Diario de un resentido social

 Semana del 9 al 15 de septiembre de 2002

Dos dimisiones

  

 

Tras las últimas elecciones autonómicas, el coordinador general de Ezker Batua-Izquierda Unida de Euskadi, Javier Madrazo, me preguntó qué pensaba de la posibilidad de que uno de los suyos entrara a formar parte del Gobierno de Vitoria. Le dije que no debía aceptar la propuesta de Ibarretxe. Y uno de los argumentos que le di –él lo recordará– fue éste: «Un día, la Policía de tu Gobierno se liará a golpes contra gente cargada de razón, y tú serás corresponsable de ello».

Ya está. Ya ha ocurrido. La Ertzaintza reprimió ayer de manera violenta el ejercicio del derecho de manifestación de decenas de miles de ciudadanos vascos.

Si Madrazo no está dispuesto a cargar con su parte de baldón, debe dimitir de inmediato.

Como quienes lean estas líneas probablemente sabrán, soy autor de un libro sobre el lehendakari Ibarretxe, en buena medida compuesto de conversaciones con él mismo. En las muchas horas que Ibarretxe me dedicó para hacerme partícipe de su concepción de la vida, volvió una y otra vez sobre una idea que él considera clave: el gobernante demócrata está para servir a la ciudadanía, no para maltratarla.

Lo que ayer sucedió en las calles de Bilbao es la demostración más evidente del fracaso de esa idea. De la imposibilidad de plasmarla en hechos hasta sus últimas consecuencias.

Desde hace años y años, he explicado una y otra vez a todo aquel que ha querido escucharme que, al margen de los deseos de los integrantes de los gobiernos de Vitoria, incluidos sus sucesivos presidentes, la Ertzaintza es una Policía del Estado español que, en caso extremo, no puede hacer otra cosa que acatar la línea de mando del Estado español.

No vale la pena andarse con dibujitos de adorno y medias tintas. La disyuntiva está muy clara: quien acepta la gestión de una Policía meramente autónoma –es decir, quien acepta gestionar una Policía que no es su Policía, sino una Policía enfeudada al Estado español–, está obligado a actuar como instrumento del Estado español cada vez que el Estado español lo necesite como instrumento.

Tal que ayer.

Si realmente cree lo que dice creer y piensa lo que dice que piensa –y yo creo que lo cree, y pienso que lo piensa–, Ibarretxe debe presentar de inmediato su renuncia al cargo y convocar elecciones.

Ha de pedir solemnemente al electorado vasco que se defina. Que diga si quiere un Gobierno obligado a actuar como brazo ejecutor de los designios irresponsables del tándem Aznar-Garzón o si quiere un Gobierno con capacidad para obrar como convenga a la causa de la paz y la concordia en Euskadi.

Si quiere o no quiere autodeterminarse como pueblo, por decirlo en pocas palabras.

 

Post scriptum.– En atención a la amistad que nos une y al aprecio que le tengo, he remitido el texto de este apunte al lehendakari Ibarretxe antes de subirlo a la Red.

 

 (15 de septiembre de 2002)

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Las presiones ambientales

Me escribe un amigo y, en tono muy ponderado y razonable, critica la unilateralidad que él cree percibir en mis tomas de posición públicas con respecto a la ilegalización de Batasuna. Está de acuerdo conmigo en que los procedimientos legales en curso son jurídicamente inaceptables, amén de chapuceros, pero no está de acuerdo en el escaso interés que muestro en la labor de coacción y de zapa emocional que realizan muchos simpatizantes de Batasuna, que se las arreglan para hacer la vida imposible –en el pueblo, en el vecindario, en el lugar de trabajo– a quienes no están de acuerdo con ellos, llegando a exigirles que abandonen Euskadi. Me pregunta si no estoy de acuerdo en que eso también supone un atentado intolerable contra las libertades y en que algo habría que hacer para impedir que se siga produciendo.

Mi respuesta es: sí. A las dos preguntas: me parece intolerable y considero que hay que revolverse contra ello.

Pero vayamos por partes.

Empecemos por distinguir los actos legales de los ilegales.

Pongamos ejemplos, para entendernos.

Si yo llego al bar de la esquina y, según entro, toda la clientela se va y me deja solo, y lo mismo ocurre cada vez que aparezco en un local público, y si me voy a la oficina y todos mis compañeros me dan la espalda y no me dirigen la palabra sino para los asuntos de puro trabajo, y si lo mismo me ocurre en todas partes, que nadie quiere ni verme y me mira con una cara de asco del copón, mi vida será un infierno, sin duda, pero nadie estará cometiendo ningún acto ilegal.

Ahora bien, si hay unos tipos que antes de irse del bar se me acercan y me dicen: «Sabemos a qué colegio van tus hijos y dónde aparcas el coche. Lárgate de aquí, disidente de mierda», y si otros se meten en mi portal y hacen pintadas amenazadoras contra mí,  y si mis compañeros de trabajo me esconden los papeles y me mandan correos electrónicos insultantes, entonces la cosa cambia, porque las amenazas y las coacciones son delito. Entonces es el turno de la ley y de sus agentes.

Me preocupan los dos géneros de situaciones pero, puesto a compararlos, es al primero al que le veo más difícil tratamiento, porque no hay nada que pueda hacerse en el plano coercitivo para corregirlo.

Pienso en mi propio caso, situado en la antípoda. Yo me he visto privado de magníficas oportunidades de promoción profesional y de fuentes muy importantes de ingresos por culpa de mis opiniones políticas. Para nadie es un secreto que, para estas alturas, mi presencia está vedada en casi todos los grandes medios de comunicación, empezando por las grandes cadenas de radio y TV. Se me ha ido sometiendo a una especie de cordón sanitario cada vez más estrecho. Sólo El Mundo sigue tolerando mi firma, y ello por razones especialísimas, y ya veremos por cuanto tiempo. El día en que El Mundo decida prescindir de mí, adiós muy buenas: la mordaza tapará por completo mi boca. Y nada, estrictamente nada de lo que se me habrá hecho podrá considerarse ni ilegal ni delictivo. De la misma manera que los parroquianos del bar están en su derecho de tomarse sus vinos en la compañía que más les agrada,  los medios de comunicación madrileños, incluidos los públicos, tienen plena libertad para elegir los articulistas y comentaristas que más les complacen. Y si mis criterios les parecen insoportables, ¿quién y con qué derecho podría obligarles a soportarlos y darles cobertura?

Pero en ambos casos el resultado es que se deteriora la convivencia, que se pierden posibilidades de fomentar el pluralismo y de educarnos todos en la coexistencia con lo diverso. Pero tanto da cuan lamentable sea, porque no hay nada que hacer... salvo trabajar para que unos y otros aprendamos no sólo a respetar la discrepancia, sino a valorarla como un factor de enriquecimiento.

Cosas de otra galaxia, supongo.

 

(14 de septiembre de 2002)

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Es que es todo

Para que una actuación no sea lo que parece se requiere algo más que las palabras del autor. Esto lo sabe cualquiera, pero sobre todo los jueces: de no ser así, sólo podrían condenar a los delincuentes confesos.

Garzón dice que la manifestación silenciosa prevista para mañana en Bilbao no es una protesta contra su actuación, sino «una clara actividad orgánica de la organización terrorista». ¿Clara? Si la cosa estuviera tan clara como él pretende, Amnistía Internacional lo habría notado, con lo cual se habría abstenido de hacer público el comunicado que ayer dio a conocer, en el que, con expresa referencia a esa manifestación, insta «a las autoridades españolas y vascas a asegurar que los derechos fundamentales a la libertad de expresión y la protesta pacífica no se vean socavados». Lo habría notado AI y con ella buena parte del medio millar de artistas, actores, escritores, deportistas, catedráticos y reconocidos pacifistas que hasta ahora nadie ha osado asociar a ETA y que se han sumado a la convocatoria.

Garzón asegura que está clara la inspiración terrorista de la convocatoria porque –escribe– ha sido hecha por personas «vinculadas al proyecto de ETA-Ekin-Joxemi Zumalabe».

Y aquí ya las objeciones acuden en tromba.

Para empezar, nunca se ha demostrado que el antedicho «proyecto» tenga entidad real alguna, fuera de los meandros de la fértil imaginación del propio juez. De hecho, cuando habló de ese «proyecto» en uno de los autos del interminable sumario 18/98, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le hizo ver que no aportaba prueba alguna de su existencia, cosa que molestó mucho a los amigos del instructor, que lo defendieron alegando que las pruebas son necesarias a la hora de la condena, pero que durante la instrucción bastan los indicios. ¡Y ahora pretenden que aquello que ellos mismos reconocían que no estaba probado valga para prohibir una manifestación!

Lo que sí está claro, y conviene que se sepa, es que ningún Tribunal ha afirmado jamás que la Fundación Joxemi Zumalabe tenga relación alguna con ETA. Con lo cual, la apelación condenatoria que hace Garzón a ella no remite a más autoridad que la suya misma, en este caso desautorizada por una instancia judicial superior.

Pero es que no es sólo eso. Es todo. Veamos: el escrito que el instructor remitió el jueves al Gobierno Vasco insta a éste a que actúe «para prevenir la legalidad (sic) y el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes». Dejemos eso de «prevenir la legalidad», que vaya usted a saber en qué podría consistir (¿querría decir «preservar»?). En todo caso, ¿de qué resoluciones firmes habla? ¿De los autos que él mismo ha firmado? ¿Y desde cuando las resoluciones de un instructor deben considerarse firmes, y no meramente cautelares y provisionales? Item más: ¿en nombre de qué se permite relacionar con un entramado ilegal a los convocantes de la manifestación de mañana, que no están acusados de ningún delito? Y aunque lo estuvieran –que no lo están–: ¿es que ahora todo lo que haga una persona acusada de un delito queda automáticamente contaminado y debe ser prohibido de oficio?

Es todo tan desigual, tan chapucero, tan prepotente... Por cierto, una pregunta facilita: ¿en qué parking descansaban los autos judiciales cuando se convocaban manifestaciones en las puertas de la cárcel de Guadalajara para homenajear a condenados en firme –éstos sí– por actos de auténtica ignominia?

 

(13 de septiembre de 2002)

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Un, dos, tres... Responda de una vez

Me propongo plantear en alguna de mis próximas columnas de El Mundo una ristra de preguntas, a ver si tengo suerte y me las responde con fundamento cualquiera de los integrantes de la pléyade de entusiastas de la clique Aznar-Garzón.

Las habrá que resulten familiares a la gente fija de esta página. Otras espero que no. Las expongo en mogollón, para someterlas al fuego previo de la crítica, animus mejorandi.

Allá van.

1.– Batasuna ha sido catalogada como instrumento de delito y su actividad ha quedado prohibida sin que sus dirigentes hayan sido acusados de nada, y menos aún procesados. ¿Puede alguien explicar cómo cabe que una persona jurídica actúe en contra de la ley sin que las personas físicas que la representan hagan nada perseguible?

2.– Si Batasuna es parte de ETA, como dicen y repiten los dirigentes del PP y el PSOE, ¿por qué nadie reclama que se proceda a la detención de todos y cada uno de los militantes del partido independentista bajo la acusación de pertenencia a banda armada?

3.– Si los dirigentes del PP y el PSOE saben que Batasuna es parte de ETA y, pese a ello, no promueven la detención de sus militantes, ¿pueden ser ellos mismos acusados de complicidad?

4.– Para que un partido político no sea fulminantemente ilegalizado, ¿debe condenar todos los atentados terroristas o basta con que condene los de ETA?

5.– Lo de la obligatoriedad de las condenas ¿es una norma de uso exclusivamente interno o debe entenderse a escala internacional?

6.– Si se trata de una cuestión de principios, aplicable por tanto urbi et orbi, ¿dónde podrán consultar los partidos políticos la relación de actos terroristas de repulsa obligatoria, para distinguirlos de los actos terroristas de repulsa opcional o prescindible, modelo exterminio masivo de gente talibán o paseo militar por Yenín?

7.– ¿Por qué las mismas personas que aseguran que no quieren en absoluto prohibir la expresión pública de opiniones críticas reclaman sin parar que se prohíban las manifestaciones destinadas a criticar públicamente la ilegalización de Batasuna?

8.– ¿Será obligatorio a partir de ahora que los objetivos de las manifestaciones reciban el nihil obstat de las delegaciones del Gobierno?

9.– ¿Se ha planteado el Gobierno prohibir la entrada de los periódicos extranjeros críticos con la ilegalización de Batasuna o, al menos, el procesamiento de sus corresponsales en España, que obviamente no respetan el auto de Garzón?

10.– ¿Se ha planteado el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de que Garzón se haya excedido en sus atribuciones al enviar al Parlamento Vasco su famoso auto... retirando de él, por propia y originalísima iniciativa,  las páginas que se referían a Euskal Fondoa?

No sé. En este plan.

 

(12 de septiembre de 2002)

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Mi once de septiembre

Mis sentimientos sobre este primer aniversario del ataque contra las Torres Gemelas están bastante bien resumidos en la columna que publico hoy en El Mundo: no digo ni una palabra sobre el asunto.

Ocurrió exactamente hace un año, es cierto. ¿Y?

No he tenido ocasión todavía de mirar con detenimiento la prensa, pero ya he visto que tenemos especiales 11-S para dar y tomar; hasta en la sopa. Dentro de un rato me llamarán de Radio Euskadi para entrar en la tertulia del Boulevard Abierto. Imagino que nos será imposible no perorar sobre el tópico, por mucho que lo pretendamos.

Hace unos días participé –no recuerdo haberlo contado aquí– en un coloquio internacional organizado por el diario mexicano El Excelsior con motivo del aniversario del atentado en cuestión. La representación española ad hoc estuvo compuesta por un fiscal muy versado en litigios supranacionales, un catedrático arabista, un experto en relaciones exteriores del PSOE –dicho sea en los dos posibles sentidos del título– y yo, que no llegué a saber en razón de qué supuestos méritos había sido convocado, y que casi prefiero no imaginarlo.

Se suponía que éramos cuatro expertos. Pues bien: ninguno puso el menor empeño en defender la tesis de que hubiera realmente un antes y un después del 11-S, como hoy sostienen la mayor parte de los medios, necesitados de vender campanillas, espejitos y abalorios. Nadie sostuvo que esa fecha haya entrañado un giro clave, un cambio cualitativo de las tendencias imperantes en el campo de la política mundial. Pese a las hondas discrepancias ideológico-políticas de los presentes, hubo general acuerdo en que los desdichados acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, por mucho que contribuyeran a acentuar, e incluso a caricaturizar los rasgos del dibujo previamente existente, no inauguraron ningún escenario internacional extraño o inesperado.

Ya me hago cargo de que Nueva York es mucho Nueva York, y que un norteamericano muerto es un muerto mucho más muerto que cualquier muerto de cualquier otra procedencia, y que, si una Torre Gemela es la repera, pues ni te cuento dos, y que, además, estamos refiriéndonos al ombligo mediático más ombligo y más mediático que imaginarse quepa a escala planetaria. Pero lo sucedido hace un año dio de sí lo que dio y, como dice mi amigo Ignasi Álvarez, «cuando la vaca no da más leche, pues es que no da más leche», y ésa es una verdad ciertamente inapelable.

Así que a esperar que pase el día. Y mañana ya hablaremos de otra cosa.

 

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(Post scriptum -Un par de solicitudes)

1ª) Leí ayer un enérgico escrito, punzante de contenido y brillante de ritmo y fuerza literaria, titulado «Soy un demócrata» y firmado por Santiago Alba Rico. Excelente. Al final de la lectura me quedé, sin embargo, con una duda. El autor habla de «el ALCA, que viola y despedaza a las obreras de las maquiladoras de Ciudad de Juárez y hace nacer niños sin cerebro en la frontera de Méjico con EEUU». Las siglas ALCA supongo que responden al Área de Libre Comercio de las Américas, pero ni sé cuál es el problema de las maquiladoras de Ciudad de Juárez, ni sé qué es eso de los niños sin cerebro de la frontera, ni sé en qué medida el ALCA tiene la culpa de lo uno y de lo otro. ¿Alguien puede pasarme la información pertinente?

2ª) Me llegó también ayer un correo electrónico de un amigo levantino con dos escritos que se refieren a una polémica de la que no había oído hablar. Según él, no está demostrado que exista el VIH, virus tenido por responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (o sea, del sida). La tesis que sostiene, resumida a lo bruto, es que el sida es un invento de las grandes empresas farmacéuticas. Digo lo mismo: ¿alguien podría informarme de este asunto y decirme si esa tesis tiene fundamento?

 

(11 de septiembre de 2002)

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La democracia benéfica

He perdido ya la cuenta de las veces que he escuchado decir a unos u otros responsables políticos que hay que ilegalizar Batasuna «para impedir que esa gente siga disfrutando de los beneficios de la democracia». Se ve que algún experto en agitprop ha persuadido a sus señorías de que la frase es resultona y contundente, y no paran de soltarla, erre que erre.

Patinan, para variar.

Las libertades y los derechos ciudadanos no son privilegios de los que el populacho goce por generosa concesión del Estado. Todo ciudadano de este país, con independencia de sus virtudes o sus deméritos, sus logros o sus crímenes, tiene un conjunto de derechos de los que no es lícito privarle salvo por sentencia firme, en unos casos, o de ningún modo, en otros, si se trata de derechos inalienables.

«Vaya obviedad», me dirán ustedes. Y acertarán. Pero no es mi culpa si algunos han decidido prescindir de lo obvio.

El juez Garzón, por ejemplo.

El magistrado en cuestión ha decidido suspender la actividad de un partido político, privando con ello de diversos derechos fundamentales –los de asociación, reunión y manifestación, entre otros– a «esa gente», cosa que el respetable ha acogido con gran regocijo. ¿Cabe alegrarse de que un juez instructor se permita emitir un auto en el que veda el uso de derechos fundamentales a miles y miles de ciudadanos a los que no ha acusado de nada, ni –por supuesto– procesado? ¿Merece aplauso una actuación judicial que equivale a la instauración de un estado de excepción de aplicación selectiva por razones ideológico-políticas, ya que no procesales?

Respuesta mayoritaria: sí; cabe, y de hecho se celebra y aplaude, porque sirve «para impedir que esa gente siga disfrutando de los beneficios de la democracia». Respuesta mía (personal y témome que intransferible): cabe, por desgracia, pero es aberrante, porque elimina de un plumazo el principio de seguridad jurídica teóricamente consagrado en el artículo 9, apartado 3, de la supuestamente vigente Constitución Española. Cuantos admiten que tales medidas represivas deben quedar fuera de discusión porque van contra quienes van, y contra «esa gente» todo es poco y cualquier reserva equivale a cobardía, si es que no a complicidad, están dando luz verde a la arbitrariedad de los poderes públicos, que hoy se utiliza contra «esa gente» y mañana –también hoy mismo, si bien se mira– contra cualquiera que pretenda que no debe hacerse un uso discrecional de la ley, según la simpatía o la repugnancia que nos merezca el justiciable, porque o la ley es igual para todos o no es ley, sino trampa.

Como en este caso.

 

(10 de septiembre de 2002)

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Ese 29%

Según un sondeo realizado a escala internacional –¡que manía tienen de llamar a eso «encuestas»!–, un 48% de la población española está en contra del ataque contra Irak que prepara Tony W. Bush (¿o era George Blair? Ya no me acuerdo).

Dicen que, según los datos de ese sondeo, «sólo» un 29% de los españoles consideran acertado el ataque contra Irak. Lo cual quiere decir, de paso, que un 22% carece de opinión al respecto.

Es sin duda patético que haya tantos ciudadanos del Estado español que no sepan qué pensar sobre una guerra en ciernes –deben de ser como aquel soldado soriano al que le preguntaron qué representaba para él la Patria y respondió: «Y yo qué sé... Se dicen tantas cosas»–, pero mucho más acojonante es que todavía más, casi uno de cada tres, se declare a favor. Pero ¿a cuento de qué? ¿Cómo pueden estar seguros de que Irak representa un peligro para la Humanidad si ni siquiera lo está el secretario de Estado norteamericano? ¿Cómo pueden ser tan zampabollos, tan rematadamente estúpidos como para dar de antemano su visto bueno a una guerra sobre cuyos entresijos no tienen ni puta idea?

Algunos se muestran muy orgullosos porque un 48% rechaza la guerra y dicen que eso da cuenta del profundo pacifismo del pueblo español. Anda y que les den dos duros. Entre los que no saben qué pensar de la guerra y los que están a favor, nos tienen rodeados.

 

(9 de septiembre de 2002)

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