la muerte. Se debe a que hoy se cumplen exactamente 18 años y 62 días de su fallecimiento.

Era la ocasión: él también odiaba las tópicas conmemoraciones a fecha fija (5, 10, 25, 50, 100, etc.). Me he dicho: «Venga, Javier, no seas así. Dedícale un recuerdo antes de que te pase lo mismo que a él y se te haga tarde».

Llevo vistos un buen puñado de partidos del Campeonato Mundial de la FIFA. No sólo me he interesado por los choques importantes –tampoco ha habido tantos hasta ahora–, sino también, y  casi sobre todo, por aquellos en los que han intervenido selecciones «tercermundistas». Varias de ellas han ofrecido una imagen magnífica. Son equipos cuyos integrantes, amén de tener una buena preparación física, saben muy bien qué hacer con el balón en los pies. Les alienta un fuerte espíritu colectivo y algunos de ellos poseen, además, una muy notable técnica. Sin embargo, lo más probable es que sólo uno o dos (Ecuador y quizá algún otro) se ganen el derecho a disputar los octavos de final.

La razón de ello hay que buscarla, en primer lugar, en lo reñidos con el gol que se han mostrado casi todos esos equipos. Han jugado bien, han llegado muchas veces a la portería contraria, han tenido bastantes ocasiones de gol, pero han marcado muy pocos tantos. Y sin goles es muy difícil vencer. Pero, dando eso por sabido, casi todos los que hemos visto esos encuentros estamos de acuerdo en que, además, han tenido que apechugar con arbitrajes bochornosamente desfavorables a sus intereses. A quienes vieran ayer el encuentro Togo-Suiza no hace falta que les cuente nada: la defensa suiza incurrió en dos penaltis más que evidentes, uno de ellos cuando el marcador estaba en empate a cero, pero el árbitro prefirió mirar para otra parte.

Me telefoneó ayer mi buen amigo Gervasio Guzmán, que no tiene ni idea de fútbol –dice que sólo le interesa «como fenómeno sociológico», pero es mentira, porque no le presta la menor atención, ni como fenómeno sociológico ni como nada– y me preguntó si el maltrato que sufren esas selecciones nacionales, del que sólo sabe por mí, no será una muestra de racismo. Le digo que es obvio que en la relegación de esos equipos hay un trasfondo racista (todavía hay locutores que son capaces de llamar «negrito» a un pedazo de tío que mide 1,90 cm. de altura y pesa más de 100 kilos), pero las razones de fondo son económicas. La FIFA sabe que una selección europea, y no digamos nada si es de la Europa más desarrollada, arrastra a muchísimos más espectadores, sea por televisión o in situ, y que ese atractivo se vende muy caro y muy bien.

Antes he mencionado el encuentro Togo-Suiza. El estadio de Dortmund estaba de suizos hasta la bandera. Dad por hecho que los bares, restaurantes, tiendas de moda, etc., tuvieron que hacer muy buena caja. Lo mismo, pero en mucho más, es aplicable a las televisiones. La FIFA no es insensible, ni mucho menos, a los encantos del dinero. Al contrario, se rinde a ellos en cuanto le dejan. Además, la propia FIFA tiene su sede en Suiza. Está interesada en su buena relación con las autoridades del país.

De modo que los relegan y boicotean, pero no en principio porque sean negros, sino porque son pobres, y no interesan. El racismo se enreda con todo lo demás sobre la marcha.

Crece y crece mi admiración por el desparpajo argumental del que hacen constante gala Mariano Rajoy sus legionarios. La aportación que el presidente del PP hizo ayer al género del descaro político bien puede considerarse antológica. Según él, que «dos de cada tres» electores potenciales no hayan respaldado el nuevo Estatuto en el referéndum celebrado en Cataluña obliga a paralizar el proceso, porque no se puede seguir adelante con un consenso tan mínimo.

Respondo rápidamente.

En primer lugar, llamo la atención sobre el hecho de que el porcentaje de la ciudadanía catalana que respaldó la Constitución Europea en el referéndum de febrero de 2005 fue muy inferior al que ayer dio su apoyo al nuevo Estatuto de Autonomía. En esta ocasión ha votado afirmativamente el 73,9% de los que han acudido a las urnas, que han supuesto el 49,4% del censo electoral. En el referéndum sobre la Constitución Europea, en cambio, los votos afirmativos fueron depositados por el 64,84% de quienes emitieron su sufragio, cuyo total se quedó en el 40,6% del censo. O sea, menos proporción de gente sobre un total menor en número. En el conjunto de España la abstención rondó una cifra pareja a la catalana: el 58,23%. ¿Alguien oyó decir a Rajoy que una participación ciudadana tan baja invalidaba el proceso de respaldo a la Constitución Europea, que debería quedar en suspenso hasta que se alcanzara un mayor consenso social? Claro que no.

En segundo lugar, y por dar un carácter más general al modo rajoyniano de examinar los resultados electorales, me parece de interés recordar que José María Aznar alcanzó la Presidencia del Gobierno en 1996 con el respaldo de menos de 10 millones de votos, sobre un censo electoral de más de 32 millones y medio de personas. Expresado en porcentaje, eso quiere decir que obtuvo el apoyo de algo menos del 30% del electorado. Lo cual les pareció un éxito apoteósico.

Por su parte, el Estatut de Autonomía catalán ha sido aprobado por cerca del 38% del censo electoral de la comunidad autónoma.

Sería interesante que Mariano Rajoy –o el propio Josep Piqué, en su defecto– nos explicara por qué, a su juicio, el beneplácito del 30% de la población le pareció más que suficiente para que Aznar pudiera hablar y decidir en nombre del 100% durante cuatro años, pero, en cambio, entiende que el asentimiento del 38% es poco menos que filfa (*). De paso, podría aprovechar para contar por qué considera que el 62,4% son «dos de cada tres».

Entro en todas estas consideraciones nada más que para mostrar la lógica oportunista y acomodaticia que utiliza esa gente, no porque crea que el 38% vale para esto o lo otro, pero el 30% no, o lo que sea. Siempre he dicho que los votos no están hechos en lo esencial para ser interpretados, sino contados. Fuera de eso, las propias leyes establecen qué votaciones requieren un determinado quórum y cuáles no. Se supone que se piensa a la hora de establecer la norma qué participación mínima debe considerarse de rigor. No hace al caso inventarse mínimos sobrevenidos.

Pero eso es típico de los dirigentes del PP: cuando el resultado de una votación no les gusta, pueden rumiarlo hasta la saciedad. (La nuestra, por supuesto: ellos son insaciables.)

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(*) Dijo también Rajoy que éste es el Estatuto de Autonomía que menos respaldo popular ha suscitado. Miente, y él está obligado a saberlo. El referéndum de ratificación del Estatuto de Galicia, celebrado el 21 de diciembre de 1980, registró una participación del 28,2% del censo electoral (614.218 votantes sobre un censo electoral de 2.172.898 ciudadanos). Recogió el voto afirmativo del 20,7% de los votantes posibles (¡uno de cada cinco!).

Se escandaliza Mariano Rajoy de que la Fiscalía pueda hacer la vista gorda ante las actividades de Batasuna y clama: «¿Pero qué idea tiene esta gente de lo que son las leyes y las sentencias de los tribunales?». Rajoy respalda su indignación en la Ley de Partidos y en la sentencia que, apoyándose en ella, dictó el Tribunal Supremo para decidir que Batasuna es «parte del entramado de ETA» y catalogarla como terrorista.

Mariano Rajoy tiene razón. En efecto, la jurisprudencia existente le autoriza a hablar de «la organización terrorista ETA-Batasuna». Y nadie puede pretender con fundamento que esa jurisprudencia sea producto de un uso torticero de las normas legales en vigor. De hecho, es de dominio público que la Ley de Partidos se promulgó sin más finalidad que la de definir a Batasuna como terrorista y declararla fuera de la ley. Si es así –y así es–, aquella autoridad que tolere las actividades de Batasuna, sean éstas las que sean y maquille su decisión como tenga a bien, estará concediendo en la práctica un margen de acción al terrorismo.

¿Que es absurdo? Sí, completamente. Porque Batasuna no es una subdivisión de ningún grupo terrorista, sino una organización política que viene ciñendo desde hace años su actividad al terreno estrictamente político. Sus concomitancias con ETA son ideológicas; no orgánicas. Que algunos miembros de Batasuna han trabajado para ETA –y en ETA, llegado el caso– es de sobra sabido. Pero la organización como tal, colegiadamente, no ha participado nunca de la estructura de ETA, y ningún tribunal ha logrado jamás probar lo contrario. Todos han basado sus pronunciamientos condenatorios en lo beneficiosa que es para la causa de ETA la actividad de Batasuna, en lo mucho que sus estrategias se complementan –según ellos: yo no lo creo– y en la inexistencia de declaraciones de Batasuna que condenen la actividad de ETA. Se han amparado en la doctrina, fabricada en comandita entre Baltasar Garzón y Jaime Mayor Oreja, según la cual ETA no es una organización propiamente dicha, a la que se pertenece o no, sino un magma de fronteras difusas cuya principal seña de identidad no es la actividad terrorista, sino la defensa de un ideario, en virtud de lo cual incluso puede haber quienes sean miembros de ETA sin saberlo. Esa doctrina fue durante mucho tiempo rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reclamó a Garzón una y otra vez que se dejara de vainas especulativas y no acusara de pertenencia a ETA sino cuando contara con indicios racionales que vincularan materialmente a los detenidos con actividades terroristas concretas. El escollo fue superado tomando por la calle de enmedio: los tres miembros de la Sala de lo Penal fueron apartados de su responsabilidad y sustituidos por otros cuyo comportamiento ulterior ha resultado inobjetable (para Garzón, se entiende).

La teoría de ETA como magma, que convierte al llamado «entorno de ETA» en parte constitutiva de la propia ETA –lo que implica que cabe estar simultáneamente en el entorno de algo y dentro de ese algo, por extraño que parezca–,  no sólo ha sido asumida por el sustituto de Garzón, Grande-Marlaska, sino también por el poder legislativo (de ahí la Ley de Partidos) y por el judicial (ilegalización de Batasuna y macroprocesos como el 18/98). Les venía bien entonces y optaron por no pararse en barras.

El problema es que ahora hay uno de ellos –y no el menor, puesto que es quien tiene en sus manos el Gobierno central– al que ya no lo viene bien nada de todo aquello: ni el magma, ni el entorno, ni la Audiencia Nacional, ni la Ley de Partidos, ni la ilegalización de Batasuna.

Pero demos al César lo que es del César y al registrador de la propiedad la propiedad de lo registrado. Reconózcase que es Rajoy quien se mantiene fiel al engendro jurídico-penal que dieron a luz hace cuatro años.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Rajoy tiene razón.

En un acto de involuntario surrealismo –supongo–, Eduardo Zaplana expresó el pasado jueves su temor de que el PP, a la vista de las agresiones que algunos de sus dirigentes han venido sufriendo en Cataluña, no tenga más remedio que volver a la consigna, tan propia de los tiempos de la Transición, que reivindicaba «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía».

Zaplana ha demostrado con ello que tiene muy claros los bandos del presente, pero que los del pasado se le han desdibujado del todo. El actual PP, heredero de la Alianza Popular de los tiempos de la Transición, malamente podría volver a la consigna central de un movimiento social al que se opusieron de manera inequívoca sus antecesores más reputados, empezando por los propios Fraga y Martín Villa.

Cabría pensar que ese extraño intento de Zaplana de presentarse como administrador autorizado de las viejas consignas de la oposición antifranquista es un desliz, sin más, quizá no perdonable, pero sí comprensible en alguien que, como él, se autoimpone la obligación de hacer sin parar declaraciones supuestamente mordaces y sarcásticas. Pero no. El repaso de la actuación general del PP revela que lo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular no tiene nada de excepcional. A los del PP les ha entrado la sorprendente manía de servirse de consignas que fueron ideadas para fines no sólo muy distintos, sino a menudo directamente opuestos a los suyos.

Me llamó la atención en su momento la desenvoltura con la que decidieron servirse de la sentencia unamuniana «Venceréis, pero no convenceréis» para oponerse a la devolución de los importantes documentos robados por los franquistas tras la ocupación de Cataluña, que depositaron en los archivos de Salamanca. Es del dominio público que Unamuno, intermitente rector de la Universidad salmantina, fue apartado definitivamente del cargo por los jefes del Régimen del 18 de Julio, tras pronunciar un discurso en el que figuró esa dura condena del bando faccioso. Realmente hace falta mucha desenvoltura para atreverse a invocar las palabras de Unamuno en defensa de los expolios del franquismo.

Descaro similar, aunque en un plano distinto y de referencias más recientes, es el que han demostrado al enarbolar la consigna «No en mi nombre» para oponerse a los intentos de establecer vías de diálogo que conduzcan al fin de la violencia de ETA. Como es sabido, esa consigna alcanzó gran notoriedad porque sirvió de leit motiv a las movilizaciones pacifistas contra las aventuras bélicas de George W. Bush, primero en los EEUU, luego en el resto del mundo. Lo refleja Kris Kristofferson en su último disco, recién aparecido: «No en mi nombre, no sobre mi suelo: lo único que quiero es que acabe la guerra», dice. Que sea el PP, precisamente el PP, incondicional de Bush, el que se apropie de esa consigna, y que lo haga para boicotear una causa pacifista, es de una impudicia sin posible parangón.

¿Cuál es su problema? ¿Les deprime el nulo éxito que tienen sus propios eslóganes? ¿Envidian el éxito de los ajenos? No lo sé, pero por si acaso ya me estoy preparando para la siguiente. Irá sobre lo que sea, pero tengo clarísimo qué consigna usurparán. Sigo su lógica. Será –me apuesto cualquier cosa–, «¡No pasarán!»

 El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que la «moderación salarial» ha acabado por convertirse en «una seña de identidad» del sistema español de relaciones laborales. Lo cual le parece de perlas, porque contribuye a que no se disparen los precios. Y es verdad: quien tiene menos gasta menos, y si la demanda es débil, la oferta se ve inclinada a comportarse con más prudencia. Pero ésta, como muchas otras verdades, es relativa. Y no tiene nada de inocente.

Entendería mejor la posición de Caldera si la expresara un ministro de Hacienda de ésos que viven con la obsesión de la inflación. La veo bastante más problemática en boca de alguien que se supone que tiene el encargo de velar en el Gobierno por los intereses del trabajo y los asuntos sociales.

Tendría más sentido si, en virtud de la festejada «moderación salarial», el IPC español se comportara igual de moderadamente. Pero no. Los últimos datos proporcionados por la Administración ponen de manifiesto que la economía española es de las más inflacionistas de la Unión Europea. Por culpa de lo cual, la renuncia de los trabajadores a ganar más o su aceptación de incrementos salariales mínimos viene acarreando año tras año, en la práctica, un estancamiento o incluso un retroceso del nivel de vida medio de los asalariados.

La posición del Gobierno está más que definida: pone toda la carne en el asador para conseguir que no se pierda esa «seña de identidad» –objetivo permanente que le lleva a agasajar sin parar a los dirigentes de los dos sindicatos institucionalizados–, pero no hace nada concreto y práctico para lograr que los empresarios renuncien a incrementar sus beneficios por la vía de las constantes subidas de precios. A ellos se conforma con pedirles que sean buenos y se retengan, sin más. No le hacen ni caso, y a correr.

Una política económica que pretende embridar la inflación sin más freno efectivo que la contención salarial es una política abiertamente antisocial.

Es de chiste que Jesús Caldera se muestre tan alborozado porque España gana a casi todos los otros Estados europeos en materia de contención salarial. En este caso, como en tantos otros, saldríamos mucho mejor librados si funcionáramos como nuestros vecinos de por ahí arriba, que perciben incrementos salariales más sustanciales y –¿por milagro, tal vez?– soportan una inflación bastante más discreta.

Esto hay que ponerlo en relación con el hecho de que buena parte de las familias españolas se ha endeudado –y sigue endeudándose– por encima de sus posibilidades. Atraída por toda suerte de estímulos, que a veces son meramente coyunturales (por ejemplo, los tipos de interés variables) y otras directamente capciosos (v. gr., los créditos del tipo «pague poco hoy y deje lo principal para mañana»), mucha gente se compromete a gastar más de lo que ingresa. Eso puede acabar en muchos casos como el rosario de la aurora. O, para ser más exacto, con las entidades financieras convertidas en propietarias de miles y miles de pisos expropiados a sus dueños por impago de las hipotecas.

Es como si buena parte de los de arriba –Gobierno, patronal, banca– hubieran urdido una gran conspiración para preparar la ruina de los de abajo. Pero no hay conspiración. Se limitan a actuar como les pide el cuerpo.

Hace años –allá por 1998, calculo–, coincidí en las cercanías de las Salesas, punto neurálgico de la judicatura española asentada en Madrid, con un reputado jurista que me mostró sin tapujos su horror y su estupefacción por el endurecimiento radical que estaba experimentando la legislación antiterrorista española. «Son unos demagogos. Lo hacen para dar a entender que se toman muy en serio la lucha contra el terrorismo. Pero lo que están haciendo es disparatado», me dijo. Le pedí que explicara por qué sostenía ese criterio. «Elemental», me respondió. «Si por quemar un cajero automático durante un acto de kale borroka te caen 15 años de cárcel o más, y si por hacerte militante de ETA, meterte en un comando y cargarte a un tío a tiros te cae sólo un poco más, los chavales de la kale borroka van a empezar a pensar que están perdiendo el tiempo. La desproporción en el castigo es, en la práctica, un incentivo al terrorismo de alta intensidad», concluyó.

Recordé este razonamiento hace un par de días pensando en el tremendismo de las acusaciones que lanza el PP contra Rodríguez Zapatero, y me dije: «Si dice que va a hablar con ETA y que su gente de Euskadi se va a reunir con Batasuna y ya por eso sólo lo consideran un monstruo abominable, culpable de los peores crímenes de lesa patria, ¿no le están facilitando el avance en esa línea? Claro que sí. Puede ir tranquilamente más lejos y alcanzar los acuerdos en firme que considere oportunos, porque el PP no podrá acusarlo por ello de nada peor. Desde ese punto de vista, Acebes le está haciendo un gran servicio a Zapatero.»

Extraña conclusión, pero exacta.