Apuntes del Natural

La credulidad humana no tiene límites. El personal es capaz de dar por ciertas las cosas más inverosímiles, sin descartar las directamente imposibles.

En estos últimos días me he quedado perplejo al comprobar cuánta gente ha habido dispuesta a plantearse por qué Miranda de Ebro ocupa el número 2 mundial en el ranking de poblaciones consumidoras de cocaína. Han tomado como referencia un estudio, supuestamente procedente de las Naciones Unidas, según el cual en Miranda se consumen a diario 97 rayas de coca por cada 1.000 habitantes, frente a las 5 detectadas en Aranda de Duero.

Yo también oí hablar de ese estudio, pero me pareció tan chocante lo que pretendía que decidí ponerlo en cuarentena hasta averiguar quién y cómo se había hecho, o sea, hasta saber qué credibilidad cabía atribuirle.  

Siguiendo el rastro del asunto, me enteré de que la afirmación referida a Miranda es ajena a las Naciones Unidas. Thomas Pietschmann, encargado de la Oficina contra la Droga de la ONU (ONUDD) y responsable del Informe Mundial sobre Drogas 2007, la citó en una conferencia de prensa, de pasada y como mera curiosidad, poniendo mucho cuidado en subrayar que el dato no estaba extraído de su informe, sino de otro para cuya realización –eso decía la reseña– sólo se tuvieron en cuenta dos poblaciones españolas, amén de Madrid: Miranda de Ebro y Aranda de Duero. El propio Pietschmann, tras mencionar ese extremo, se creyó en la obligación de continuar su perorata diciendo: «Con independencia de la credibilidad de estos datos…». Vamos, que los puso en duda.

Sin embargo, han sido infinitos los comentarios que se han hecho sobre Miranda como número 2 mundial de la coca, etc.

Acabo de leer en un blog una apostilla fascinante. Tras aceptar el presunto dato como verdad revelada, afirma: «Es lógico. En las poblaciones pequeñas…» y se larga a continuación toda una larguísima teoría sobre el ocio pueblerino.

Lo de Miranda es sólo un ejemplo.

Los últimos días me han proporcionado varios más. Citaré dos, típicos de las muchas distorsiones de la verdad –cuando no directas mentiras–, que circulan sin parar por internet.

Distorsión de la verdad, y muy neta, es la que proporciona un correo electrónico que está siendo muy difundido, en el que se ve una foto de la selección de fútbol de Euskadi acompañada de un pie de foto disparatado e hiriente aparecido en el diario La Razón. Lo que no se dice es que el diario en cuestión sacó esa fotografía con ese pie, sí, pero en una sección de humor y como broma. Lo que hace que todo cambie bastante.

Otra historieta que me ha llegado por una docena de vías diferentes: un supuesto documento de la Guardia Civil que alerta sobre teléfonos-bomba que ETA estaría dejando por ahí para que la gente los coja y salte por los aires. Este documento, que es reincidente –ya circuló hace un par de años; ahora le han actualizado la fecha–, es disparatado. Primero y principal, porque si la Guardia Civil tuviera que alertar de algo de semejante gravedad, recurriría a los informativos de televisión. Pero tanto da: el bulo sigue circulando y goza de excelente salud.

Es de ley apuntar que la credulidad no es inocente. Muy a menudo, se gesta en el caldo de cultivo proporcionado por las ganas de creer.

Volvamos sobre los ejemplos anteriores. 1º) La avidez de noticias sensacionales ha facilitado que mucha gente se tomara en serio lo de Miranda de Ebro y la coca. Es gente que necesita noticias que llamen la atención y, cuando cree haber encontrado una, le abre paso hasta la cocina. 2º) El convencimiento de que el anti-vasquismo de La Razón no tiene límites –que sí los tiene: todo lo humano los tiene– lleva a muchos a creerse cualquier acusación de desvarío que se formule contra ese diario, sin tomarse el trabajo de comprobar su proximidad o alejamiento de la verdad. Y 3º) Hacen legión los ciudadanos españoles que están psicológicamente predispuestos a creerse cualquier cosa sobre la Guardia Civil y sobre ETA, juntos o por separado, por absurda que sea.

Internet proporciona un vehículo particularmente apto para la difusión de bulos. Todavía me acuerdo de la época en la que, día sí día también, todos recibíamos varios correos electrónicos en los que se nos alertaba sobre la existencia de un virus informático terrible que los anti-virus no eran capaces de detectar y frente al cual debíamos tomar toda una serie de medidas que se nos detallaban acto seguido. Conocí a decenas de gente que, haciendo caso de esos avisos alarmistas, borró ficheros imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema operativo de Windows. Luego tuvo que sudar tinta para devolverlos a su lugar de origen.

Habrá quien, a la vista de lo anterior, se preguntará: «Entonces, ¿qué? ¿Hay que desconfiar de todo?».

Mi respuesta es: sí.

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Aviso.– A partir de hoy y durante los meses de julio y agosto voy a entrar en mi particular «plan de verano», que sólo tiene una característica uniforme: mi lejanía de Madrid. Pasaré una parte importante de esos dos meses en mi campamento-base del Mediterráneo, pero también me tocará viajar a varios puntos distintos y distantes. Lo iré reflejando, supongo, en estos Apuntes.

Durante el mes de julio seguiré acudiendo a las tertulias de Pásalo, en la televisión vasca. El 31 de julio no hay programa y durante agosto me tomaré asueto, porque la comunicación aérea entre Alacant y Bilbao se pone imposible en esas fechas.

Durante julio y agosto mantendré mi participación en las tertulias matinales de Radio Euskadi, pero sólo las de los días de labor (suspendo por problemas técnicos las de los domingos en Más que palabras).

Para compensar esa ausencia, es posible que inicie una colaboración de fin de semana en otra radio, ésta de más amplio ámbito geográfico. De concretarse esa oferta que me han hecho, ya os tendré al tanto.

Seguiré publicando mis dos columnas semanales en El Mundo.

Estos Apuntes mantendrán también su cadencia habitual –diaria, en su caso–, pero con más flexibilidad de horario. Es fácil que algunos días no estén disponibles a primera hora de la mañana.

También aminoraré la atención que presto a la correspondencia electrónica.

Y eso es todo, por ahora.

El Gobierno de Pekín ha aprovechado la visita de Juan Carlos de Borbón para anunciar  su decisión de permitir que entre en China carne de cerdo procedente de España. Dejando a un lado los chistes fáciles –los hay que se hacen solos–, constato qué bien retrata ese hecho la expansión de los negocios que los gobernantes y los empresarios del Reino de España mantienen con los gobernantes y empresarios de la República Popular China. Es lo que ellos, muy dados a identificar a los pueblos con aquellos que controlan sus instituciones y su economía, llaman «las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países».

No tendría nada sustancial que objetar a esas «excelentes relaciones», en lo fundamental mercantiles, si fuera norma invariable del Estado español la aplicación del viejo principio de coexistencia pacífica entre estados de regímenes políticos diferentes. Cuando rige ese principio, los estados defienden el mantenimiento de relaciones civilizadas entre sí, con independencia de la mayor o menor simpatía que les susciten los sistemas político-sociales ajenos. Consideran que esas cuestiones forman parte de los asuntos que deben dirimirse en el interior de cada país, sin injerencias externas.

Pero no es ése el criterio que maneja el Estado español, el cual, a través de los sucesivos gobiernos que lo han representado en la arena internacional, se viene considerando desde hace años autorizado a repartir bendiciones y condenas urbi et orbi, pronunciándose sobre qué estados merecen ser tratados con respeto y a qué otros hay que atar en corto o incluso, si hace al caso, obligarlos a cambiar de régimen político, aunque su población no haya dado pruebas de desear nada por el estilo.

Hay casos muy chocantes, particularmente por los agravios comparativos que encierran. Así, el Gobierno español no sólo ha llegado a impartir instrucciones sobre lo que deberían hacer o dejar de hacer los cubanos para merecer su visto bueno, sino que incluso se ha pronunciado sobre decisiones legales adoptadas por instituciones foráneas legítima y democráticamente constituidas, caso de las venezolanas. Lo cual no le impide, en injusta correspondencia, abstenerse de condenar las violaciones de los derechos humanos, sistemáticas y brutales como pocas, en las que incurren las autoridades chinas, o las marroquíes, o las argelinas, por poner tres ejemplos de estados catalogados como amigos de primera. Es una diferencia de trato que le viene aconsejada, de manera tan obvia como impresentable, por la importancia capital que asigna a los negocios que realiza con los estados a los que ampara con su silencio.  

Por cierto: ¿habéis oído a alguien del PP declararse «abochornado» por la regia visita a China y por los contenidos hagiográficos de los discursos que por aquellos lares ha ido sembrando a gogó el monarca? Nadie del PP ha dicho ni pío. Al contrario: se han declarado encantados con el baboseo del Borbón. Ninguna queja porque no se haya entrevistado con la oposición perseguida, ni haya llamado al orden democrático a los herederos de Liu Shao-chi, aquel al que le daba igual que el gato fuera negro o fuera rojo, siempre que cazara ratones.

Todos están en realidad en esas mismas. Lo que les importa de verdad es el negocio. Y si en el lote negociado entra el precio del silencio, tanto mejor.

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Nota.– ¿Beijín o Pekín? Para quienes no conozcan las razones de una y otra grafía, les reproduzco la parte inicial de lo que dice al respecto la enciclopedia Wikipedia, que está francamente bien en este punto, como en tantos otros. Dice: «El nombre más frecuente en español es "Pekín", adaptación de la forma latina oficial antigua "Peking". Esta última forma correspondía al método de transcripción del sistema postal chino, y reflejaba la pronunciación arcaica de la sílaba jing. En la actualidad, la República Popular China utiliza exclusivamente la forma "Beijing", correspondiente al sistema de transcripción oficial hanyu pinyin, en sus publicaciones en español (nótese, sin embargo, que la transcripción pinyin no resulta intuitiva para los hispanohablantes, ya que la pronunciación correspondiente se asemeja más a "Peiching", o a "¿Pei? ¡Ching!" teniendo en cuenta los tonos). En el mundo hispanohablante, algunos medios de comunicación utilizan esta grafía, respetando los deseos de las autoridades chinas. Beijing significa literalmente "Capital del Norte", en contraste con Nanjing ("Capital del Sur").

Dos sindicalistas de Naval Gijón, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, están recluidos en la prisión asturiana de Villabona desde el pasado 16 de junio. Han sido encarcelados para que cumplan una pena de tres años de cárcel que les fue impuesta al ser considerados responsables de la rotura de una cámara de video, destrozo que se produjo en el transcurso de una manifestación obrera que tuvo lugar en marzo de 2005 en defensa de la continuidad del astillero, por entonces amenazado de desmantelamiento.

La muy severa sentencia condenatoria se basó únicamente en el testimonio de varios policías, que señalaron a Cándido y a Morala –así los llaman sus compañeros: al uno por el nombre de pila y al otro por su segundo apellido– como autores del hecho. El tribunal que los condenó se negó a tener en cuenta las imágenes de un vídeo grabado por la propia Policía en el que se percibe claramente que ninguno de los dos procesados estaba entre quienes lanzaron el petardo que impactó contra la cámara. Tampoco quiso considerar el hecho de que uno de los testigos de la acusación fue un policía que había estado infiltrado en los ambientes sindicales y de la izquierda de Gijón, en los que hizo cuanto pudo por incitar a la comisión de actos de vandalismo, protagonizándolos a veces él mismo (o sea, un agente provocador en toda regla, que acudió al juicio pretendiéndose mero espectador de incidente). En fin, rechazó las declaraciones de varios testigos de lo sucedido, entre ellos algunos periodistas, que insistían en que ninguno de los dos imputados se encontraba entre quienes lanzaron el petardo de marras. A lo que habría que añadir que ni siquiera está claro que fuera ese petardo el que dio el golpe de gracia a la videocámara, que fue reiteradamente pateada cuando cayó a tierra.

Resulta inicialmente sorprendente el empeño policial-judicial en endosar a Cándido y a Morala la responsabilidad de ese suceso, cuando todo el mundo sabe que fueron cientos los trabajadores de Naval Gijón los que, indignados por los planes de cierre que se cernían sobre su empresa, participaron en aquellas muy crispadas manifestaciones. Hubo violencia, por supuesto, pero colectiva, y no mayor que la vivida en otros núcleos industriales víctimas de la mal llamada  «reindustrialización», sin que nadie haya ido a la cárcel por ello.

En el caso de Cándido y Morala hay un par de circunstancias agravantes.

La primera tiene forma de sospecha, y nada peregrina: la Naval Gijón es parte de un terreno industrial de 300.000 metros cuadrados situados en una zona costera que podría convertirse en suelo muy valioso para el gremio del ladrillo turístico. Es imposible prescindir de esa realidad a la hora de evaluar los intentos de criminalizar la lucha obrera en pro de la supervivencia de ese núcleo fabril.

La segunda apela a la militancia política de algunos de los acusadores. Porque conviene recordar que el Ayuntamiento de Gijón, que fue parte en la acusación contra Cándido y Morala y que les reclama el pago de la cámara rota (que han valorado en 6.000 euros, ahí es nada), está gobernado en coalición por el PSOE e Izquierda Unida.

Dicen que Fernando León de Aranoa se inspiró en Cándido y en Morala para dar cuerpo a los dos principales protagonistas de Los lunes al sol. Él ha trazado recientemente el paralelismo, saliendo en defensa de los dos sindicalistas de Gijón. Pero recuerda que a Santa, el personaje de su película, lo quieren condenar a una pena casi simbólica por haber roto una farola. En este caso, la pena no tiene nada de simbólica y, además, ellos no rompieron el artilugio espía. Una vez más, la realidad se empeña en superar a la ficción.

Pienso en más de uno y más de dos de los que habrán contribuido a este desastre. Los imagino bien achispados, en alguna velada de ésas en las que el whisky fluye generoso por los gaznates, contando  por enésima vez lo muy revolucionarios que fueron en su juventud, cuando formaban parte de aquel estudiantado del 68 que lanzaba cócteles molotov contra la Policía –no petardines contra artilugios– y gritaban que la solución es (era, quiero decir) la revolución. No me cuesta nada imaginarlos algo después, con la lágrima fácil, cogidos del hombro de algún colega, subsecretario o jefe de negociado, cantando con mucha solemnidad «Santa Bárbara bendita» .

Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: Los lunes a la sombra.

Supuse que podía ocurrir y acerté: mi apunte del domingo sobre la «ambivalencia made in USA» ha suscitado su tanto de polémica en la parroquia de este rincón de la Red. Algunos lectores me han escrito para decir que el hecho de que la Administración estadounidense reconozca –de manera parcial, edulcorada y a décadas de distancia– que sus antecesores cometieron determinados actos criminales a lo largo y ancho del mundo no tiene nada de positivo; que es, por el contrario, una prueba más de su carácter cínico y prepotente, si es que no una maniobra para ocultar que siguen haciendo tres cuartos de lo mismo.

Ya señalé en mi apunte que ese tipo de consideraciones también deben ser tenidas en cuenta. Pero soy del criterio de que no ayuda a comprender la complejidad de la sociedad estadounidense menospreciar el peso que allí tienen determinados derechos y garantías civiles enraizados en su tradición cívica. Aunque no sea difícil toparse con funcionarios que los niegan en la práctica –sobre todo si quienes los invocan no encajan en el retrato-robot del ciudadano ejemplar, blanco, anglosajón y protestante–, es un hecho constatable que esos derechos y garantías existen y están presentes en la vida corriente de la ciudadanía corriente.

Por ejemplo, no tiene nada de exótico que un ciudadano norteamericano reclame de tal o cual organismo oficial que le muestre toda la información que guarda sobre él. Y los organismos en cuestión saben que están obligados a atender su demanda. Existe igualmente el derecho a consultar toda suerte de archivos oficiales, sin verse obligado a superar infinitos obstáculos como los que uno se topa aquí impepinablemente en esas circunstancias. Hasta hace apenas unos años, los habitantes de los países de cultura anglosajona no tenían obligación de identificarse ante las autoridades mostrando documentos de identidad oficiales: decían quiénes eran y, si alguien pensaba que mentían, debía probarlo. Ahora, con todos los cambios legales que se han introducido en nombre de la lucha contra el terrorismo, muchos de esos derechos y garantías tienen una existencia lánguida, cuando no moribunda, pero su peso cultural sigue siendo notable.

Por lo que yo he entendido de las explicaciones que me han dado algunos buenos amigos estadounidenses, nada sospechosos de simpatizar con quienes se sitúan en la cumbre del poder en su país, la Freedom of Information Act, que determina la desclasificación de los documentos secretos pasados 25 años de su elaboración, sintoniza con el espíritu del conjunto de normas estadounidenses tradicionalmente destinadas a hacer menos opaca e inaccesible la actuación de la Administración del Estado. Esas normas no son resultado de ninguna malévola maniobra pergeñada por los gobernantes de Washington para tomar el pelo a la opinión pública local e internacional; son un elemento positivo, resultado de la presión de los sectores progresistas de la sociedad norteamericana, que existen y, en algunas ocasiones, incluso se hacen notar.

Precisamente porque es así, los gobernantes más reaccionarios de EEUU, que son los que controlan allí el poder central desde hace muchos años, se esfuerzan muy mucho por neutralizar los efectos corrosivos de la desclasificación de determinados secretos oficiales. Ése es precisamente el tira y afloja al que me referí al mentar la «ambivalencia made in USA». Porque, si bien tiene efectos devastadores la terrible la censura a la que son sometidos esos documentos en nombre de la Seguridad Nacional, no es por ello menos cierto lo que constatan muchos estudiosos de la política imperialista de Washington: que, pese a la censura, toda esa documentación desclasificada está permitiendo arrojar una luz decisiva sobre hechos históricos tales como el fracasado desembarco anticastrista en Bahía de Cochinos, la represión en México tras la matanza de Tlatelolco, los golpes de Estado y la instauración de sangrientas dictaduras militares en Chile y Argentina, las maniobras intervencionistas de Washington en Nicaragua… y un larguísimo etcétera que abarca, cómo no, a todos los países que se hallan en la gran franja que va del Tibet al Mediterráneo.

Esas revelaciones no sólo han dañado la imagen de quienes habitaban la Casa Blanca cuando tuvieron lugar aquellos desafueros, sino también la de quienes la ocupan ahora, en la medida en que todo el mundo da por hecho –y ellos lo saben– que sus artes no son más limpias y consideradas que las empleadas por sus predecesores.

He visto en Internet que el parlamento de Venezuela está debatiendo (lo estaba hace unos meses; quizá la hayan aprobado ya) una Ley sobre clasificación y desclasificación de secretos oficiales en cuyo prólogo se toma como referencia positiva la Freedom of Information Act estadounidense. No sé del asunto sino lo que he leído en la Red, pero tiendo a pensar que si las actuales autoridades venezolanas no ven mal esa norma, no será porque les guste echar flores a la gran potencia del Norte.

Haré dos comentarios, ambos breves, a la noticia que manda en las portadas de los periódicos y los informativos audiovisuales de hoy. Me refiero a la acción de guerra en la que han perdido la vida seis integrantes del contingente del Ejército español que el Gobierno de Madrid envió a Líbano.

En primer lugar, me cumple manifestar de nuevo mi desacuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la fijación de determinadas relaciones de fuerza en algunos escenarios convulsos del Tercer Mundo.

Si los ejércitos occidentales intervinieran siempre, por principio, bajo mandato de las Naciones Unidas, para separar a los contendientes de cualquier conflicto bélico, mi posición sería otra. Si, por ejemplo, vinieran actuando sistemáticamente para frenar las reiteradas operaciones de expansión del Estado de Israel, en defensa de la integridad territorial de las naciones agredidas y del derecho a vivir en paz de sus poblaciones. Pero no. Sólo actúan allí donde a las potencias occidentales les interesa consolidar un determinado statu quo.

La apelación a «razones humanitarias» es cualquier cosa menos convincente. Si las razones de verdadero fondo que explican esas labores de supuesta interposición fueran realmente humanitarias, altruistas, se actuaría para cortar de raíz con todas las guerras, empezando por las que desangran sin parar el continente africano, en donde la llamada «comunidad internacional» mete las narices poco y con desgana, salvo cuando se trata de vender armas a los contendientes para que se maten todo lo que quieran y puedan.

Cuando las guerras estallan por la existencia de relaciones de opresión y de injusticia flagrante, una intervención militar que se desentienda de la necesidad de rectificar las realidades de fondo nunca podrá tenerse por verdaderamente humanitaria. En esa misma línea –en la de empezar por llamar a cada cosa por su nombre–, no creo que tenga sentido decir que los seis soldados del Ejército español han sido víctimas de un acto terrorista. En una guerra sí pueden producirse actos terroristas, pero no cabe calificar de tales aquellos que se dirigen contra la fuerza militar enemiga. Los soldados españoles podrían ser muchas cosas, pero no, desde luego, población civil.

El otro aspecto de la noticia en el que resulta inevitable reparar es la nacionalidad de los fallecidos. Tres de ellos eran no «de origen colombiano», como dice el editorial de hoy de El País –todo él un modelo de burocratismo mental y de galbana ideológica–, sino de nacionalidad colombiana. Colombianos, a todos los efectos. Algo que conviene no pasar por alto, porque revela que una parte del humanitarismo que distribuyen las Fuerzas Armadas españolas se alquila en el mercado internacional, como lo hacía antes en exclusiva la Legión Extranjera, lo cual restituye al término «soldado» su primitivo significado, que aludía al sueldo cobrado por combatir.

Siempre se habla en tono crítico del origen de la mayoría de los soldados estadounidenses a los que el Gobierno de Washington envía a luchar por esos mundos de Dios: casi todos hispanos y afroamericanos.

Pero norteamericanos. Tal vez de segunda, pero norteamericanos.

Lo del Ejército español no parece mejor. Aunque, claro, algo tienen que hacer, cuando el número de españoles dispuestos a alistarse no permite alcanzar los mínimos que se empeñan en cubrir.

La próxima semana verá la luz pública un amplio documento oficial en el que se reconocen numerosas actividades delictivas protagonizadas por la CIA y otros organismos de la Administración de EEUU entre 1953 y 1973. Entre ellas figuran numerosas acciones criminales llevadas a cabo más allá de sus fronteras, incluidos varios intentos de magnicidio y unos cuantos golpes de Estado, algunos verificados con éxito. El informe admite asimismo que las persecuciones ilegales, las labores de espionaje realizadas sin respaldo judicial y las violaciones arbitrarias de la confidencialidad de las comunicaciones fueron prácticas habituales de los servicios secretos estadounidenses a lo largo de esas dos décadas.  

La noticia me sugiere dos comentarios de apariencia contradictoria.

El primero, y muy obvio, se refiere a la demostrada capacidad de los sucesivos gobiernos de Washington, sedicentes campeones de la democracia y la libertad, para saltarse a la torera cualquier restricción legal con tal de imponer soluciones acordes con sus intereses. Desde matanzas en masa a asesinatos selectivos, desde el patrocinio de dictaduras al adiestramiento de policías torturadores y la organización de escuadrones de la muerte, desde actos de terrorismo atribuidos a terceros a la compra sistemática de oligarquías venales… La fuerza bruta norteamericana, uniformada o vestida de civil, ha venido actuando en constante aplicación del manido principio jesuítico que pretende que el fin justifica los medios, lo que en su caso resulta doblemente inaceptable, porque no sólo sus medios son repulsivos: también lo son sus objetivos de dominación mundial.

Pero, si lo anterior es cierto, no lo es menos –y aquí viene la aparente contradicción a la que me refería más arriba– que el sistema norteamericano, a diferencia de los que conocemos en otras latitudes, prevé el acceso público a los secretos oficiales una vez que tales secretos dejan de ser directamente operativos. Los historiadores y los estudiosos tienen acceso a numerosos documentos que fueron clasificados como secretos en el momento de su elaboración y que resultan de un interés extraordinario, no sólo por la luz que arrojan sobre el pasado, sino también por lo que ilustran sobre hábitos de trabajo que, según todas las trazas, se mantienen en el presente.

No hace falta decir, supongo, que no todos esos documentos, por lo general acumulados en los National Archives of the U.S., acaban conociéndose. Unos se mantienen en total reserva, mientras otros afloran tras haber sido expurgados a conciencia, en nombre de la Seguridad Nacional. Pero, con todo y con eso, la parte desclasificada aporta una información valiosísima, sin parangón en otros países (*).Tan es así que hay episodios de la Historia mediata de España, incluidos aspectos clave de la Transición, sobre los que hoy en día sabemos más gracias a los documentos desclasificados del Pentágono que por las fuentes que nos son accesibles en el propio escenario de los acontecimientos. Gracias a esos papeles despojados hace ya algunos años de su carácter secreto, se ha podido probar, por ejemplo, la decisiva intervención de las principales potencias occidentales en la neutralización de los proyectos de ruptura democrática con el franquismo, que se llevaron a cabo potenciando y financiando generosamente a los elementos más proclives a la reforma, incluyendo al PSOE reinventado en Suresnes. (**)

Esta ambivalencia del sistema político norteamericano, capaz de hacer lo peor y, acto seguido, de reconocerlo al menos en parte, ilustra no poco sobre la complejidad de una sociedad con la que la nuestra tiene unas relaciones sentimentales patológicas: pretende que la desprecia, pero no deja de mirar hacia ella y de imitarla. Para lo malo, mayormente.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Ambivalencia «made in USA».

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(*)  Recordemos que en la España de hoy sigue siendo tarea ímproba, cuando no imposible, la consulta de documentos y registros oficiales elaborados hace más de 60 años, como muy bien explican quienes se dedican en la actualidad a la recuperación de la llamada «memoria histórica».

(**) Es de rigor reconocer la importante labor divulgativa realizada a este respecto por Joan E. Garcés, prestigioso profesor, abogado y analista de política internacional, recogida en su más que interesante obra Soberanos e intervenidos (Ed. Siglo XXI de España, Madrid, 1996).

Cuantos más días van pasando y con cuanta más gente de mi entorno hablo sobre el asunto, más evidente me parece que lo que el PSOE está a punto de perpetrar –de acabar de perpetrar, mejor dicho– en Navarra y Álava es un error como las copas de diez pinos. No un error para Navarra y para Álava, que también, sino un dislate a escala general, de Port Bou a Maspalomas y de Fisterra a Mahó.

Hace algunas semanas, recién recogidas las urnas del 27-M, María Teresa Fernández de la Vega admitió que uno de los principales problemas con los que se encontró el PSOE en esas elecciones fue la desmotivación de una parte del electorado que se movilizó para darle el triunfo en 2004. Una amplia franja constituida en buena medida por electores inconformistas, propensos al escepticismo crítico, la mayoría de los cuales el 27-M optó por la abstención (o incluso, según he podido constatar, por el voto en blanco). La vicepresidenta acertó igualmente al marcar la tarea que debía emprender urgentemente el PSOE para afrontar con posibilidades de éxito las elecciones legislativas del año que viene: arreglárselas para convencer a esa parte del electorado de que Rodríguez Zapatero es capaz de aplicar una política de izquierdas, uno de cuyos objetivos –no el único, ni mucho menos, pero sí uno, e importante– es poner freno al avance de la derecha aznarista y a sus ansias de venganza redentora.

De cara al cumplimiento de ese objetivo, nada más contraproducente que el cenagal de pasteleos con la derecha en el que se ha metido en Navarra y en Álava. Lo de menos son las reticencias que la dirección central socialista pueda tener con respecto a los nacionalistas vascos, a EB-IU y a Nafarroa Bai (que tampoco puede ser calificada de «nacionalista vasca», como hace la prensa madrileña, porque incluye al menos una fuerza que no lo es). No se trata tanto de con quién debe aliarse, sino, muy marcadamente, de con quién no debería aliarse bajo ningún concepto. Llegar a acuerdos abiertos o subrepticios con el PP y UPN es el modo más deprimente y corrosivo de inducir al personal más reticente y crítico a la conclusión de que los politicastros del PSOE son primos hermanos de los del PP, o sea, muy «constitucionalistas», que es el sinónimo que se han buscado para no llamar al inmovilismo y al españolismo rancio por sus nombres.

¿Qué tiene de particular la realidad política de Cataluña, donde los socialistas no tuvieron inconveniente en aliarse con la nada constitucionalista ERC, haciendo allí lo que tanto les echa para atrás en Navarra o en Álava? Es obvio: lo especial que tiene Cataluña es que allí el PSC hizo oídos sordos a las insistentes recomendaciones que les hacían los Blanco y demás socialistas de opereta con sede en Ferraz y marcaron su propia política de alianzas, cosa que los López y Puras no se han atrevido a hacer en tierras vasco-navarras.

¿Es posible que no se den cuenta de que, para evitar ciertas críticas de la derecha –que de todos modos se las va a hacer igual–, están arruinando sus posibilidades de recuperar el respaldo electoral de quienes recalan en la abstención porque «total, para qué les vas a dar el voto, si lo luego lo utilizan para ir de la mano de la derecha más cavernícola»?

Pues sí, es posible.

Cuanto menos pinta el ciudadano de base en la adopción de las decisiones que marcan su problemático deambular por este valle de lágrimas, más se le invita a que vote. Hoy, si uno quiere, puede pasarse el día votando. De mil maneras.

Los medios de comunicación permiten saciar las ansias votantes de cualquiera, por grandes que sean. He contabilizado hoy en un solo diario digital la friolera de 30 encuestas simultáneas, algunas sobre asuntos realmente singulares, que van desde «¿Qué tipo de medicamento compras?» hasta «¿Qué escudería logrará más victorias en este Mundial?», pasando por «¿Crees que es positiva la reforma constitucional en Ecuador?»  

Por supuesto que da lo mismo lo que voten quienes voten. Incluso en el dudoso caso de que alguien pretendiera dar alguna utilidad a los resultados de ese género de encuestas, tropezaría con el obstáculo insalvable que supone la imposible evaluación de la representatividad de los votantes.

Estamos ahora en el momento de mayor apogeo de una de esas consultas absurdas: la que trata de determinar, computando SMS y correos electrónicos, qué monumentos merecen ser considerados las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. La Unesco se ha visto obligada a desmarcarse de la iniciativa en cuestión, que no tiene ni pies ni cabeza, pero muchos –incluidos algunos de nuestros medios de comunicación de titularidad pública– se la han tomado de lo más a pecho. Se les ve emocionados, sintiéndose partícipes de una decisión histórica.

La posibilidad de votar y votar sin parar, en prensa, radio y televisión, cumple en la actualidad funciones de placebo social. A semejanza de esos productos carentes de potencialidades terapéuticas que los médicos recetan a ciertos enfermos con la esperanza de que su propia sugestión les haga sentirse mejor, la constante incitación al voto contribuye a que los ciudadanos mitiguen la irritante y muy fundada sensación de que todo lo que realmente condiciona sus vidas y haciendas se decide a sus espaldas, lejos de su vista.

Una vez más, la cantidad sustituye a la calidad.

La superabundancia de estímulos tiende a embotar la sensibilidad. Los ciudadanos se ven animados día tras día a responder a preguntas que desbordan el ámbito de sus conocimientos, o que les incitan a expresar meras conjeturas, o que les plantean disyuntivas que en realidad no lo son. Se les empuja a un constante ejercicio de frivolidad, y muchos se niegan a entrar en esa dinámica, pero otros muchos no, y se habitúan a ella. De modo que, cuando les toca decidir cada cuatro años quién ha de gobernarlos, se dejan llevar, sin darse ni cuenta, por la simpatía, la labia o incluso el atuendo de los candidatos. Ni se les ocurre echar siquiera un vistazo a sus programas electorales.

Lo cual, de todos modos, tampoco es tan aberrante, habida cuenta de que la mayoría de quienes aspiran a gobernar da a esos papeles la misma importancia que sus votantes.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Del voto como placebo.

«¡Vota para que la Alhambra sea declarada una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo! ¡Lo merece!», repite machaconamente Radio Nacional de España, hora tras hora. ¿Y por qué han de ser siete, en concreto? ¿Y quién ha decidido qué es y qué no es una maravilla? ¿Y por qué habría yo de participar en la fase final de una elección que se me presenta ya con una lista de finalistas cerrada y que no sé qué pretende realmente? ¿Y con qué criterio me sería dado decidir si es más maravilla la Alhambra que la pirámide de Chichén Itzá, por citar dos de candidatas que conozco, si la una y la otra pertenecen a géneros imposibles de homologar? (*)  Todavía más descabellado resulta que pidan al personal que elija entre diversas obras excelsas de la Humanidad con independencia de que las haya contemplado personalmente o sólo haya visto de ellas un par de postales. El caso del reclamo de RNE es aún más chirriante: anima a votar a favor de la Alhambra, pero no dice ni palabra de las otras candidatas, lo que obliga a concluir que se trata de una apelación lisa y llanamente nacionalista. Hay que respaldar la candidatura de la Alhambra porque es española, y no hay más que hablar.

Yo no soy persona muy viajada, ni mucho menos –en realidad no me gusta viajar–, pero puedo asegurar que, por ejemplo, el templo Borobudur (o Barabudur), en el centro de la isla de Java, en Indonesia, es mil veces más interesante que la Torre Eiffel, o que la Estatua de la Libertad, las dos sin embargo seleccionadas como candidatas a esto de las Siete Nuevas Maravillas. A cualquiera de las dos les das un breve repaso y ya has visto todo lo que tenías que ver (sobre todo porque ya lo habías visto en varios cientos de películas). En el templo budista mahayana Borobudur, construido hacia el año 800, estuve bastantes horas, recorriendo sus largas galerías y admirando sus infinitos bajorrelieves, ascendiendo luego a sus terrazas circulares concéntricas llenas de stupa calados, todos con su pequeño Buda dentro, y llegando al gran stupa terminal, impresionante. Me fui lamentando no haber visto todo aquello con más calma. Es una construcción fascinante, asombrosa.

Huelga decir que los genios de las Nuevas Maravillas no lo han seleccionado.

He citado ese templo porque lo visité y me consta que es portentoso, pero doy por hecho que habrá muchas más obras humanas fantásticas, que no tiene sentido comparar con otras también fantásticas porque son todas ellas incomparables.

Llevaba ya varios días mosca con la maldita publicidad de «vota a la Alhambra» entre ceja y ceja, preparándome para ponerla a caer de un burro, cuando ayer me llegó un comunicado de la Unesco en el que se desmarca de esta campaña emprendida «a título privado» –lo recalca– por Bernard Weber, un señor suizo con mucho sentido del marketing y no demasiados escrúpulos.

La Unesco pone el acento en la escasa trascendencia práctica que tiene que se otorgue el título de Maravilla de la Humanidad a una determinada construcción si ese premio no lleva aparejadas ciertas garantías en materia de conservación y vigilancia. Cuando la Unesco declara que tal o cual obra es «patrimonio de la Humanidad», a todos nos consta que, a partir de ese momento, hará lo necesario para que esté bajo control y sea debidamente cuidada. El concurso de Weber, sin embargo, no incluye ningún compromiso en firme de cara al futuro. Él reparte los siete premios y a correr.

Subraya también la Unesco la falta de fiabilidad del resultado de una votación como ésa. Por no hablar ya de su nulo valor como evaluación técnica y artística. Quienes hayan atendido la petición de Weber y hayan enviado su voto por internet o por móvil se quedarán con la idea de que han participado en algo importante, cuando lo cierto es que lo habrán hecho tan sólo en un paripé construido a base de meras apariencias y mucho repicar de campanas mediáticas.

Lo que me intriga más es la razón por la que RNE está dedicando tanto esfuerzo publicitario a esta campaña privada. ¿Es puro papanatismo patriotero o hay algo más, del estilo del entusiasmo que muestra la dirección de RTVE por la promoción de las carreras de motocicletas? A saber.

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 (*) En muchos sentidos: mientras que con las aguas y las corrientes de aire de la Alhambra me refresqué una mañana de tórrido verano hace lo menos un cuarto de siglo, subiendo hace dos años los infinitos escalones de Chichén Itzá sudé hasta empaparme de pies a cabeza y quedar definitivamente derrengado.

 El alto mando del PP ha cogido la costumbre de referirse a los integrantes de Nafarroa Bai (NaBai) sirviéndose de una curiosa perífrasis: «Los que quieren que Navarra deje de ser Navarra». Es un lugar común que retrata con notable exactitud la pasmosa falta de rigor con que los dirigentes del PP se desenvuelven en la confrontación política.

 Defender, como hace NaBai, que sería bueno para Navarra asociarse a una entidad política más amplia, en la que se hermanara con los tres territorios que conforman la actual Comunidad Autónoma Vasca (CAV), no quiere decir que pretenda que Navarra «deje de ser Navarra». ¿Por qué habría de pretender tal cosa? Navarra forma parte de España y sigue siendo Navarra. Del mismo modo que España pertenece a la Unión Europea sin dejar por ello de ser España.

Identificar la personalidad de Navarra con el régimen jurídico-político al que se atiene en estos momentos supone reducirla a una simple contingencia, desproveyéndola de sus hondas raíces históricas. ¿Navarra es y será Navarra sólo en la medida en que mantenga su estatus político-administrativo presente? Si así fuera, habríamos de deducir que Navarra no fue Navarra hasta agosto de 1982, cuando se aprobó la vigente Ley de Amejoramiento. Lo cual es tan absurdo como vaticinar que dejaría de ser Navarra si alcanzara acuerdos de administración política con otros territorios que participan de su misma tradición foral, como son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

A lo cual hay que añadir dos circunstancias que merecen reseña aparte.

La primera es que NaBai se ha comprometido por activa y por pasiva a no plantear ningún posible cambio en el estatuto jurídico de la Comunidad Foral a lo largo de la legislatura que ahora empieza.

La segunda es que NaBai –lo mismo, a estos efectos, que el PNV, EA, EB-IU, Batzarre… y hasta ANV– defiende que para llevar a la práctica cualquier cambio de ese género, si se planteara en el futuro, habría que recabar el respaldo de la mayoría del pueblo de Navarra, que debería otorgarlo (o negarlo) en un referéndum convocado al efecto. Lo cual excluye por principio cualquier iniciativa de género impositivo.

No es ocioso recordar al respecto que las imposiciones, en un caso como éste, pueden ser de dos tipos, y no sólo del que tanto preocupa al PP. También constituiría una imposición inaceptable que una autoridad, fuera del tipo que fuere, pretendiera vedar a los navarros la posibilidad de avanzar por la vía de su progresiva coordinación cultural, económica y político-administrativa con los territorios de la CAV. Una eventualidad, por lo demás, prevista en la propia Constitución Española. Y hondamente sentida por buena parte de la sociedad navarra.

Pero el PP no pretende ser razonable. Ni siquiera racional. Es perfectamente capaz de decir que se tomaría como un casus belli que un nacionalista fuera elegido para presidir una institución navarra y, a la vez, pretender que es el máximo defensor de posiciones integradoras del conjunto de la población de la Comunidad Foral. Preconiza la marginación de la segunda fuerza política del territorio en nombre de la convivencia y el entendimiento.

Convengamos en que quizá ande escaso de otras habilidades, pero que desenvoltura, desde luego, tiene para dar y tomar.