[Del 27 de mayo a 2 de junio de 2005]
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Un poco de memoria...
(Jueves
2 de junio de 2005)
...No viene
mal.
Algunos
comentaristas políticos que se las dan de sesudos se hacen cruces ante la
pretensión del PNV de prestar
dos
diputados a Ezker Batua para que pueda formar grupo parlamentario propio. «¡Qué idea más insólita!», dicen en tono socarrón. Los
representantes del PP y el PSE en el Parlamento Vasco están en las mismas:
dicen que no pueden permitir que se haga tal cosa, porque constituiría un
fraude de ley.
La idea del PNV
no tiene nada de insólita. El préstamo
de
votos destinado a permitir que partidos que no cuentan con el número de electos
suficientes puedan constituir su propio grupo parlamentario es una práctica que
cuenta con varios precedentes en el Estado español. En sus principales foros de
representación, incluso. Por dos veces, en sendas legislaturas, Coalición
Canaria formó grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados gracias al préstamo de votos que
le hicieron, en una cosa ocasión el PSOE, en otra el PP. En la VI Legislatura
(2000-2004), CC logró constituir grupo parlamentario gracias a los votos prestados por el PP, y el PNV hizo lo propio
en el Senado gracias al favor de los socialistas.
Con tales precedentes,
es por lo menos curioso que las delegaciones vascas del PP y el PSOE se nieguen
al préstamo de votos del
PNV a EB como si se tratara de una idea descabellada. Si en ocasiones
anteriores creyeron que podía hacerse, y lo hicieron ellos mismos y sus jefes
centrales, no pueden invocar ahora cuestiones de principio.
Es cierto que
el artículo 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados sostiene que «en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado
Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo
Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones,
pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el
electorado», pero los dictámenes
emitidos al respecto por la Secretaría General del Congreso vienen a indicar
que la redacción del texto se refiere más a la imposibilidad de que los
diputados elegidos bajo las mismas siglas constituyan varios grupos
parlamentarios que a impedir el préstamo de
diputados para la formación de un grupo parlamentario ajeno, amparada por el art. 24.3, práctica que la propia Secretaría General,
cuando fue consultada al respecto, no se
atrevió a calificar de fraude de Ley, al entender que hay «datos que podrían
fundar una respuesta en uno y otro sentido».
En realidad,
quien lo tiene más crudo es EA, cuya pretensión de formar grupo parlamentario
propio choca con la normativa unánime de los parlamentos del Estado, incluido
el Reglamento del Parlamento vasco que, concordante en esto con el art. 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
sostiene: «No podrán
constituirse ni fraccionarse en grupos parlamentarios diversos quienes en las
elecciones hubiesen comparecido bajo una misma formación, grupo, coalición o
partido político». Aquí no hay
ambigüedad ninguna. (*)
Esto en lo
relativo a los aspectos técnicos.
Ahora bien, si
a alguien interesa mi opinión política, diré que la constitución de grupos
parlamentarios con votos prestados
me
parece un recurso marrullero y tramposo. Lo que sí podría hacer el Parlamento
vasco es cambiar su Reglamento,
para
reducir a tres el número de parlamentarios necesarios para formar grupo. Se
atendría con ello a la misma proporción, en relación al total de
parlamentarios, que tiene establecido el Congreso de Madrid. Tampoco me parece correcto el
«desdoblamiento» en dos grupos de quienes se presentaron en coalición ante el
electorado: fueron elegidos conjuntamente y conjuntamente deben actuar en la
Cámara.
(*) Una vez puesto este apunte en circulación,
me han recordado que la coalición PNV-EA se presenta en Gipuzkoa con un nombre
parcialmente diferente, artimaña que sirve para justificar la demanda posterior
de un grupo parlamentario separado. Dado que la única explicación que tiene ese
cambio de nombre es precisamente la de utilizarlo como argumento para desdoblar
la coalición en dos grupos parlamentarios, parece obvio que estamos ante una
mera triquiñuela legal, es decir, ante un recurso destinado a burlar las
disposiciones reglamentarias y la intención con la que fueron adoptadas. Nadie
que votó a la coalición llamada en Gipuzkoa "PNV-EA Eusko
Abertzaleak" creyó que votaba otra cosa que la
coalición PNV-EA. Y con razón.
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La demagogia de la
excepción
(Miércoles
1 de junio de 2005)
El Gobierno español
decidió ayer conceder el estatuto de refugiada a una mujer árabe de 38 años
maltratada por su marido y desamparada por las autoridades de su país. Los
organismos oficiales relacionados con la política de asilo se han apresurado a
calificar la decisión de «histórica», «valiente» y «ejemplar». Es típicamente zapaterista: llamativa y
barata. Responde al lema esencial de este Gobierno: «Haz todo lo que refuerce
tu imagen progresista siempre que te cueste o poco o nada».
Hay general
acuerdo entre la gente que defiende en España los intereses de las personas
demandantes de asilo político en que la política de concesión del estatuto de
refugiado es extremadamente restrictiva. A veces se exigen requisitos
imposibles de cumplir, como es la presentación de documentos que prueben que el
solicitante sufría persecución en su país de origen. No siempre la persecución
deja rastro documental y, como es fácil de entender, las autoridades de los
estados dictatoriales no son muy partidarias de extender certificados de represión.
En otras ocasiones, la Administración española se niega a admitir que los
estados de los que proceden los demandantes sean realmente dictatoriales,
porque eso pondría en solfa sus propias relaciones con ellos, ajenas a
cualquier reserva (no pocos de ellos compran armas a España). Con todo lo cual,
la proporción de solicitudes que desembocan en la concesión del estatuto de
refugiado político es decepcionantemente escasa.
El Gobierno de Zapatero, que ha convertido en prenda de escaparate la concesión de asilo a esta mujer –una decisión de la que, por supuesto, me alegro–, quiere dar a entender a la opinión pública que, gracias a él, España se ha convertido en ejemplar tierra de asilo. Pero la verdad es que, como sabemos desde Esopo, la aparición en el cielo de una sola golondrina no certifica que ya haya llegado la primavera.
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Patrañas sobre el
voto francés (y 2)
(Martes
31 de mayo de 2005)
Lo prometí, y lo prometido es deuda, pero
he de admitir que esperaba una mayor combatividad –un mayor empecinamiento– de
los partidarios del sí. Estamos en el
día 2 del no francés y ya parecen
haber tirado la toalla. En concreto, la patochada que critiqué ayer –la
pretensión de que el rechazo francés tampoco es tan importante, porque hay ya
nueve estados que han ratificado la Constitución Europea, aunque ocho lo hayan
hecho por vía parlamentaria, sin consulta popular– está perdiéndose en el
olvido: casi todos asumen ya que el no
francés representa un golpe de muerte para el proyecto oficial de
construcción europea. Si mañana Holanda vota también no, como anuncian los sondeos, Blair
tendrá excusa para olvidarse de un referéndum que le viene peor que mal. El
fracaso se habrá consumado. Otra idea que parece definitivamente abandonada, y
menos mal: la de volver a convocar el mismo referéndum en Francia dentro de
algunos meses. Ellos mismos se han respondido: sería un insulto para el
electorado francés, al que se le vendría a decir que no ha sabido votar, que no
ha pasado el examen y que tiene que volver a presentarse en septiembre con la
lección mejor aprendida. (*)
Pero otros argumentos defensivos sí siguen
en pie.
Dicen, por ejemplo: «El voto francés ha
sido resultado de una problemática interna. Los franceses han dado una patada a
Chirac y Raffarin en el culo de los europeos».
Primera respuesta, que es la misma que doy
siempre a quienes creen saber lo que realmente
piensan los votantes, al margen de lo que de hecho votan: los votos no se interpretan; se cuentan. Los
procesos de intenciones son tan tramposos como inútiles: desembocan en
hipótesis imposibles de verificar.
En segundo lugar, hoy en día es imposible
considerar de manera separada las políticas interiores y las continentales. La
impopularidad que Chirac y Raffarin se han ganado a
pulso se debe, en lo esencial, a la puesta en práctica de criterios económicos
y sociales que apuntan en la misma dirección que la Constitución Europea trata
de santificar.
Añaden: «Los franceses han adoptado una
posición egoísta. Tratan de preservar privilegios que son imposibles en la
nueva Europa».
Contestación: no son privilegios; son
conquistas sociales que han tardado más de dos siglos en obtener y en afianzar.
Es eso que todos hemos llamado «Estado de Bienestar» y que hemos tenido durante
años como una de las más valiosas señas de identidad de la Europa democrática.
Los valedores de la nueva Europa dan por hecho que sólo es posible afrontar la
feroz competencia económica internacional sacrificando esas conquistas. Otros
pensamos que se precisa una política combativa, que se oponga a las condiciones
de explotación y desasistencia social en que se basa el dumping que ejercen muchos países, desde los asiáticos a los propios EEUU.
La competitividad debe basarse en reglas de juego limpias, que busquen, por
encima de cualquier otro criterio, el bienestar de los pueblos. Quien esté dispuesto a sacrificar éste en aras de
la otra debe contar con que el enfado de los afectados puede ser grande.
Insisten: «Lo que los franceses no quieren
es mezclarse con los países pobres del Este de Europa».
Respuesta: los estados del Este de Europa son
pobres, pero también son más cosas. Sus elites, electas en las urnas, han
demostrado en repetidas ocasiones –en la última Guerra del Golfo, sin ir más
lejos– que están más cerca de Washington que de París o de Berlín. Son
sociedades sin apenas tradición democrática, en las que las libertades
individuales y colectivas tienen todavía un arraigo muy escaso. Quienquiera que
desee ver a la UE convertida en un polo de referencia mundial distinto del
estadounidense debe tener en cuenta los problemas que va a acarrear el voto de
los estados recién integrados, cuyos dirigentes son fervientes partidarios del
más crudo neoliberalismo. No digamos ya si se deciden a adoptar criterios
permisivos de cara a la entrada de Turquía.
La UE tiene que adoptar un ritmo de ampliación
que permita asimilar a los nuevos miembros elevándolos progresivamente al nivel
de lo existente, no rebajando más y más su propio listón. No creo que haya
muchos partidarios del no a la
Constitución que se nieguen a pagar un precio para que la UE ayude al
desarrollo intensivo de los nuevos miembros o de quienes aspiran a serlo. Pero
se trata de asegurar que ese desarrollo se emprende desde la perspectiva social
que rige en la Europa Occidental desde el nacimiento del llamado «Estado del
Bienestar». Y eso es lo que no asegura, ni mucho menos, la Constitución
Europea.
Última objeción: «¿Y
cómo se administra el no? ¿Ahora
qué?».
Eso, la verdad, no sé si es un reproche o
una autocrítica. Si no tenían prevista la posibilidad de que les respondieran
que no, ¿qué clase de consulta era ésa? Sólo una banda de irresponsables puede
afrontar una disyuntiva tan importante sin prever qué hará en caso de derrota.
Utilizaron su propia imprevisión como chantaje («O lo nuestro o el caos») y
ahora, cuando les han dicho que no a lo suyo, se encuentran con un lío de mil
pares que no saben cómo gestionar.
Está claro que, aparte de todo lo demás,
son también de una mediocridad pasmosa.
________________
(*) Convendrá recordar, de todos modos, que eso es lo que se le hizo al pueblo danés cuando rechazó en junio de 1992 el Tratado de Maastricht. Lo llevaron nuevamente a las urnas en mayo de 1993 y entonces votó sí. Se bromeó diciendo que aprobó el Tratado porque, de haber votado de nuevo que no, lo habrían condenado a pasar por las urnas todos los años, hasta que se arrepintiera. Pero lo cierto es que se rectificó el texto del Tratado para facilitar el voto favorable de Dinamarca.
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Patrañas sobre el
voto francés (1)
(Lunes
30 de mayo de 2005)
Mira que Zapatero había hecho lo posible
por abrirle los ojos y dejarle las cosas claras, avisándole en su último periplo
por el país hexagonal de que «el no es
el desánimo y la tristeza; el sí, el
optimismo y la alegría». Dando la espalda a la sabiduría del presidente del
Gobierno español, la mayoría del electorado francés ha votado que no.
Tal vez porque, cenizo de nacimiento,
tiendo espontáneamente hacia el pesimismo y la tristeza, era partidario del no, ayer allá como otrora aquí.
¿Resultado tras el resultado? Que me siento más optimista y, desde luego, más
alegre. Extraña paradoja.
Tiempo y ocasión va a haber sobrados para
comentar en detalle lo sucedido y sus consecuencias, pero ya, tras las primeras
salvas disparadas desde anoche por los paladines del sí –minoritarios en el electorado, pero abrumadoramente
mayoritarios en los medios de comunicación–, me parece que no está de más
salirles al paso en algunos de sus argumentos-coartada principales.
Primera patraña que tratan de vender: «Hay
que seguir adelante en el proceso de ratificación de la Constitución Europea
porque, si bien Francia ha mostrado su oposición, son muchos más los europeos
que le han dado su apoyo».
Falso.
Salvo en el caso español, los otros estados que han aprobado el proyecto
lo han hecho a través de sus teóricos representantes políticos, sin permitir
que sus poblaciones respectivas se pronuncien. Pero éste es justamente un
asunto en el que, según ha demostrado con claridad la experiencia francesa, los
políticos profesionales no son necesariamente representativos de la opinión de
la población. De haberse ceñido a la vía parlamentaria de ratificación, también
Francia habría dado su aprobación a la mal llamada Constitución Europea.
Hay ocasiones en las que los parlamentos se
divorcian de manera escandalosa del sentir popular mayoritario. Recuérdese que aquí
vivimos el 14-D de 1988 una huelga general que fue prácticamente total pese a
que su convocatoria contaba con un respaldo parlamentario mínimo. Incluso en el
referéndum español sobre la Constitución Europea, el no obtuvo en las urnas un apoyo muy superior al que tenía en el
Parlamento.
No es comparable el no francés al sí de
Lituania, Hungría, Eslovenia, Italia, Grecia, Eslovaquia, Austria y Alemania,
donde la población no ha sido consultada al respecto de manera directa (en
algunos casos, como el de Alemania, por miedo a lo que pudiera decir).
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Mañana seguiré abordando otras patrañas que
se están oyendo mucho: «los franceses han dado prueba de su egoísmo», «los
franceses han votado, en realidad, sobre asuntos de política interior»,
«Francia no se resigna a su pérdida de liderazgo mundial», «habrá que hacer un
nuevo esfuerzo de explicación de las virtudes de la Constitución y convocar un
nuevo referéndum en Francia»... Y alguna más, si se tercia.
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Las Fuerzas Armadas
(Domingo
29 de mayo de 2005)
Cerraría los ojos a la realidad si
pretendiera que las Fuerzas Armadas españolas actuales son como las que el
régimen de Franco legó al sistema parlamentario que le sucedió. La mera
evolución natural de la población –y, en particular, la desaparición del mundo
de los vivos de los mandos militares forjados en la Guerra Civil y en la feroz
represión de los primeros tiempos de la dictadura– ha ido provocando un cambio
considerable en su composición. Un cambio que, dado el signo de los tiempos, ha
sido también cultural. Muchos de los que hoy se sitúan en los puestos clave de
los tres ejércitos se han educado ya en un contexto social en el que el
fanatismo fascista perdía enteros a ojos vista.
Pero una cosa es tomar cumplida nota de ese
cambio y otra pretender que el Estado español cuenta con unas Fuerzas Armadas
«democráticas», como dicen hoy los editoriales de bastantes periódicos.
Primero, porque el talante imperante en las Fuerzas Armadas de los países
democráticos, en general, no suele tener demasiado de democrático, como la
experiencia no deja de enseñarnos. Y segundo, y más específicamente, porque la
huella de las tradiciones castrenses que solidificaron durante el franquismo
dista de haberse borrado por completo. El fascismo de hace 25 años ha cedido su
lugar a una ideología netamente derechista en la que los viejos «valores» –«la
unidad de la Patria» muy destacadamente– siguen teniendo vigencia y
operatividad notables. La opinión y el estado de ánimo imperantes en las
Fuerzas Armadas constituyen factores que influyen en la modulación –si es que
no en la determinación– de la política de los dos partidos que se turnan en el
gobierno central.
Resulta significativo el propio hecho de
que exista un Día de las Fuerzas Armadas. ¿A cuento de qué? No hay un Día de la
Hacienda Pública, en el que los empleados del Ministerio en cuestión desfilen
por las calles exhibiendo sus temibles actas. Ni siquiera un Día de las
Instituciones Penitenciarias –digo, por señalar otro oficio de parecido
género–, en el que los funcionarios de la cosa muestren a la ciudadanía sus últimas
adquisiciones en materia de rejas, cerrojos y grilletes. El trato tan especial
y deferente que reciben las Fuerzas Armadas dentro del aparato del Estado está
en consonancia con el que les concede la propia Constitución Española, que pone
en sus manos tareas que no tienen nada que ver con la Defensa Nacional (a no
ser que quepa defender la Nación encañonando a una parte de su población
civil). Se corresponde también con esa antipática costumbre que tiene el Jefe
del Estado de vestir uniforme incluso en actos perfectamente civiles, como para
que no nos olvidemos que sus poderes son los mismos que los del cardenal
Cisneros.
Se trata, en muy buena medida, de una
herencia del franquismo, que consideraba a las Fuerzas Armadas como «columna
vertebral de la Patria». Una función que no puede corresponder a la milicia en
una sociedad democrática. Ni a la milicia ni a ninguna institución, considerada
aisladamente. Pero a ella menos todavía.
Veo a Bono de ministro de Defensa, con sus
discursos de fachilla aficionado, e imagino que se comporta así para caer bien
al alto mando castrense. Me dicen que sí, pero que se equivoca, porque ese
estilo vocinglero y salvapatrias no conmueve ya ni
poco ni mucho a sus destinatarios. No sé, pero no me tranquiliza nada que el
ministro que menos debería tener que decir en materia de política interior sea
el que más y más constantemente larga. Las armas –y de Fuerzas Armadas
hablamos– las carga el diablo.
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La opción del Sahara
(Sábado
28 de mayo de 2005)
El Frente Polisario
corre un peligro que muchos hemos observado, aunque rara vez hablemos en público
de ello, por temor a desprestigiar la causa saharaui. Me refiero al riesgo de
instalarse en un statu quo que, si
bien dista de ser cómodo para el conjunto de la población, ofrece posibilidades
reales a bastantes de los cuadros y militantes del Frente (lo digo en masculino
a propósito), que se benefician de las ayudas y subvenciones procedentes de muy
diversas partes del mundo, gracias a las cuales no pocos de ellos pueden
incluso cursar estudios y residir en Europa o en América.
Yo no soy quién para decirle al Polisario lo que tiene que hacer ni cómo debe gestionar sus
asuntos, pero confieso que desde hace años miro con creciente desánimo la
lenidad de sus planteamientos. Parecía fiarlo todo en el plan Baker de las Naciones Unidas, pese a
que la ONU no tardó en demostrar que iba a cruzarse de brazos ante el boicot de
Marruecos. El plan Baker
I quedó en agua de borrajas y vino entonces el plan Baker II, que no asegura el derecho
de autodeterminación del pueblo saharaui, pero que tampoco sirve para gran
cosa, porque Rabat hace lo que le viene en gana y, como goza de la protección
especial de Washington, nadie se atreve a toserle.
No soy un frívolo. Ignoro qué posibilidades
tienen los combatientes saharauis de hostigar a
Marruecos y de proteger a su propia población en caso de respuesta contundente
del ocupante. No sugiero, en consecuencia, ningún plan concreto, por supuesto.
Lo que planteo es una cuestión de actitud general: si les conviene esperar a
que los organismos internacionales les encuentren una salida o si deben
arreglárselas para obligarles a buscarla.
El amago de intifada que acaba de iniciar la población saharaui de los
territorios ocupados, apoyada por los estudiantes saharauis
residentes en Marruecos, apunta en esta segunda vía. Y me alegro. La brutal
represión desencadenada por las fuerzas policiales y militares del monarca alauí ha llegado a los medios de comunicación
internacionales y ha puesto en un brete a algunos gobiernos que prefieren hacer
como si no pasara nada. El ministro español de Exteriores, dando muestra de un
descaro digno de mejor causa, ha dicho que lo sucedido demuestra que «España ha
acertado en sus opciones», olvidándose de que hace muy pocos meses él mismo
mostró comprensión hacia la posición de Rabat e insinuó que lo mejor que podían
hacer los saharauis era olvidar sus aspiraciones
independentistas.
El principio general llamado «el que no
llora no mama» tiene múltiples aplicaciones en los más diversos órdenes de la
vida. En el de la autodeterminación de los pueblos de manera muy especial.
Pregúntenselo, si no, a los habitantes de Timor
Oriental, que también sufrían la ocupación de un amigo muy amigo de Washington,
y que lograron que las Naciones Unidas tuvieran que proporcionarles una salida
en evitación de males mayores.
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Los 400.000 euros
(Viernes
27 de mayo de 2005)
Tiene razón Josu Jon Imaz: si realmente el
juez cuenta con indicios racionales de que Arnaldo Otegi es un prominente
miembro de ETA, ¿a qué viene imponerle una fianza de 400.000 euros? Ni 400.000
ni dos millones: una acusación de tamaña gravedad debe llevar inexcusablemente
aparejada la prisión incondicional del imputado. ¿Cómo puede permitir el juez
que alguien al que tiene por peligroso terrorista se pasee libremente por las
calles, maquinando tal vez otros crímenes? En ese sentido –aunque sólo en ese
sentido–, fue mucho más coherente la posición del fiscal, que reclamó que Otegi
fuera encarcelado sin posibilidad de eludir la prisión mediante el pago de una
fianza.
Me pregunto también de dónde habrá podido
sacar el magistrado de la Audiencia Nacional
la idea de que esos 400.000 euros supondrán algún tipo de garantía de
que el procesado no tratará de eludir la acción de la Justicia. Si Otegi fuera
realmente un destacado militante de ETA, ese dinero sería calderilla para él y
los suyos. Me llama la atención la precisión del juez: el abogado de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo reclamó que la fianza fuera de 300.000
euros, pero él la subió a 400.000. Si alguien sabe qué clase de salto
cualitativo aportan esos 100.000 euros de diferencia, que me lo diga, por
favor. Yo me confieso incapaz de apreciarlo.
De todos modos, me intriga todavía más por
qué Otegi sí y el resto no. Ante el mismo juez, en la misma Audiencia Nacional
y en relación con este mismo sumario han prestado declaración en los últimos
tiempos muchos otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Todos han sido
puestos en libertad sin mayores alharacas. Algunos, incluso, sin ningún tipo de
medida cautelar. ¿Qué tiene de excepcional Otegi en esta causa? A lo que
parece, el magistrado no pretende contar con ningún indicio concreto que
vincule hoy en día a Otegi con ETA, personal e individualizadamente. Menos aún
con las finanzas de la organización terrorista. Ni siquiera ha puesto sobre la
mesa un solo dato que permita deducir que el portavoz de Batasuna cumplía un
papel determinado en la estructura orgánica de las herriko
tabernak. No le imputa ningún delito específico. La
lógica de la acusación es la de siempre: Batasuna es ETA; en consecuencia, el
que es jefe de la una lo es de la otra.
No consigo ver a qué vienen esos distingos
entre estos y aquellos dirigentes de Batasuna. Y menos, siendo tan terrible el
delito que se les imputa, por qué los dejan en libertad por unas u otras vías.
A no ser que.
A no ser que lo que esté en juego no sea
una cuestión estrictamente jurídica, sino eminentemente política.
Anteayer coincidieron varios altos
dirigentes del PP y del PSOE –José Bono y Eduardo Zaplana entre ellos– en
comentar por la misma vía, y con palabras casi idénticas, el ingreso en prisión
de Arnaldo Otegi: «Está donde debería haber estado hace tiempo», «En la cárcel
es donde tienen que estar los terroristas y sus colaboradores, como
Otegi», etc. No hay nada de inocente ni
de casual en el hecho de que confundan con tanta ligereza un procesamiento con
una sentencia firme.
Aquí, en realidad, nadie habla de Derecho
Penal. El debate va de política pura y dura.
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