Cuando oí el ya célebre discurso sevillano del teniente general Mena, en el que invocó el artículo 8º de la Constitución como posible instrumento contra el nuevo Estatuto de Cataluña, sentí por un momento que me habían retrotraído a los años 80.
¿Una intervención de las Fuerzas Armadas para reconducir la situación política? Absurdo. Extemporáneo.
Lo es, por supuesto. En la Europa actual —en la Europa de la Unión Europea—, los ejércitos no asumen responsabilidades políticas que no les sean solicitadas por los poderes electos. Por muchas razones, pero sobre todo por una, eminentemente práctica: si el Ejército de un Estado de la UE decidiera usurpar las funciones del Gobierno, se encontraría de inmediato en una situación insostenible.
Es una reflexión tan de cajón que, según la hice, la siguiente conclusión a la que llegué es que también tenía que habérsela hecho el teniente general Mena. No sólo él: igualmente quienes le hubieran animado a escribir y leer —o le hubieran escrito para que leyera— tan singular arenga.
Lo cual me condujo a concluir, por pura lógica, que la amenaza contenida en el discurso del teniente general perseguía fines mucho más corrientes y molientes. Que lo que buscaba era introducir un elemento de presión —de miedo— en las negociaciones sobre el Estatut y poner sobre la mesa el viejo «ruido de sables», que tanto contribuyó durante la Transición a morigerar las reivindicaciones de los representantes de la izquierda y de los nacionalismos periféricos. Resucitar ese fantasma que tan útil le ha sido siempre a la derecha.
A partir de ahí, los siguientes pasos de la reflexión parecían venir ya dados. Si de buscar el inspirador o inspiradores del asunto se trataba, no había sino que formular la vieja pregunta que los latinos se planteaban en la investigación de cualquier crimen: Cui prodest? (*) ¿A quién beneficia?
El problema es que, en este asunto, los posibles beneficiarios son demasiados.
Está, por supuesto, el PP, que apenas ha acertado a ocultar su regocijo por las palabras del teniente general. Incluido el propio Rajoy, que ha reclamado que nos preguntemos por qué razones han podido producirse. (¿Cómo no se le ha ocurrido responderse él mismo: «Porque hay tenientes generales que no respetan la disciplina»?)
Está el PP, sí. Pero no sólo. Porque, si bien se mira, el incidente también beneficia al sector más españolista del propio PSOE, que afronta con franca aversión el proyecto estatutario catalán. Un sector en el que —¡si seré mal pensado!— ocupa un lugar preferente el ministro de Defensa, José Bono.
Nota de edición: Javier publicó una columna del mismo título en El Mundo: Golpe a golpe.
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(*) El aforismo se atribuye a un severo juez romano, Cassio Longino, que sostenía que el planteamiento de esa pregunta era el modo más seguro de encontrar a los autores de los crímenes. Algunos malos estudiantes de latín —varios afamados periodistas españoles entre ellos— escriben Qui prodest?, confundiendo el nominativo con el dativo.
