Archivo del «Diario de un resentido social»

Semana del 12 al 18 de febrero de 2001

Qué aburrimiento

Repasa Radio Nacional los momentos estelares de su programación semanal. Resalta el contenido de una entrevista que Manuel Antonio Rico hizo –el pasado jueves, parece– al portavoz del PSE-PSOE en el Parlamento vasco, Rodolfo Ares.

Compruebo que al señor Ares le disgustó mucho que la Conferencia Episcopal española anunciara su determinación de no firmar el pacto PP-PSOE. Por lo oído, al dirigente de los socialistas vascos le tocó muy particularmente las narices que los obispos dijeran que no querían meterse en política.

Obviamente, considerada la política en sentido amplio, como actitud ante los asuntos cívicos, los obispos no podrían quedar al margen, aunque quisieran. Ni ellos ni nadie. Negarse a intervenir es, sin duda, una forma de intervenir en favor de lo existente.

Pero no iba por esos derroteros la crítica de Ares. A él lo que le fastidiaba es que los obispos hubieran considerado el pacto PSOE-PP como un acuerdo partidista. Y fue por ahí por donde orientó su ataque: «Nuestro pacto condena la violencia. ¿Eso es política? ¿Es política defender los derechos humanos?». Y se explayó a gusto en esa dirección, con amplio aparato retórico: «¿Es política solidarizarse con las víctimas? ¿Es política oponerse a los que cercenan la libertad de expresión?». Etcétera.

Francamente, es un aburrimiento.

Ares sabe de sobra que los obispos suscriben todo eso. Entre otras cosas, porque ya lo han suscrito decenas de veces. Sabe también perfectamente cuál es el punto de la discordia: el famoso preámbulo en el que los promotores del acuerdo condenan la política de los nacionalistas vascos. Y sabe que, si los obispos no quieren respaldar ese pacto, es porque consideran que le Iglesia se metería en un lío considerable si tomara partido contra el PNV y, de paso, contra quienes lo respaldan en este asunto (CiU, por ejemplo). Aunque sólo fuera porque tiene bastante feligresía entre los seguidores de esos partidos.

Pero Ares no tiene ningún argumento que exponer a este respecto, de modo que lo deja de lado y se dedica a perorar sobre evidencias, persiguiendo fantasmas y refutando lo que nadie ha argumentado. Con lo que pierde el tiempo él y nos lo hace perder a nosotros.

Lo cual parece que entusiasma a Radio Nacional de España.

(18-II-2001)

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«Un mundo lo más pacífico que quepa»

George W. Bush dice que ha ordenado el bombardeo de Bagdad porque está dispuesto a «asegurar un mundo lo más pacífico posible».

Los halcones de la Roma Imperial inventaron aquella máxima cínica y cruel: Si vis pacem, para bellum («Si quieres la paz, prepara la guerra»). Bush, que siente una vaga simpatía por el latín porque le han dicho que es una lengua muerta, oyó la frase, pero la entendió mal. Creyó que era si vis pacem, Parabellum.

Y pensó: «Coño, no tenía ni idea de que la Parabellum fuera tan antigua. Pero, si eso es lo que recomendaban los propios inventores de la democracia...». (Porque ya se sabe que el presidente de los EEUU no tiene las ideas muy claras sobre Grecia. Hace meses, llamó a los habitantes de Grecia grecianos).

Total, que mandó bombardear, convencido de que para lograr la paz no hay nada como hacer la guerra.

Es, a su modo, un clásico.

(17-II-2001)

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De regreso a la realidad

¿Por qué casi todo el mundo dio por hecho que la ya para estas alturas célebre frase xenófoba pronunciada en el Parlamento andaluz y captada accidentalmente por un micrófono de RTVE («Los moros, a Marruecos, que es donde tienen que estar») había sido pronunciada por un representante del PP?

Porque casi todo el mundo es consciente de que el PP cuenta en sus filas con elementos que son de un primitivismo ultrarreaccionario de mucho cuidado.

¿Por qué muy poca gente imaginó que esa bochornosa frase podía proceder de un parlamentario del PSOE?

Porque la mayoría da por hecho que el PSOE es un partido uniformemente progresista, moderno, de amplios horizontes, poco dado al racismo, etcétera, etcétera.

Pues que la mayoría vaya regresando a la realidad.

El martes pasado se discutió en el Congreso de los Diputados una moción del PNV que pretendía la retirada de las calles y plazas de España de los muchos monumentos, placas y otros símbolos que siguen rindiendo homenaje a los militares sublevados en 1936 y a los civiles que secundaron su sanguinario alzamiento. El PP buscó hasta debajo de las piedras argumentos para votar en contra de esa iniciativa sin tener que reconocer a las claras la verdad: que se oponía a ella porque no quiere contrariar a una parte de su base social, que sigue siendo medularmente franquista.

«El PP se ha quedado solo en su defensa de los emblemas del franquismo», clamaron algunos. Pero obviaron que, si ese debate se plantea a estas alturas, es sólo por una razón: porque el PSOE se pasó 13 años en el Gobierno sin hacer nada por acabar con semejante estado de cosas.

Recuerdo que, hace algo así como tres lustros, pregunté a un responsable municipal de Barbate, en Cádiz, cómo narices era posible que el Ayuntamiento socialista no hubiera cambiado el nombre del pueblo, llamado a la sazón –y no sé si todavía– Barbate de Franco. Me respondió que era... ¡«una cuestión histórica»!

Son primos hermanos.

No niego que una parte del PSOE pueda estar haciendo un esfuerzo por cambiar. Tampoco lo afirmo. Lo que sostengo es que en ese partido hay todavía bastante gente como el tal Rafael Centeno, hasta ahora vicepresidente del Parlamento andaluz, capaz de considerar que queda gracioso meterse con «los moros». Y gente, como Chaves, que dice que pedir cuentas al PSOE por ello es «oportunismo político absolutamente reprobable».

Gente, en suma, capaz de volver a peregrinar a Guadalajara, si llegara a terciarse.

(16-II-2001)

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La Justicia

Dice Rodríguez Zapatero que el PSOE no presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería porque «de todos modos, el Tribunal Constitucional no resolvería antes de siete años», con lo que «ya me dirán de qué estamos discutiendo».

Pues yo se lo diré: estamos discutiendo de una ley que, en opinión de muchos expertos juristas –y en la de no pocos legos–, es radicalmente inconstitucional. Lo cual plantea una cuestión de principios que exige una respuesta de principios, al margen de su utilidad práctica, mediata o inmediata.

Me pregunto si Rodríguez Zapatero sabrá qué es una cuestión de principios.

Por lo demás, su argumento, en la medida en la que señala un problema real, no afecta sólo a la Ley de Extranjería. De pensar realmente lo que dice, el secretario general del PSOE debería proclamar que su partido renuncia a presentar recursos de inconstitucionalidad, en general, se refieran a lo que se refieran, porque la tardanza del TC es en todos los asuntos la misma, salvo cuando hay de por medio personas encarceladas.

La salida inhibitoria de Zapatero tiene todo el aspecto de ser una mera excusa para aceptar de tapadillo la Ley de Extranjería, muy en su línea de compadreo con el Gobierno.

Por lo demás, es cierto que una Justicia lenta es siempre una Justicia injusta.

Los plazos con los que trabaja el TC son monstruosamente dilatados.

En tiempos, cuando se interponía un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, ésta quedaba provisionalmente en suspenso, hasta que el tribunal se pronunciara. Eso facilitó no pocos abusos: la oposición tenía así un medio para tumbar de facto las leyes que le disgustaban. Pero haberse pasado a la opción contraria no ha mejorado las cosas: ahora es la mayoría parlamentaria la que tiene vía libre para aprobar leyes anticonstitucionales a las que quiera sacar rentabilidad a corto y medio plazo. Para cuando el TC se las echa para atrás, el mal está ya hecho. La solución sería encontrar una fórmula intermedia: que el propio tribunal tuviera capacidad para decidir, tras un primer examen del recurso, si deja en suspenso provisionalmente la ley recurrida o no, en el buen entendimiento de que, caso de decidir la suspensión cautelar, el sumario pasa a tener carácter de urgencia.

Ahora que Acebes ha lanzado una propuesta de amplia reforma de la Justicia, que incluye algunos aspectos de hondo calado –el cambio del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, o la reforma de la Ley del Jurado–, sería el momento de que la oposición reclamara una transformación en profundidad del funcionamiento del Tribunal Constitucional.

Pero no lo veo yo al Zapatero éste nada proclive a las reformas destinadas a independizar la Justicia. Me da que lo que más le preocupa es negociar las cuotas que le van a tocar al PSOE en los diversos órganos del Poder Judicial.

(15-II-2001)

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Polemistas de pacotilla

Estoy dispuesto a discutir amable y educadamente sobre casi todo. Me enfadan, en cambio, y mucho, las discusiones en las que tratan de tomarme el pelo. El PP, ayer en el Parlamento, y sus corifeos mediáticos, hoy en radios y periódicos, han intentado mofarse de la opinión pública sirviéndose de técnicas polémicas de una pobreza insultante.

Primer asunto: la oposición parlamentaria plantea la reprobación de Arias Cañete y Villalobos. Las reiteradas falsedades del primero en relación a sus negocios y la incompetencia de ambos a la hora de gestionar la crisis de las vacas locas claman al cielo. PSOE e IU hacen recuento de los desatinos de ambos. Respuesta del PP y sus amigos: nada de destituciones ni dimisiones; lo que la oposición debería hacer es presentar propuestas constructivas. Pero, ¿ha mentido Arias Cañete como un bellaco, sí o no? ¿Ha metido la pata una y otra vez Celia Villalobos, sí o no? No hay respuesta.

¡Valiente ridiculez, ésa de las propuestas constructivas! Cualquiera que se dedica a construir sabe que antes de levantar nada hay que quitar lo que estorba. Hasta en los solares más lisos es necesario empezar por cavar cimientos. La destrucción es parte de la construción. Es una estupidez clasificar las críticas en constructivas y destructivas. Hay críticas de dos tipos: acertadas y erróneas. Salirse por peteneras ante una crítica correcta alegando que no es «constructiva» es una estafa intelectual de mil pares.

Segundo asunto, todavía más clamoroso: el PNV presenta una propuesta de resolución que, tras condenar el alzamiento fascista del 18 de julio de 1936, reclama que se retiren de las calles y plazas de España los signos de homenaje a los vencedores. Algo razonable a más no poder: aún hay cientos de calles y avenidas españolas que llevan sus nombres y quedan decenas de monumentos dedicados a su gloria. Respuesta de emergencia: ¿cómo puede el PNV ponerse a hablar de la guerra civil a 24 horas de un intento de atentado de ETA en Madrid? El culo y las témporas: cuando los nacionalistas vascos presentaron ese proyecto de resolución, nadie sabía qué día se abordaría, ni qué habría pasado o dejado de pasar la víspera. Siguiente objeción: ¿pretenden condenar el 18 de Julio y no a ETA? Pero, ¿qué tendrá que ver? Se condena el alzamiento del 18 de Julio del 36 cuando se habla del alzamiento del 18 de julio del 36 y a ETA cuando se habla de ETA. ¿Qué pretenden, que alguien te pregunte la hora y sea obligatorio contestar: «Son las 7 y media y condeno el terrorismo de ETA»?

El PSOE e IU –son como son, qué le vamos a hacer– entraron a ese trapo y presentaron una enmienda para que en la resolución figurara también una condena a ETA. El PNV, vistas las circunstancias, la aceptó. Entonces sale el PP y dice que no puede votar a favor de una resolución que pone en el mismo plano un hecho del pasado y una tragedia del presente.

Los peones mediáticos de la cuadrilla del PP se han aferrado a este último argumento como a un clavo ardiendo: «¡Claro que sí! ¿A cuento de qué condenar ahora el alzamiento militar del 36 y no la dictadura de Primo de Rivera o el intento de golpe de Sanjurjo?». Pues a cuento de lo que tratáis de ocultar, malditos tramposos: que lo que el PNV planteaba era un hecho extremadamente actual, cual es la existencia masiva en las ciudades y pueblos de España de calles que llevan el nombre de asesinos, de estatuas erigidas en honor de asesinos, de placas que recuerdan a asesinos. Siguen ahí; están ahí, ahora mismo. Y no disimuléis: sabéis de sobra que siguen ahí porque son del agrado de una parte importante de las bases del PP, a las que Aznar y los suyos no quieren disgustar.

(14-II-2001)

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Santi y Rubén

Si de mí dependiera, las series españolas de televisión tendrían el mismo porvenir que Marujita Díaz en Herri Batasuna. No las odio, porque para eso tendría que saber de qué van. Sencillamente, no me interesan. Cuanto más me elogian alguna diciéndome que cuenta historias «muy reales», más me horripila. Lo único que me faltaría, tal como me llevo con el mundo exterior, es tragarme dosis suplementarias de realidad. (Una vez vi casi entero, por puro morbo, un capítulo de la serie Periodistas. Me tranquilizó comprobar que, felizmente, no tenía relación alguna con el periodismo de verdad. De lo contrario, la habría denunciado por sádica.)

Mi ignorancia de la materia justifica que hasta el pasado domingo no tuviera ni idea de la existencia de una serie titulada Al salir de clase, que emite Tele 5 y que, al parecer, hace furor entre los chavales. Me han contado que una de las particularidades de la serie es que durante meses ha venido relatando las aventuras y desventuras de dos chavales gays, Santi y Rubén, sin ridiculizar en absoluto su opción sexual y mostrando las dificultades a las que está abocado un amor como el suyo en una sociedad como la nuestra.

Eso está muy bien y comprendo perfectamente el efecto liberador que para los adolescentes gays y lesbianas habrá tenido que lo suyo sea tratado de manera respetuosa y desinhibida en un medio de comunicación de masas. Tanto más si ese tratamiento ha venido reflejando lo injusto y cruel que es el universo heterosexual, joven y adulto, con los homosexuales de uno u otro género. No estoy muy seguro de que la denuncia de esa crueldad tenga un gran efecto didáctico sobre la mayoría supuestamente bienpensante, pero por intentarlo que no quede.

Bueno, pues hete aquí que, por lo que me cuentan, hace ya algunos capítulos que los guionistas de la serie están llevando la historia por otros derroteros. Se habla de que grupos ultraconservadores han presionado sobre los patrocinadores publicitarios, y éstos a su vez sobre Tele 5, para que ponga fin a «esa inmoralidad». De entrada, los dos chavales en cuestión han pasado de darse besos a abrazarse casta y fraternalmente, mientras las parejas heterosexuales de la serie salen incluso en la cama, sin mayor problema. Pero se ve que esa censura de los signos externos de amor no basta a los cruzados de la Normalidad: parece que ya todo está dispuesto para que el ligue de los críos en cuestión desaparezca discretamente de la pantalla, y cuanto antes mejor.

Digo yo que esta gente no ha debido de escuchar al presidente Aznar, que con tanta energía denuncia el peligro que corre España de perder el tren de la modernidad.

(13-II-2001)

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El precio de la paz

Aznar viaja a Egipto e Israel. Doy por hecho que aprovechará la ocasión para aleccionar a sus interlocutores árabes y judíos en el principio fundamental de su pensamiento político actual: no se puede pagar precio alguno por la paz. Principio que, como es bien sabido, cabe formular también a la inversa: no se puede permitir que los violentos obtengan rédito político de su acción. Ariel Sharon le aplaudirá hasta con las orejas. Y también Hamas.

Imagino ya el estupor de más de uno: «¡Pero, hombre! ¡Aznar dice eso refiriéndose exclusivamente al País Vasco!». Bueno, el hecho es que no. Invito a quien quiera a que lo compruebe: él lo formula siempre como si se tratara de un principio general, esto es, como si fuera una verdad válida para cualquier tiempo y circunstancia.

Claro que no se lo cree. Por supuesto. Pero lo hace. Porque, si lo planteara como algo contingente, referido únicamente a Euskadi, tendría que descender a las circunstancias concretas del caso. Debería explicar por qué es partidario de que en Oriente Medio, en El Salvador o en Colombia se pague un precio por la paz y se permita que los violentos obtengan un rédito político y en Euskadi, en cambio, se niega en banda a nada que pueda parecerse a eso.

Y no es que esa diferencia de planteamiento carezca de posible explicación. Al contrario, la tiene, y relativamente sencilla. Pero no quiere darla, porque no es muy estética.

Aznar cree que la situación de violencia en esos puntos del planeta es realmente intolerable. Entiende que es imprescindible salir de ella y comprende que, para lograrlo, todas las partes en liza han de renunciar a algunas de sus exigencias. Dialogar, negociar, ceder.

A cambio, piensa que la situación de violencia que genera el conflicto vasco no es realmente intolerable. Lo único que le parece intolerable es que el independentismo vasco cobre alas. Se atiene a la vieja teoría, atribuida a Luis María Anson, de «la úlcera» y «el cáncer». Según esa teoría, ETA es para el Estado español como una úlcera: algo realmente molesto, pero no mortal. En cambio, el separatismo vasco es como un cáncer: plantea un riesgo cierto de muerte. De acuerdo con lo cual, el objetivo prioritario del Estado español no ha de ser terminar con el terrorismo, sino neutralizar el independentismo. Y a eso se dedica.

En mi criterio, el error clave de ese planteamiento no está en que menosprecie el daño que causa el terrorismo, sino en que ni siquiera considera el desastre más importante que está sufriendo la sociedad vasca: su división en dos comunidades que cada vez tienen más problemas para vivir juntas y en paz. Aznar no es consciente de que su política, con el correlato necesario del terrorismo de ETA y del fanatismo de los sectores más irredentos del MLNV, contribuye a agravar más y más esa escisión. No es consciente de ello... o le da igual.

(12-II-2001)

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