Al columnista con retranca le asalta con frecuencia la tentación de limitarse a poner de manifiesto los aspectos formalmente ilógicos del comportamiento de las gentes investidas de poder, haciendo como si su incoherencia le sorprendiera y fuera incapaz de entenderla. La opción tiene indiscutibles ventajas: deja al criticado en evidencia, colocándolo en la necesidad de explicarse, y ahorra al crítico la tarea de indagar en las razones de fondo que explican los absurdos aparentes del otro. Es una táctica hábil, pero también un tanto tramposa. Porque la mayor parte de las veces esas columnas que arrancan con un «No entiendo como puede ser que…» ocultan al lector que su autor, en realidad, entiende muy bien «cómo puede ser que», pero prefiere no decirlo, para no meterse en más líos que los imprescindibles.
Hoy habría podido servirme generosamente de ese recurso retórico para señalar que «no entiendo cómo puede ser», por ejemplo, que el PP y sus acólitos, que no promovieron la prohibición judicial del mitin que los de Otegi celebraron el pasado día 3 en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, se hayan movilizado estos días pasados como si les fuera la vida en ello reclamando la interdicción del mitin previsto para hoy en el BEC de Barakaldo. Parece incoherente, pero no tanto si se tiene en cuenta que quien hubiera tenido que apechugar con lo que sucediera en Pamplona aquel día habría sido el Gobierno de UPN, y que, además, el acto iba a celebrarse a la misma hora prevista por Sanz para su manifestación navarrista, en tanto el embolado de hoy tendría que lidiarlo en exclusiva el Gobierno vasco.
De entre los bastantes hechos de los que podría decir en estos tiempos que corren que «no entiendo cómo pueden ser», el que me tiene más fascinado en las últimas semanas es el protagonizado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, obsesionado con los encuentros del lehendakari Ibarretxe con líderes de Batasuna.
Supongo que a nadie extrañaría que afirmara que «no entiendo cómo puede ser que» el régimen jurídico imperante en España permita que un político pueda entrevistarse con la dirección de la organización armada ETA para discutir con ella de política –es lo que hizo Carod-Rovira–, sin que sea encausado por ello, pero en cambio persiga de manera implacable a otro por entrevistarse con representantes de la organización desarmada Batasuna. ¿Debemos concluir que puede ser delito reunirse con Batasuna porque tiene que ver con ETA pero no es delito reunirse directamente con ETA?
De tomar las cosas por su apariencia, deberíamos concluir –y no sólo en este caso, sino en general– que en España resulta mucho más peligroso tener tratos con Batasuna que con ETA. Absurdo, pero cierto.
Podría afirmar, ya digo, que «no entiendo cómo puede ser» eso, pero no lo haré, porque sí lo entiendo.
Entiendo que, para empezar, una cosa es que algo suceda en Cataluña, y que suceda dentro del ámbito del tripartito que controla la Generalitat bajo liderazgo del PSC, y otra que suceda en Euskadi, y que le suceda a una coalición en la que no participa el partido gobernante en Madrid. Con éste no sólo no hay por qué tener miramientos, sino que incluso conviene no tenerlos.
Tampoco se me escapa que lo que preocupa e incluso indigna al PP y a sus aliados, incluidos los togados, es que pueda tomar cuerpo una solución política al actual impasse vasco. Unos cuantos contactos con ETA no van a cambiar nada sustancial a ningún nivel. En cambio, la posibilidad de un amplio acuerdo político que englobara también a la izquierda abertzale les pone en guardia de inmediato.
