Titular de El País del domingo 22 de abril: «El Gobierno blindará la ley para evitar que los juicios franquistas generen indemnizaciones». El subtítulo dice: «El PSOE sostiene que las arcas del Estado no podrían hacer frente a las reclamaciones». Tengo el recorte puesto en el atril de mi mesa de trabajo desde hace cuatro días. Opto por comentarlo hoy, como parte de una operación de limpieza, para hacer hueco a nuevas aportaciones. (Su lugar lo ha ocupado ya una anotación que hice ayer mientras escuchaba un servicio informativo de la cadena Ser. Transcribí: «Declaraciones de Ignacio Díaz de Aguilar, refiriéndose a Senegal: “Estos países, desde luego… su prioridad no son los derechos humanos ni las razones humanitarias…”». Subrayé la expresión «estos países». Es como si hubiera dicho «esa gente». Destilaba racismo inconsciente. Lo curioso es que Díaz de Aguilar, que preside la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la utilizaba para distinguir a «esos países»… de España, cuya prioridad –¡lo dijo!– sí son los derechos humanos. Anoté debajo: «Comentar, ya de paso, la expresión “derechos humanos”. ¿Puede haber derechos que no sean humanos, es decir, producidos por nuestra especie? ¿Se insiste en esa obviedad porque se considera que esos derechos ganan en categoría al haber sido formulados por miembros de la misma división del reino animal a la que pertenecen Bush, Aznar y Le Pen, por ejemplo? Distinguir entre "humano" y "humanitario". Señalar el disparate que encierra la expresión, hoy tan común, "catástrofe humanitaria"». Quizá algún día no muy lejano esas notas casi telegráficas me den material para un Apunte como éste.)
Bueno, regreso al punto de partida: «El Gobierno blindará la ley para evitar que los juicios franquistas generen indemnizaciones».
Primera y principal pregunta que hay que hacerse: ¿Y cómo podría ser que las injusticias cometidas por los gobernantes de la dictadura franquista produjeran obligaciones que recayeran sobre los gobernantes del Estado español actual? Respuesta: eso podría suceder porque, en virtud –perdóneseme la coña– de las peculiaridades de la Transición española, entre la dictadura franquista y el régimen parlamentario instaurado en 1977 no hubo ruptura, ni política ni legal, de modo que el actual Gobierno es heredero legal del régimen de Franco y está obligado a hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven de los actos de la dictadura que no hayan prescrito.
El derecho internacional –que respalda la doctrina Estrada– hace que, a efectos jurídicos, las administraciones políticas de cada país estén obligadas a asumir las obligaciones derivadas de los actos de sus antecesoras. Pongamos un ejemplo: puesto que el Portugal salazarista suscribió en su día el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Gobierno actual de Lisboa está obligado a respetarlo. O a denunciarlo, claro. Lo que en ningún caso puede es pretender que no le concierne, porque el de Salazar y Caetano fue otro régimen (que ellos enterraron tal día que ayer, pero hace 33 años). Es decir que, a efectos internacionales, y considerando el principio consolidado que impide a cada estado injerirse en los asuntos internos de los demás –lo que viene a ser, en la práctica, una variable del derecho de autodeterminación–, dan igual las revoluciones, los golpes de Estado y los cambios de Constitución que se produzcan en cada país.
A efectos internos, obviamente, es muy distinto. El Gobierno portugués de hoy en día no tiene por qué hacerse responsable de los desmanes cometidos por los tribunales salazaristas y su PIDE (policía política) porque el Estado portugués actual se asienta sobre el repudio total de la dictadura a la que sustituyó. Citaré –no sin un punto de nostalgia– el preámbulo de la Constitución portuguesa, inequívoca a más no poder en este punto. Dice: «El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas (O Movimento das Forças Armadas) derribó el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimientos profundos. Liberar a Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo ha representado una transformación y el comienzo de una inflexión histórica de la sociedad portuguesa. La Revolución ha devuelto a los portugueses los derechos y libertades fundamentales. En ejercicio de estos derechos y libertades se reunieron los legítimos representantes del pueblo para elaborar una Constitución que correspondiese a las aspiraciones del país. La Asamblea Constituyente (A Assembleia Constituinte) proclama la decisión del pueblo portugués de defender la independencia nacional, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de establecer los principios básicos de la democracia, de asegurar la primacía del Estado de derecho democrático y de abrir la senda hacia una sociedad socialista, dentro del respeto a la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, mas justo y más fraterno.»
Las Cortes ambiguamente constituyentes que fueron elegidas en España en 1977 en condiciones precarias (con algunos partidos políticos situados todavía en la ilegalidad, ya para empezar) no elaboraron una Constitución que proclamara la ruptura con el régimen anterior, como la portuguesa. Es más: para que no hubiera duda sobre ello, los dirigentes políticos españoles conchabados para la ocasión sostuvieron que lo que estaban haciendo no era una ruptura, sino una reforma del régimen anterior.
Representando al mismo Estado –reformado, pero el mismo–, los gobernantes españoles actuales no pueden declarar ilegítimos y nulos de pleno derecho los juicios inicuos llevados a cabo por las autoridades del franquismo, que son sus antecesoras legales, sin admitir que aquellas injusticias merecen reparación, legal… ¡y económica!
El PSOE hace el cálculo de lo que su Gobierno tendría que pagar si reconociera la injusticia de los actos de barbarie cometidos por el régimen cuya herencia asume (porque ése es el quid de la cuestión) y se echa las manos a la cabeza: miles y miles de fusilamientos sumarios, años y más años de cárcel sufridos por decenas de miles de ciudadanos… ¿De dónde sale el dinero para pagar todas esas indemnizaciones? Algunos leguleyos fachosos dicen: «Pero es que, si se anulan todos esos juicios, quedarían sin castigo muchos actos que fueron realmente criminales». Punto uno: nada de sin castigo; ya fueron castigados, y muy de sobra. Y punto dos: de quedar lavados de culpa unos u otros crímenes, ¿a quién habría que reprochárselo? Ése es el problema de todas las condenas ilegítimas: dado que nadie puede ser condenado dos veces por los mismos hechos, aquel cuya primera condena no fue conforme a Derecho se libra de la segunda.
Al tratar de conferir un mínimo de coherencia a la llamada Ley de la Memoria Histórica, el Gobierno de Zapatero se ha metido en un laberinto sin salida. O hay memoria de verdad, y entonces la reforma de 1976-1977 merece ser repudiada, o no hay memoria de verdad, y entonces seguimos en las mismas de siempre, con los unos cubriendo sus vergüenzas y los otros señalándoselas.
Yo, para qué mentiros, renuncio a obtener ni un solo euro por el largo tiempo que pasé en la cárcel y por las torturas a las que fui sometido, de las que ya hubo un juez que dejó constancia, y para qué.
Me conformo con disfrutar del sofoco que están pasando los dirigentes del PSOE por culpa de sus propias contradicciones.
