[Del 23 al 29 de septiembre de 2005]

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El armario de Rajoy

(Jueves 29 de septiembre de 2005)

El martes 20 me tocó asistir en directo a un espectáculo bastante insólito que se produjo durante la emisión el programa de ETB Pásalo, en el que suelo participar como contertulio. Estábamos criticando la decisión del PP de recurrir al Tribunal Constitucional la ley que permite el matrimonio entre homosexuales, decisión que Mariano Rajoy había asumido como propia, y conectamos con Carlos Biendicho, que es dirigente de una plataforma de militantes gays del PP. Biendicho, que se hallaba en un estado de excitación y cabreo tan comprensibles como obvios, afirmó que el PP está encabezado por una banda de fascistas perfectamente hipócritas en materia de sexo y sostuvo que el primero de los hipócritas es el propio Rajoy, que —dijo— se ha casado con una mujer obligado por su partido, para mantener las formas, pero que en realidad es homosexual. Alguien se apresuró a apuntar que Biendicho y sólo Biendicho era responsable de semejante afirmación, a lo que respondí que lo mismo puede aplicarse a todo lo que decimos quienes participamos en el programa. Me solidaricé con la indignación de Biendicho pero, acto seguido —aunque no estoy muy seguro de que se me oyera en medio del barullo que se montó—, dije que repruebo el llamado outing, esto es, que haya quien proclame a los cuatro vientos la homosexualidad de personajes públicos que la ocultan.

Ayer me telefoneó mi buen amigo Gervasio Guzmán y, aunque el hilo de la conversación iba por otros derroteros, salió a relucir lo del incidente del Pásalo. Me dijo que a él le parece bien lo del outing, que Rajoy es un hipócrita por no proclamar su identidad sexual y por haber aceptado que Fraga le obligara a contraer matrimonio con una mujer (por cierto que a mí me parecía recordar que Biendicho no habló de Fraga, sino de Aznar, pero eso es lo de menos) y que se tiene bien merecida la denuncia pública.

Lo primero que le pregunté a Gervasio es cómo sabe que Rajoy es gay.

—¡Lo sabe todo el mundo! ¡Se lo he oído a un montón de gente! —me respondió.

La explicación me pareció cualquier cosa menos convincente. En los mentideros gays de la capital de España —y supongo que en los de otras ciudades— todo el mundo pretende saber un montón sobre la vida privada de políticos, artistas, toreros, cantantes, tonadilleras, periodistas y futbolistas (entre otros ramos de la vida pública), pero mi experiencia es que buena parte de lo que dice que sabe no lo sabe en absoluto: la gente se hace eco de rumores que muchas veces crecen y se expanden sin fundamento real. Pero ésa es otra.

—Supongamos que Rajoy sea gay. ¿Y qué? Tiene perfecto derecho a no decirlo en público —le digo a Gervasio.

—¡Pero el problema es que defiende lo contrario! —salta.

—No es exacto. Él no dice que esté mal ser gay, sino que se opone al matrimonio gay. Pero aunque hiciera lo que tú dices. Podría hacerlo por diversos motivos. Entre ellos, la hipocresía. Te guste más o menos, las personas tienen derecho a ser hipócritas, y no creo que haya mucha gente que no sea circunstancialmente hipócrita, en la medida que sea y para lo que sea. El nivel de honradez exigible en la vida social es el fijado por el Código Penal. No cabe imponer por ley la obligatoriedad de proclamar la verdad sobre las propias inclinaciones. Y si a quien no lo hace lo denuncias públicamente, le estás imponiendo una ley no escrita, pero que comporta penas. Eso sin contar que habría bastante que hablar sobre la diferencia real que hay entre la hipocresía y la vergüenza.

Para no liar más la cosa, no le dije a Gervasio que le veo otro aspecto problemático al outing. Quien practica la proclamación pública de la homosexualidad ajena como merecido castigo por su hipocresía se aprovecha en la práctica de la mala consideración que la homosexualidad sigue teniendo en amplios sectores sociales. Veo en ello una turbia complicidad, un aprovechamiento innoble de la ideología todavía dominante con respecto a las relaciones sexuales.

En fin, y por resumir: no me gusta. Y aprovecho para decirlo cuando se trata de Rajoy, porque defender los derechos de los amigos no tiene ningún mérito. La gracia está en salir en defensa de aquellos a los que no tragas ni harto de grifa.

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El lío de la Constitución

(Miércoles 28 de septiembre de 2005)

Hay algunos puntos de acuerdo entre los partidos catalanes, excepción hecha del PP, que son difíciles o imposibles de recoger en el proyecto de nuevo Estatut porque —así lo dicen los técnicos en la materia— no tienen encaje posible en la Constitución Española.

Es un argumento que vuelve una y otra vez cada tanto a nuestra actualidad política: «Eso no cabe ni plantearlo —se objeta a tal o cual propuesta o iniciativa— porque es anticonstitucional».

Desde criterios de pura lógica, el argumento tiene una respuesta que no cabe obviar sin previo examen: «Respóndame ustedes que lo que propongo es pernicioso y contrario al interés general, y arguméntenmelo. Porque, en caso contrario, si admiten que lo que estoy reclamando es justo y bueno, el problema no estará en mi propuesta, sino en la Constitución».

Nos hemos acostumbrado a considerar el texto de la Constitución de 1978 como un dato fijo, sólo retocable en aspectos laterales, si es que no anecdóticos. Sin embargo, el hecho es que aquel documento fue acordado en unas condiciones de excepcionalidad histórica que lo lastraron, y mucho, en materias de la mayor importancia. Me refiero muy especialmente al peligro de golpe de Estado militar, al que por entonces se aludía con temor reverencial y toda suerte de eufemismos («el riesgo involucionista», «el ruido de sables», «los poderes fácticos», etc.). En razón de ese peligro —que no es ésta la ocasión de discutir en qué medida era real y en qué medida no—, los principales partidos de entonces llegaron a admitir que algún artículo clave de la Constitución, como el que alude a las Fuerzas Armadas en tanto que garantes de la unidad de España, llegara a las Cortes ya redactado y sin posibilidad de discusión. Esa misma razón justificó que se optara por un sistema de organización territorial del Estado que, a fuerza de pretender contentar tanto a centralistas como a federalistas, superpuso criterios de los unos y los otros y dio pie a demasiadas duplicidades políticas y administrativas, lo que ha resultado a la postre tan confuso como caro.

Quizá ya no valga la pena discutir si las cosas hubieran podido hacerse de otro modo —mejor, quiero decir—, pero considero perfectamente planteable que, disipadas del horizonte las amenazas golpistas y carentes de base otros fantasmas del pasado, hayamos llegado al momento de revisar tranquilamente aquellos aspectos de la Constitución que más problemas han causado y siguen causando. Que más chirrían. El del sistema de organización territorial del Estado muy en especial.

Planteo la posibilidad y, acto seguido, me la objeto yo mismo: la propia Constitución estableció unas condiciones tan duras para su reforma que bien podría decirse que blindó sus errores. Para adaptarla a nuestra realidad —a todas las realidades: a la histórica y a la presente— haría falta que prácticamente todo el mundo estuviera de acuerdo. Y eso, en un lugar de la Tierra donde basta que algunos digan algo para que otros sostengan de inmediato lo contrario, parece algo más que improbable.

«¿Y entonces? ¿Qué solución tiene esto?», me preguntan algunos. No sé si será que los años me han hecho más sabio o más pesimista —ni siquiera sé si no serán dos formas de decir lo mismo—, pero para mí que, sencillamente, esto no tiene solución.

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Otra garzonada

(Martes 27 de septiembre de 2005)

La Audiencia Nacional ha dictado sentencias en el caso de la llamada «célula de Al Qaeda en España» muy inferiores a los que solicitaba el fiscal basándose en las imputaciones formuladas por el juez instructor, Baltasar Garzón. Por lo que he visto y oído esta mañana, hay reacciones para todos los gustos, pero la gran mayoría se dice estupefacta por el fallo de la Audiencia. «Estamos luchando contra el terrorismo del siglo XXI con instrumentos del siglo XIX», acabo de oír a un comentarista al que no he conseguido identificar. Se supone que «el terrorismo del siglo XXI» es la célula en cuestión y que los instrumentos decimonónicos son los que proporciona el vigente Código Penal. Un Código Penal que, como se sabe, es de muy reciente cuño.

No he leído la sentencia —me da que quienes la están comentando tampoco, porque es muy voluminosa— pero, por lo que afirman quienes sí la han leído, e incluso participado en su redacción, se limita a constatar que en el sumario no hay ni una sola prueba que permita implicar a los procesados en la comisión de los atentados del 11-S, que era el punto clave de las acusaciones de Garzón y el que motivaba la petición de penas de cárcel tan elevadas. La sentencia viene a decir que todas las hipótesis manejadas por Garzón a ese respecto son pura fantasía. Es más: hay quien sostiene —el editorial de El Mundo de hoy, sin ir más lejos— que algunos de los indicios que la sentencia sí ha tenido por datos determinantes carecen de consistencia real. De ser así, nos encontraríamos con que el tribunal habría realizado incluso un esfuerzo por dejar menos en ridículo la labor del juez instructor de lo que podría —y tal vez debería— haber hecho.

Yo no soy hombre de leyes, aunque tantos años en el periodismo de opinión en un país como éste me hayan dado algunos conocimientos en la materia, pero son demasiadas ya las veces que he oído comentar en petit comité a personas de sólida formación jurídica y de larga práctica acreditada que Baltasar Garzón es un desastre como juez instructor. Su empeño obsesivo por figurar y por obtener titulares le han conducido demasiadas veces a iniciar sumarios aparatosísimos que ha llevado retrasados y mal, porque su intensa actividad social no le permitía ni estudiar ni trabajar lo necesario. Por culpa de ello, unas veces ha llevado a juicios sumarios tan llenos de acusaciones terribles como vacíos de pruebas reales y otras ha presentado instrucciones que sí se referían a hechos reales muy graves, pero que él mismo malogró con su torpeza (el caso de la operación Nécora fue antológico).

En tales condiciones, no tiene nada de extraño que la Audiencia Nacional se vea obligada a desautorizarlo como lo ha hecho en esta ocasión. Lo preocupante es que no haya puesto también en evidencia sus patéticos macrosumarios sobre Euskadi, algunos de los cuales llevan años y más años dormitando el sueño de los injustos, sin despertar jamás a la vida. Es ahí donde se hace obligado contar con la influencia de factores políticos. Porque no hay un Garzón que instruye sobre Euskadi y otro Garzón que lo hace sobre las mafias de la droga y los atentados de Al Qaeda. Es siempre el mismo, con los mismos delirios de grandeza y las mismas chapuzas. Sólo que unas cabe echárselas en cara y otras conviene utilizarlas.

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Irlanda mejora, España no

(Lunes 26 de septiembre de 2005)

El IRA ha inutilizado sus arsenales. Así lo atestiguan los miembros de la Comisión Internacional encargada de supervisar el cumplimiento de ese compromiso republicano, clave del proceso de paz irlandés.

Se trata de una medida material pero, sobre todo, de un gesto simbólico. Como lo sería la disolución formal de la propia organización. De hecho, el abandono de las armas es una forma de disolución: si no hay armas, no hay organización armada.

Pero insisto: es sobre todo un gesto simbólico. Lo que tiene de material podría neutralizarse. Cabe dejar hoy las armas y volver a tomarlas mañana. ¿Que se han destruido unas? Se empuñan otras. El IRA conoce de sobra cómo funciona el mercado negro internacional y sabe a qué puertas podría llamar, si quisiera.

Para comprar armas, basta con tener dinero. Y al IRA no le falta.

Y para robarlas se necesita todavía menos.

La mayor prueba de que el IRA ha abandonado la lucha armada la proporciona un elemento que es inmaterial, pero evidente: su clara determinación de hacerlo. Y la mejor garantía de que no se va a echar atrás a la primera de cambio la aporta la población irlandesa republicana —«católica», que dicen otros—, que ha apostado por la lucha exclusivamente política.

Claro que no lo ha hecho porque sí, ni a cambio de nada. El Gobierno de su Risible Majestad ha tenido que tragar lo suyo. No se ha rendido, ni mucho menos, pero ha admitido finalmente que ahí hay un conflicto histórico de naturaleza política y que los irlandeses deberán decidir por sí mismos lo que van a hacer. Todo con muchos matices, todo con muchas condiciones, todo con muchos plazos, pero todo eso, que no es poco. Y más: también ha tenido que resignarse a la idea de que los combatientes del IRA abandonarán las cárceles.

Muchísimas veces se ha hablado entre nosotros de las abismales diferencias que hay entre el conflicto de Irlanda del Norte y el de Euskadi. Se ha hablado tanto, y con tan poca razón aparente, puesto que nadie ha defendido jamás la tesis opuesta, que ya aburre insistir en ello. Pero lo que no veo que nadie haya negado jamás —y me alegro, porque sería demasiado estúpido hacerlo— es que todos los procesos de pacificación tienen determinados aspectos en común.

Leo en la prensa de hoy (en El País, en concreto) un sondeo según el cual una muy amplia mayoría de los españoles acepta que el Gobierno «abra un diálogo» con ETA pero, a la vez, rechaza que el logro de la paz pueda implicar ninguna concesión de cierto peso, incluyendo medidas de gracia para los reclusos de la organización. El mero contraste entre esas dos ideas (la mayoría respalda que haya «un diálogo», pero a una de las partes sólo le concede la oportunidad de rendirse) ilustra sobre lo lejos que estamos aún de las condiciones que se requieren que se produzca un diálogo digno de ese nombre.

No creo que los puntos de vista predominantes en la opinión pública sean inmutables. Y menos éstos, inducidos en muy buena medida por la labor machacona que han realizado los principales medios de comunicación en los últimos años. Pero, si esas ideas han de ser reconducidas, más vale que quienes lo pretendan se pongan seriamente manos a la obra ya mismo. Porque no les va a faltar faena.

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A por la traca final

(Domingo 25 de septiembre de 2005)

Una de las especialidades de mi buen amigo Gervasio Guzmán —tiene un buen puñado— consiste en reprocharme lo mucho que escribo sobre el llamado «conflicto vasco» y, a la vez, no parar de pedirme que le hable precisamente de eso.

Anoche me telefoneó, justo en el momento en que estaba reflexionando en profundidad sobre una faceta distinta de la problemática vasca, a saber, por qué la Real Sociedad necesita que le metan dos goles para empezar a jugar al fútbol con algo de criterio. Estaba a punto de llegar a la conclusión de que el problema no es de la Real Sociedad, sino de los equipos contrarios, que no le dejan jugar hasta que le ganan por 2-0 y se relajan, cuando sonó el teléfono. Era Gervasio, que sigue sin enterarse de que la gente decente no telefonea a las casas decentes después de las 10 de la noche, como no sea para asuntos que no admiten demora.

—¿Te has enterado de lo de la bomba de Ávila? —me espetó sin más preámbulo.

—Sí —le respondí.

—¿Y cómo lo interpretas?

—¡Caramba, Gervasio, como si fuera la primera vez que hablamos de estas cosas! Ya lo sabes. ETA intenta que el personal no se olvide de que existe.

—Pero ¿para qué?

Estuve a punto de decirle que ya se lo he explicado «cienes y cienes de veces», como decía la canción de ese cantante de protesta que tanto promocionan ahora todas las multinacionales. Pero me dejé vencer una vez más por mi vena didáctica.

—Gervasio: ETA quiere negociar, y quiere sacar algo de la negociación. Se da cuenta de que, si no demuestra de vez en cuando que tiene capacidad de seguir dañando, y mucho, el Gobierno puede concluir que no vale la pena concederle nada. Y, en consecuencia, no concederle nada. O, lo que en la práctica vendría a ser lo mismo: demorar sus posibles concesiones todo lo que le venga en gana.

El bueno de Gervasio decidió que era el momento de ponerse sarcástico:

—¿Estás tratando de decirme que ETA pone bombas para demostrar que quiere dejar de poner bombas?

Con lo cual no me quedó más remedio que responder a sus fuegos de artificio con tracas del mismo género.

—Lo que trato de decirte es que nadie se plantea si tiene que negociar con los secuestradores de un avión hasta que se produce el secuestro de un avión.

Mi amigo cambió de tercio.

—Así que está habiendo negociación, ¿verdad?

Consiguió aburrirme del todo.

Hay toneladas de gente discutiendo sobre esa bobada. ¿Hay negociación, no hay negociación? Lo avanzo de antemano: saber, lo que se dice saber, no sé nada. Me han contado muchas cosas, pero yo no las he visto, de modo que no puedo asegurar si responden a la realidad, ni cuánto, ni cómo. Lo que si sé, porque es un dato fijo de nuestra historia, es que los gobiernos españoles, todos sin excepción, han mantenido líneas de contacto con ETA. Así fuera, como decía en sus tiempos el ahora recluso —no muy recluso— Vera, «para tomarle la temperatura». ¿En qué punto los contactos dejan de ser simples contactos para convertirse en negociaciones? ¿Cuándo los encuentros dejan de ser encuentros en la tercera fase para pasar a la segunda fase, o a la primera? Ni lo sé ni me importa. No creo que tengan mayor valor las categorizaciones. Cuando me expongan los resultados, si es que llega a haberlos, entonces opinaré. Y si sirven para que no haya más muertos, avanzo ya que lo más probable es que aplauda.

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La paz de los cementerios

(Sábado 24 de septiembre de 2005)

Los amigos de la sección de Opinión de El Mundo me piden que les escriba una cosilla para su espacio dominical En la Red.

La pregunta a la que debo responder es: «¿Le parece bien que la AVT lleve sus protestas a los cementerios?». Mi respuesta ha sido ésta que sigue:

Los integrantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es una organización particular que lleva en sus siglas a las víctimas del terrorismo con la misma libertad que el PSOE a los obreros –faltaría más–, pueden manifestarse en donde les parezca oportuno, siempre que la ley no encuentre razones suficientes para disuadirles de hacerlo. Ahora bien: si lo que pretenden es erigirse en voz resurrecta de los muchos de nuestros conciudadanos que han perdido la vida por culpa de ideas asesinas, abusan. No tienen ese derecho.

La iniciativa sería siempre muy poco afortunada, pero lo resulta mucho más precisamente en estos días, cuando estamos en vísperas de trigésimo aniversario del aciago día en el que los gobernantes del franquismo –entre cuyos herederos la AVT tiene tantos valedores, dicho sea nada de paso– decidieron quitar alevosamente la vida a cinco jóvenes tras haberlos sometido a varias parodias de juicio.

¿Convocará también la AVT manifestaciones ante sus tumbas? ¿Lo hará también ante las de aquellos a quienes mataron los GAL? Disculpen mi escepticismo.

En nuestra más o menos reciente historia hay víctimas mortales para todos los disgustos. De todos los bandos (muchos) y de ninguno (bastantes). Nunca he sabido de ninguna víctima mortal que dejara escrito quién tendría derecho a hacer política en su nombre después de que ella no pudiera representarse en persona. Llorar, cabe llorar a todos los muertos. Pero no usarlos como argumento, o como arma arrojadiza, para defender tal o cual línea política concreta. O tal o cual modus vivendi.

Somos muchos los que tenemos a nuestros propios muertos clavados en la memoria. Están ahí, como heridas que no cesan de sangrar. Que nunca cesarán de sangrar. A un chaval de mi barrio le dieron cuatro tiros por protestar contra las penas de muerte. Otro murió en mis brazos porque un tipejo protegido de Fraga decidió dispararle a quemarropa sin saber ni quién era. Yo mismo llevo en mi cuerpo cicatrices que dan cuenta de un cierto terrorismo. Porque el terrorismo, como un todo unificado, no existe. Hay muchos. Los ha habido, los hay y los habrá, me temo.

Pero no sé de ningún armisticio que no haya obligado a los pacificadores a tragar litros de bilis negra. Bilis negra: melancolía, en lengua griega.

Que no les haya exigido recluir –resignar– sus rencores en el ámbito de lo más íntimo. En la lista de sus generosidades.

Los dirigentes de la AVT insisten en que no hay que olvidar. Pero no he visto que fijen con claridad la fecha a partir de la cual no hay que olvidar. ¿Hay que recordarlo todo? ¿Desde cuándo? ¿Desde Indíbil y Mandonio? ¿Desde las Navas de Tolosa? ¿Desde el bombardeo de Gernika? ¿Desde la matanza de Vitoria?

¿Debemos dejar a beneficio de inventario lo ocurrido entre 1936 y 1975? ¿O más bien lo que debemos olvidar es lo hecho por unos para mejor recordar fielmente lo perpetrado por los otros?

Para mí que la cuestión de fondo no es qué debemos olvidar, sino a quién.

Debemos olvidar a quienes viven de los conflictos. A los que no sabrían a qué dedicarse si no hubiera sangre de por medio. A los carroñeros.

Y llevar todos los años por estas fechas un ramillete de flores a las tumbas de nuestros muertos. Cada cual a las de los suyos.

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Las tribulaciones de un doctrinario

(Viernes 23 de septiembre de 2005)

No sé qué diablos se traen entre manos los jefes de los principales partidos políticos catalanes.

Me resulta increíble, para empezar, el súbito atracón de nacionalismo que se han pegado los de Convergència i Unió. (Los de Convergència y los de Unió, juntos y por separado). He vivido el suficiente tiempo en los aledaños de la política profesional como para creerme que la gente de CiU haya podido convertirse en intransigente. Nunca ha dudado en aceptar lo que fuera, y sin pestañear, a condición de que los gobernantes de turno en Madrid se mostraran dispuestos a retribuir adecuadamente su comprensión. Los he visto chalanear con todo y con más, y referirse con perfecta indiferencia y hasta con desprecio a los mismos asuntos que ahora pretenden innegociables. Me hago cargo de que amenazan con rechazar el proyecto de nuevo Estatut para hacerse valer y porque no quieren regalar nada ni a Maragall ni a Carod, pero se me hace dificilísimo creer que materialicen esa amenaza y asuman el coste electoral que puede acarrearles. Pero no lo descarto. Porque no descarto nada.

Contemplo a Maragall hacer propuestas de consenso catalán que, o mucho me equivoco —cosa que, insisto, no descarto— o, de aprobarse, serían airadamente rechazadas no ya por el PP, que desde luego, sino también por sus compañeros socialistas del Congreso de los Diputados. ¿Qué haría en tal caso? ¿Inclinar mansamente la cerviz para que lo descabellen y sus restos políticos sean conducidos sin pena ni gloria al matadero? ¿Encabezar una revuelta para independizar al PSC y volverlo contra el PSOE? (Recordemos que estamos hablando del mismo PSC que ha destilado a lo largo de los años a gente como Narcís Serra, o como los directivos de Filesa, o como Joan Raventós —aquel que acompañó a Múgica a hablar con el general Armada en vísperas del 23-F—, o como el propio Maragall.)

Tampoco veo nada, pero que nada claro el juego de Esquerra Republicana y del propio Carod, que los días pares hace declaraciones de muy dudosa oportunidad —o de franca inoportunidad— sobre lo mucho que le molaría formar un Estado catalán y que los días impares elabora propuestas transaccionales para cuadrar el círculo y hacer del Estado español lo que no es sin dejar de ser lo que es.

Que me aspen si entiendo algo.

Para mí que la cosa, en el fondo, es bien sencilla. Pero seguro que la veo así porque soy un doctrinario (y además vasco, con todo lo que eso connota). En mi modesto criterio, están discutiendo sobre cómo hacer compatibles dos proyectos globales —nacionales, de Estado o como cada cual quiera llamar a lo suyo— que son incompatibles por definición. Los unos quieren algo parecido a un Estado confederal, más o menos, integrado por diversos pueblos teóricamente soberanos que pactan libremente ciertas formas de convivencia, y los otros pretenden un Estado de soberanía única —también más o menos— que acepta fórmulas de descentralización relativamente intensas, pero en cualquier caso otorgadas por el poder central, fuente última —y en ese sentido única— de Derecho.

En mi criterio, no hay modo de casar ambos proyectos. O es lo uno o es lo otro.

Pero como más sabe el diablo por viejo que por diablo y, como quiera que no sería la primera vez que veo a los políticos alcanzar acuerdos esencialmente incoherentes, en los que se determina esto y lo contrario —tras de lo cual se quedan todos tan felices, y a verlas venir—, no descarto que de todo lo que está sucediendo en Cataluña acabe saliendo la celebérrima cuadratura del círculo. Capaces.

A mí me dará igual, porque estoy en trámites para cambiar de nacionalidad. Por todo: por razones doctrinales y porque prefiero convertirme en ciudadano de algún Estado que pague mejor las pensiones de vejez.

Porque seré doctrinario, pero también realista: el tiempo se me está echando encima.

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