Zoom

Diario de un resentido social

Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2002

Sangre, sudor y lágrimas

¿Cómo fue aquello de Churchill? «Blood, sweat and tears», ¿no? El Tercer Reich lanzaba ataques aéreos en tromba sobre Londres, la RAF no acertaba a detener la avalancha y era necesario que la población asumiera la realidad tal cual, en toda su crudeza.

Cuenta Aznar que le gusta «repasar (sic) la obra de Winston Churchill». Mucho me temo que este verano se haya pasado mucho con el repaso.

«Aún tendremos que hacer sacrificios», ha anunciado desde su Sanaí de Quintanilla, cual si España estuviera abocada a padecer alguna calamidad y a él no le cupiera sino preparar a la ciudadanía para sobrellevar la catástrofe.

Dejémonos de pamplinas. Él nunca dijo que su política para Euskadi consistiera en buscar el modo en que el terrorismo de ETA siguiera tal cual durante años y más años. Lo que aseguró sin ambigüedad ni reserva alguna es que ETA podía ser derrotada sirviéndose única y exclusivamente de métodos represivos, y que eso era exactamente lo que él iba a hacer durante su mandato. No lo ha conseguido ni de lejos y, en vez de asumir modestamente su derrota, admitiendo que teníamos razón los que predijimos que no lo lograría, discursea ahora con aire solemne acerca de lo mucho que habrá que aguantar aún en materia de bombas y de tiros.

«Con la ilegalización de Batasuna no ganaremos la guerra, pero sí una importante batalla», pronostica el vicepresidente Rajoy, que se desentiende de lo que pueda hacer ETA, asegurando que «si responde con atentados, se limitará a hacer lo que hace siempre».

Pero, ¿de qué va esta gente? ¿Qué clase de generales son éstos que reconocen estar librando guerras que no tienen ni idea de cómo ganar, en el supuesto de que pudieran ganarlas?

Por lo común, cuando las guerras se prolongan mucho, las ciudadanías no sueñan con la victoria de sus ejércitos en tal o cual batalla, sino con el cese definitivo de la guerra. Quieren vivir en paz. Pero Spain is different. Aquí la mayoría elige a un señor que promete acabar con la guerra, al cabo de unos años se le presenta y le dice que ni lo ha logrado ni sabe cómo hacerlo y ella, en lugar de mandarlo a freír espárragos y poner a otro con ideas más ajustadas a la realidad, lo aclama como gran estadista.

Entretanto, pone a parir a los únicos que lograron que hubiera una tregua prolongada.

Decía Hegel que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Podía haber afinado más la idea. No es que los tengan: es que se los buscan.

(1 de septiembre de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

L’Express pregunta

La cuasi unanimidad con que la Prensa con sede en Madrid ha acogido las iniciativas tendentes a colocar a Batasuna fuera de la Ley ha provocado una situación curiosa: que los pocos que nos hemos declarado públicamente en contra nos veamos asediados por quienes necesitan –casi siempre por razones profesionales– explicar los fundamentos del rechazo. En los últimos días me ha tocado atender a un buen número de colegas de la Prensa extranjera que, así sea sólo para cumplir con los dictados de los Libros de Estilo de sus medios, deben dejar constancia no sólo de los argumentos prohibicionistas mayoritarios, sino también de los de la minoría contraria. Por la amplitud del trabajo que se tomó, y por lo pormenorizado de mis respuestas, reproduzco a continuación el contenido de la entrevista que me hizo anteayer el corresponsal del semanario francés L’Express.

PREGUNTA.– ¿Es legitimo prohibir un partido que representa al 10% del electorado en una democracia como la española, basada sobre la libre concurrencia de los partidos y sólo 25 años después del fin de la dictadura?

RESPUESTA.– En mi conocimiento, no existe ningún Estado cuya legislación no incluya la posibilidad de ilegalizar un partido político, si éste incurre en los supuestos prefijados por la Ley. El hecho de que ese partido represente a más o menos personas es relevante, sin duda, en el plano político, pero no en el legal. La Ley sanciona los comportamientos delictivos al margen de toda consideración de oportunidad o inoportunidad.

Pero la ilegalización de un partido (o la suspensión legal prolongada de todas sus actividades) ha de atenerse a requisitos muy estrictos que garanticen el rigor jurídico y excluyan toda arbitrariedad de naturaleza política, en la medida en que son medidas que afectan al ejercicio de un derecho fundamental de las personas. Ninguno de los dos procedimientos que se están siguiendo en España para ilegalizar Batasuna posee ese necesario rigor garantista. Ambos pretenden sancionar al partido político (o lo sancionan de hecho) en tanto que instrumento necesario para la comisión de actos ilícitos sin haber demostrado previamente en un procedimiento penal la culpabilidad de los integrantes de sus órganos rectores colegiados.

La posibilidad de que Batasuna sea un partido dedicado a actividades ilegales sin que los miembros de su Mesa Nacional hayan incurrido en delito alguno –puesto que ninguno ha sido procesado hasta ahora– es para mí un fascinante misterio metafísico, sólo comparable con el de la concepción de la Virgen María.

PREGUNTA.– Su oposición a la nueva ley ¿es de principio o sobre las circunstancias?

RESPUESTA.– Es de principio. Considero que esa Ley establece una vía de ilegalización de los partidos que deja un amplio margen a la arbitrariedad y que mezcla peligrosamente los campos de actuación del Poder Judicial y del Ejecutivo.

PREGUNTA.– El PP fue muy duro frente a los críticos de la nueva ley. ¿Significa que la democracia española es tan débil que no puede aceptar un debate abierto sobre una cuestión tan delicada?

RESPUESTA.– El régimen parlamentario está más que asentado en España. La falta de un debate serio y respetuoso sobre esta cuestión debe entenderse en el contexto de las nuevas tendencias autoritarias que tanto predicamento han conseguido en todo el mundo tras el 11 de Septiembre. Se toman medidas que restringen las libertades ciudadanas y confieren potestades abusivas a los poderes ejecutivos en nombre de la necesaria lucha contra el terrorismo y, a partir de eso, se tacha de cómplice del terrorismo a todo aquel que critica tales excesos. En nombre de la defensa de la libertad, se restringe la libertad. Es un fenómeno internacional.

PREGUNTA.– ¿Por qué las voces críticas son tan raras en España?

RESPUESTA.– Es una realidad compleja, que hunde sus raíces en el pacto de silencio que permitió la reforma política de 1976-1977, en virtud de la cual una dictadura se convirtió en democracia sin mediar ruptura. La clase política española considera que decir la verdad sobre los asuntos importantes, desde la Monarquía a las muchas otras herencias del franquismo, es de muy mal gusto, amén de tremendamente desestabilizador.

PREGUNTA.– Es Ud. crítico también con la vía penal utilizada por Garzón. ¿Por qué?

RESPUESTA.– Porque se ha servido de manera abusiva de un artículo del Código Penal que no fue previsto para situaciones como ésta. El resultado ha sido que un juez instructor ha suspendido por tres años los derechos y libertades de muchos ciudadanos que no sólo no están condenados por la Justicia, sino ni tan siquiera procesados. Es aberrante.

PREGUNTA.– ¿Por qué Aznar ha decidido actuar ahora?

RESPUESTA.– Supongo que porque se acerca el fin de su mandato, no ha conseguido ningún avance significativo en la pacificación de Euskadi y teme dejar esa herencia a su sucesor. Trata de dar la sensación de que tiene iniciativas concretas.

PREGUNTA.– ¿Qué consecuencias espera Ud. que tenga esto en el País Vasco?

RESPUESTA.– Dejar sin representación política legal a decenas de miles de personas será a buen seguro un factor de crispación muy importante. Otro más. Como ya he escrito, esa medida viene a ser como si a una olla a presión puesta al fuego se le obtura la válvula de seguridad.

PREGUNTA.– Pero la clausura de las sedes se ha hecho sin gran oposición...

RESPUESTA.– Batasuna no tenía la menor intención de plantear en ese terreno una batalla a vida o muerte. Ésta ha sido desde hace años y sigue siendo una pugna de desgaste. Lenta, pero agotadora.

PREGUNTA.– ¿Cómo puede solucionarse el problema vasco? ¿Esta Ley va a ser útil?

RESPUESTA.– No hay un solo «problema vasco». Conviene no identificar el terrorismo de ETA con las dificultades de encaje del País Vasco en el conjunto del Estado español. Este último problema existía ya mucho antes de que ETA naciera y seguirá existiendo, muy probablemente, después de que ETA desaparezca.

Dicho lo cual, no sé cómo podrán solucionarse esos problemas. Sé, a cambio, cómo no se solucionarán: por la vía que está siguiendo el Gobierno de Aznar con el apoyo del Partido Socialista.

(31 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

Quintanilla de Abajo

Todos los años por estas fechas, el presidente de Gobierno se persona en la pequeña población vallisoletana de Quintanilla de Onésimo para dar a conocer a la opinión pública, tras una cena con la militancia local del PP, las grandes líneas de su planteamiento ante el incipiente curso político. Allí estuvo el pasado miércoles, fiel a la cita, y allí dejó sentados los criterios esenciales con los que aborda el asunto estrella de la temporada: la ilegalización de Batasuna. Dijo que no espera milagros de la medida –pronosticó «sacrificios»–, pero aseguró que debe tomarse, porque es lo que cumple a una democracia «madura», «normal» y «sin complejos».

Huelga decir que José María Aznar es muy dueño de escoger el punto geográfico que mejor le parezca para iniciar su curso político. Pero habrá que admitir que el pueblo de su predilección no exhibe el nombre más adecuado para ilustrar la madurez y la normalidad de su vocación política, con o sin complejos.

Como se sabe –supongo–, Quintanilla de Onésimo no se llama así de toda la vida. Su nombre genuino es Quintanilla de Abajo. Los franquistas decidieron rebautizar el pueblo al término de la Guerra Civil para rendir tributo a uno de los suyos: Onésimo Redondo. Y ahí sigue el homenaje, clavado en la toponimia.

A aquellos que no tengan mayor noticia del tal Redondo, quizá les oriente saber que hasta sus propios camaradas falangistas preferían no pormenorizar ni sus andanzas ni su doctrina. Se trató de un personaje siniestro, que dedicó su turbulenta vida a denigrar las libertades políticas, a vilipendiar el sufragio universal, a alentar el antisemitismo, a preconizar el racismo y, muy en especial, a exaltar el uso de la violencia sectaria, que él mismo practicó. Defendió en sus escritos «las actuaciones guerreras, de violencia» para «sojuzgar a los traidores», alabando la utilización de «la estaca, el puñal y la pistola como instrumentos superiores de victoria». Decía que la violencia contra «judíos, masones y marxistas, que con tanta frecuencia son una sola cosa», es «lícita y santa», maldecía la existencia del «Parlamento de partidos», preconizaba la «supresión de la libertad francesa y masónica de hablar y escribir» y alentaba «la actividad antisemita» y el odio a los judíos, a los que consideraba «machados con la ley de la herencia» y culpables de financiar el comunismo (sic). Por resumir: era un nazi de tomo y lomo.

Aznar no es culpable de que Quintanilla de Abajo fuera rebautizada con el nombre de tan tétrico personaje. Pero, tras 13 años al frente del PP –sin contar con su previo liderazgo castellano-leonés–, no parece que sea la falta de tiempo lo que explique su apacible y recurrente coexistencia con el culto a un pistolero fascista.

(30 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

¿Cómo se las arreglan?

Ayer fue un día propicio al hartazgo. Al político, claro –todo el tiempo colgado al teléfono a costa de Batasuna: Radio Euskadi, Radio Inter Economía, L’Express...–. Pero no sólo: propicio a un buen puñado de hartazgos diferentes.

Al hartazgo de servicios técnicos, por ejemplo. Por la mañana tuve en casa a dos mendas que se ensañaron con un aparato, calentador de agua y calefactor a la vez, que había decidido por su cuenta dejar de funcionar. Cuando se fueron, casi a la hora de comer, me dejaron el calentador en correcto funcionamiento (ideal para fregar la cocina, francamente sucia después de sus andanzas) y con la calefacción disponible (perfecta para calentar mi cartera, que quedó tiritando, tras pagar su factura).

Por la tarde fue el turno de Canal Satélite Digital. Aquí hay que hablar de sesión continua. Ya habían estado la víspera para reorientar la parabólica. Se ve que el satélite se ha movido, o yo qué sé. Habían prometido que vendrían a las diez de la mañana, pero aparecieron a la una de la tarde. Acabada la reorientación de marras, según resintonizaban el aparato, dijeron que el terminal estaba muy baqueteado y que convenía cambiarlo; que pasara por un almacén que tienen cerca de mi casa y que me darían gratis otro. Así que ayer me acerqué a hacer el cambio, me dieron el terminal nuevo, lo instalé... y ahora ya no veo nada. Con lo que tendré que volver mañana a que me lo re-recambien.

Tiempo y más tiempo.

Se pierde el tiempo sin parar. Se pierde porque las reparaciones son largas, y lo son las gestiones («En este momento todas nuestras líneas están ocupadas... Espere, por favor, y le atenderemos en breves instantes...», y así una y otra vez) pero, sobre todo, se pierde porque no hay modo de que nada se realice a una hora prefijada. Inútil tratar de establecer una cita concreta. Como mucho, te aportan una hora indicativa («Entre 10 y 12 y media», me dijeron los del gas).

Yo les entiendo. Yo lo entiendo ya casi todo, para estas alturas. Me hago cargo de que, cuando entran en una casa para hacer una reparación, no saben cuánto tardarán en acabarla, y que la media hora prevista puede convertirse en hora y media. Pero para eso están los teléfonos: se llama al siguiente cliente y se le avisa del retraso, por si quiere hacer entretanto algún recado o por si prefiere trasladar la cita a otro día.

Tengo ahora pendiente, que recuerde, otra reparación más de las que requieren servicio técnico oficial. Tiemblo de pensarlo. ¿Cuántas veces tendré que llamar hasta que me atiendan? ¿Para cuándo me darán cita? ¿Qué me costará la broma, en tiempo y en dinero?

Pero mi duda principal no es ésa. Ni siquiera se refiere específicamente a mí. Es más general. Me planteo: ¿cómo se las arreglan las personas que viven solas –o de dos en dos, me da igual, si trabajan ambas– cuando no tienen más vuelta de hoja que meterse en un trajín de servicios técnicos del estilo del mío, o mayor, que los hay, y muchos? Yo me apaño mal que bien, porque mis relaciones laborales son con gente razonable, pero ¿y el personal que ficha y no puede abandonar su puesto de trabajo si no es por fuerza muy mayor? ¿Con qué cara le dice al jefe que, lo mismito que faltó anteayer y ayer, va a fallar también mañana? Insisto: ¿cómo se las arregla?

Es una pregunta retórica. Ya me sé la respuesta: se las arregla muy mal.

––––––––––

Nota de régimen interno.– Ayer, imagino que por razones de rabiosa actualidad política, esta página registró el número más elevado de visitas que haya tenido nunca desde su creación, en julio de 2000. Fueron exactamente 802 las visitas que contabilizó Nedstat a lo largo del día. También recibí mucho correo electrónico, casi todo él motivado por la columna que apareció publicada por la mañana en El Mundo.(Como siempre, división de opiniones. La única carta que me molestó fue la de un tipo que decía que soy «un soso». ¡Habrase visto! ¡Lo que hay que aguantar!). Dicho lo cual, reitero mis disculpas por lo poco, mal y tarde que estoy respondiendo a los emilios que me llegan, pero mis días se componen de 24 horas, y buena parte de ellas se me van en historias como las relatadas supra. Hago lo que puedo.

(29 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

Batasuna y el Sinn Fein

Un portavoz del Gobierno de los Estados Unidos se negó ayer a comparar a Batasuna con el Sinn Fein. Imagino que rechazó cualquier intento de equiparar a una y otra organización por un motivo esencial: la misma Casa Blanca que ayer aplaudía la ilegalización de Batasuna ha mantenido relaciones políticas con los republicanos irlandeses.

Batasuna y el Sinn Fein son organizaciones que responden a realidades muy diferentes, sin duda, pero ambas tienen un rasgo común indiscutible: su defensa histórica de la legitimidad del uso de métodos terroristas para promover postulados nacionalistas. Desde ese punto de vista, el Sinn Fein presenta incluso una imagen más problemática que la de Batasuna, en la medida en que todo el mundo sabe que en los condados del norte de Eire es la organización política la que tiene la batuta, y no al revés, como en Euskadi.

El Gobierno español tendrá también que decidir: si lo que él ha hecho es tan elemental, ¿por qué admite que el Gobierno de Londres haga lo contrario? ¿O es que tal vez considera que el Sinn Fein no tiene nada que ver con el IRA, o que el IRA no es un grupo terrorista?

(28 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

La olla a presión

Escuché ayer al ministro de Justicia afirmar que el voto contrario del PNV a la ilegalización de Batasuna significa que los nacionalistas vascos «todavía no se han decidido a pasar la raya y ponerse del lado de los demócratas». El Gobierno no comparte, pues, el criterio de quienes sostienen que éste es «un asunto que divide a las fuerzas democráticas». Es tajante: quien no está en esto de su lado se sitúa al margen de las filas democráticas.

Habría preferido con mucho que, en esta materia como en cualquier otra, cupiera una discusión libre y sin amenazas de excomunión. Pero no porque eso sea imposible renunciaré a dejar constancia de mi doble oposición: al auto de Garzón y a la Ley de Partidos. Tan sólo para que, cuando el día de mañana aparezcan los lodos, quede claro quién los propició con su parte alícuota de polvo y quién no.

En primer lugar, comparto el criterio de los juristas que afirman –en voz muy baja: temen arruinar sus carreras– que el auto de Garzón se basa en una interpretación abusiva del artículo 129 del Código Penal, que no se dictó para ser aplicado a partidos políticos. Por mi parte, considero absurdo que un juez instructor pueda privar de derechos fundamentales a un amplio conjunto de ciudadanos que no sólo no están condenados, sino ni tan siquiera procesados.

La cuestión de fondo, en todo caso, no es jurídica, sino política. El punto de vista oficial es que la ilegalización de Batasuna privará a ETA de fuentes de financiación y reducirá el clima de presión que sufren quienes se enfrentan al terrorismo. Es una presunción carente de sustento objetivo. En cuanto a lo primero: está más que probada en muy diversos países, incluido EEUU, la capacidad de unas y otras organizaciones clandestinas para cobrar sus impuestos al empresariado y mantener redes de financiación formalmente honorables. Por lo demás, la financiación de ETA nunca ha dependido de la estructura orgánica de Batasuna. Otra cosa es lo que hayan hecho o puedan hacer tales o cuales militantes suyos a título personal: eso se mantendrá en las mismas condiciones que hasta ahora. Segundo: no veo por qué las amenazas vertidas en privado, o a través de pintadas u octavillas sin firma legal, o mediante concentraciones espontáneas ante los domicilios, vayan a resultar menos intimidantes que las lanzadas con luz y taquígrafos, forzosamente más comedidas.

Batasuna ha venido siendo hasta ahora, sin duda, la organización que canalizaba la acción política de los partidarios de ETA. Pero los incondicionales de ETA representan, según el último euskobarómetro, una ínfima proporción de los seguidores de Batasuna. La neutralización de Batasuna deja sin vía de expresión política legal a decenas de miles de personas ajenas a ETA.

El PP y el PSOE han llegado a la conclusión de que, para que una olla a presión haga menos ruido, lo mejor es suprimirle la válvula de escape. No tardaremos en comprobar los efectos que tiene tan genial idea.

(27 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí

Por el artículo 33

Cuanto más lo veo, más me preocupo.

Cualquiera que tenga aunque sea sólo unas mínimas nociones de Derecho se da cuenta, así que examina el artículo 129 del Código Penal invocado por Baltasar Garzón para ordenar la suspensión de las actividades de Batasuna, de que el juez instructor está usándolo de manera abusiva. Se trata –texto y contexto lo delatan a las claras– de una disposición pensada para empresas y asociaciones de carácter privado, y no para partidos políticos. De hecho, el artículo habla de suspender las actividades de sociedades, empresas, fundaciones o asociaciones, sin más. De haber sido voluntad del legislador que esa potestad judicial abarcara a los partidos políticos, lo habría mencionado de manera explícita, al tratarse de un tipo de asociación tan característico como relevante desde un punto de vista jurídico.

No sólo la lógica jurídica: también el puro sentido común impide considerar que el mencionado artículo 129 del Código Penal sea aplicable a la actividad de un partido político. Un partido es expresión del uso y disfrute de un derecho fundamental, cual es el de asociación política. Un juez instructor no es quién para prohibir a miles de personas, que ni siquiera están procesadas –no digamos ya condenadas–, el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales.

Tengamos todos por seguro que cientos, que miles de juristas españoles han analizado y catalogado este asunto del mismo modo que yo acabo de hacerlo. ¿Por qué callan? ¿Por qué ninguno levanta la voz para decir que lo que está haciendo Garzón es jurídicamente impresentable, un fraude de ley como la copa de un pino?

La respuesta es tremenda. Callan unos –los más, probablemente– porque creen que contra Batasuna vale todo: lo aplicable y lo inaplicable. Si callaron ante la actuación de los GAL, ¿por qué iban a alzar ahora su protesta?

Y calla el resto por puro y simple miedo. Porque saben que, en el clima de histeria patriotera que han puesto en marcha entre el PP y el PSOE, mostrar reticencias, por justificadas y razonables que sean, equivale a inscribirse uno mismo en la lista negra de los cómplices del terrorismo.

Hoy Garzón va a suspender cautelarmente las actividades de Batasuna, pero no por el artículo 129 del Código Penal, sino por el artículo 33 de su real gana, consentida y jaleada por la mayoría del pueblo español.

(26 de agosto de 2002)

Para volver a la página principal, pincha aquí