¿Es lícito acudir a las cercanías de un acto político a abuchear a sus organizadores? No pregunto si es elegante, ni si se acomoda a las normas –para mí deseables– de la tolerancia y la buena educación, sino, pura y exclusivamente, si es lícito.
Deduzco que lo es, a la vista de que, en mi conocimiento, ningún juez ha procesado jamás a nadie por hacerlo. He visto al lehendakari Ibarretxe insultado, abucheado y amenazado de agresión en plazas varias (en Aragón, en Andalucía, en Valencia) sin que la Policía procediera a la detención de nadie y sin que el PP mostrara el menor desagrado por lo sucedido. Líderes de la UPN navarra, aliada del PP (su secretario de Organización Eradio Ezpeleta y su diputado Carlos Salvador), encabezaron un grupo de gente que trató de boicotear a grito pelado hace cuatro meses una conferencia del vicepresidente del Sinn Féin irlandés, Martin McGuiness, en Pamplona y nadie, ni en su partido ni en el juzgado de guardia, les reprochó nada. Recordemos lo que le sucedió al candidato frustrado a alcalde de Madrid, José Bono, en una manifestación de la AVT celebrada en la capital del Reino en enero de 2005: toda la polémica se centró en si había sido agredido físicamente o no. Nadie se detuvo a discutir si le habían vejado, increpado, zaherido y puesto, en suma, cual chupa de dómine. Todo eso quedó a beneficio de inventario, y a nadie pareció que tal cosa extrañara.
Entiendo muy bien que a Piqué y a Acebes les toque las narices no poder dar mítines en tierras catalanas sin que les acompañe un inevitable coro de broncas, aunque considero que, en lo que a las estrictas broncas se refiere, deberían conformarse con hacer de tripas corazón, por lo menos hasta que se muestren dispuestos a condenar por las mismas y sancionar disciplinariamente a aquellos de sus correligionarios que se movilizan para abroncar a otros. A cambio, me parece obvio que tienen todo el derecho a exigir que, si alguien los empuja, zarandea o golpea, sea castigado como se merece.
Establecido lo anterior, me veo en la obligación de consignar mi perplejidad ante el hecho de que el Partit dels Socialistes de Catalunya haya decido la expulsión «fulminante» de Jordi López Forn, hasta ahora secretario de las juventudes socialistas de Martorell, al que acusa de haber increpado a Piqué y Acebes. No pretende que López Forn les pusiera la mano encima, ni mucho menos. Sólo que estuvo presente en la bronca que sufrieron el pasado martes esos dos dirigentes del PP en la mentada localidad catalana.
Ignoro si en los Estatutos del PSC habrá un artículo que prohíba a sus militantes increpar a los mandamases de otros partidos, aunque tiendo a suponer que no. Lo que me costa, en cambio, es que la Ley Orgánica 6/2002, llamada de Partidos Políticos, establece taxativamente en su artículo 8.3: «La expulsión y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno.»
De modo que quienes habrían de ser sancionados en primer lugar, en cumplimiento de la por otros conceptos ahora muy mentada Ley de Partidos –en cuya promulgación tanto entusiasmo puso el entonces opositor José Luis Rodríguez Zapatero, dicho sea de paso–, son aquellos que han expulsado con tanta premura a Jordi López Forn de las filas del PSC. Expulsión que deberá ser anulada de inmediato, por orden judicial si hace falta, para ser sustituida por la apertura de un expediente disciplinario en el que habrá de dilucidarse si abuchear a los oponentes políticos es incompatible con la militancia socialista o no.
Porque pocas cosas tan improcedentes como pretender ser legal saltándose la ley.
Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Abroncar al adversario.
