El caso Watada es materia de agrias controversias en los Estados Unidos de América.
Ehren Watada es un teniente del Ejército estadounidense que tiene pendiente un Consejo de Guerra por haberse negado a participar en la ocupación de Irak no sólo por imperativos de conciencia, sino también –y ése es el aspecto más singular del caso– por razones legales.
Contaré brevemente los antecedentes del acto de rebeldía que está protagonizando, muy poco conocido en España.
El teniente Watada, de 28 años, nació en Honolulú. Hijo de Robert Watada, que en su día se negó a combatir en Vietnam, se encontraba en la base militar de Fort Lewis, en el estado de Washington, cuando se enteró de que su unidad iba a ser enviada a Irak. Según su propio relato, decidió informarse sobre la guerra a la que le destinaban. Leyó bastantes libros y muchos artículos de prensa para conocer la Historia de Irak, los antecedentes y la actualidad del conflicto, la legislación internacional aplicable al caso y las razones y los fundamentos jurídicos de la intervención militar norteamericana. También tuvo numerosos contactos con veteranos de esa guerra. Una vez informado, llegó a la firme conclusión de que la intervención militar ordenada por George W. Bush viola la Constitución de los Estados Unidos, el Acta de Poderes de Guerra, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y los principios establecidos por los juicios de Nuremberg.
Watada no es objetor de conciencia. No se opone a todas las guerras por principio. De hecho, propuso que lo destinaran a Afganistán, porque entiende que esa guerra cuenta con la legitimidad necesaria, dado el respaldo que le otorga la ONU. No así la de Irak, que fue aprobada por un Congreso que –recuerda– fue engañado con informaciones falsas sobre el régimen de Sadam Husein, del que Bush aseguró que estaba en posesión de armas de destrucción masiva y que tenía lazos directos con Al Qaeda. Entiende que acatar la orden de ir a Irak le conduciría a participar en la comisión de crímenes de guerra, a lo que no está dispuesto.
Como he mencionado antes, el teniente Watada no esgrime sólo motivaciones éticas, sino también legales. Se siente respaldado por la Constitución de los Estados Unidos, que ampara la desobediencia de órdenes injustas, y también, y sobre todo, por los principios que fijaron los juicios de Nuremberg contra diversos servidores del III Reich. Allí se rechazó de plano la eximente, a la que apelaron las defensas de diversos acusados, llamada «de obediencia debida». No pocos militares del Ejército hitleriano fueron condenados, y algunos de ellos condenados a muerte y ejecutados, porque, según criterio del tribunal, si un soldado recibe una orden manifiestamente injusta y criminal, tiene el deber de desobedecerla.
El Consejo de Guerra que juzgará al teniente Watada el 19 de marzo –el que se inició el pasado 8 fue anulado por defectos de forma– puede condenarlo a 8 años y medio de cárcel. Pero, si lo hace en función de la acusación que pesa ahora mismo contra él, basada en el supuesto principio de que un soldado está obligado a respetar la cadena de mando, lo único que demostrará es lo que, por desgracia, ya sabíamos de sobra: que la estricta justicia sólo castiga a los derrotados. A los militares del III Reich se les podía exigir desobediencia a las órdenes injustas por una sola razón: porque habían perdido la guerra. No concurriendo esa condición en el caso de los EEUU, podemos dar por hecho que el teniente Watada será condenado.
Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: El teniente Watada.
