El relator de las Naciones Unidas para asuntos de vivienda, Miloon Kothari, que ha concluido su viaje por España dedicado al estudio del problema de la vivienda, ha dado a conocer un avance de las conclusiones clave a las que ha llegado, sobre las que construirá un informe exhaustivo que entregará en al Consejo de la ONU y al Gobierno de Madrid en el plazo de tres meses.
Kothari, confirmando los datos que vienen proporcionando desde hace tiempo diversas plataformas ciudadanas, afirma que en España hay una «especulación urbanística desenfrenada» y que el problema de de la vivienda que padece aquí la población es «el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo». Según su apreciación, entre el 20% y el 25% de la ciudadanía española no puede acceder a una vivienda, ni de venta ni de alquiler, porque sus ingresos son insuficientes para afrontar los precios que rigen en ambos mercados.
Escribí el jueves sobre algunos de los muchísimos aspectos que presenta entre nosotros este problema de primera magnitud, verdaderamente dramático. Como es lógico –el tamaño de una columna de prensa da para lo que da–, hube de prescindir de muchos datos y de aún más consideraciones. Lamenté, en particular, no tener espacio para referirme al problema de los alquileres y al tópico que pretende que los españoles son «más dados» a la compra que al alquiler, como si fuera una particularidad de la idiosincrasia local. Me hubiera gustado tener espacio para llamar la atención sobre el hecho de que muchos alquileres mensuales salen por un precio parecido al del pago de una hipoteca, lo que incita, lógicamente, a preferir la compra al alquiler. Y habría tratado de describir la pinza que se forma por la confluencia de dos factores opuestos: de un lado, el poco interés que tienen algunos propietarios en alquilar sus viviendas –pretenden que están insuficientemente protegidos contra los inquilinos problemáticos, especialmente los morosos–, y, del otro, lo poco y mal defendidos que están los inquilinos por una ley que concede plena libertad a los dueños de los pisos para rescindir el contrato al cabo de cinco años y subir el precio del alquiler muy por encima del IPC acumulado durante el lustro. En esas condiciones, la cuestión no es a qué «son dados» los ciudadanos de este país, sino qué se ven impelidos a hacer, dadas las circunstancias.
Hay otro asunto que me parece también digno de mención, éste por lo problemático que resulta. Me refiero a la posibilidad de que se emprendieran reformas legales eficaces que forzaran un descenso del precio de las viviendas. ¿Cuál sería la reacción de los cientos de miles, de los millones de personas que compraron en su día su casa a un precio exorbitante, cuando se vieran ante un proyecto de ley que, de aprobarse, haría que aquello por lo que pagaron 60 se encaminase rápidamente a valer 40, o 30, por ejemplo, lo que les llevaría a perder muy buena parte del dinero que desembolsaron (o que siguen desembolsando todavía)? Porque a ellos seguro que les pareció un abuso que les pidieran 60, pero ahora, una vez pagados los 60 o en trance de hacerlo, son los primeros interesados en que siga valiendo 60, o más, a poder ser.
¡Reformar la legislación sobre vivienda! ¡Ahí es nada! Quien osara pretenderlo se enteraría enseguida de lo que es saltar chispas.
Y, sin embargo, urge hacerlo.
