Cinco
razones
Hay
más de cinco, pero ése es el número de razones que he acumulado en pocos días
para intentar demostrar a quien aún crea que el Partido Socialista merece la
confianza de los más desfavorecidos, que no hay tal.
Abulia
y permisividad frente a los casos de tortura
La
secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se reunió hace unos
días con José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Justicia, Fernando López
Aguilar, con el fin de solicitarles que se cumpliesen en España las
recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un órgano
creado por los estados miembros del Consejo de Europa. Entre dichas
recomendaciones se encuentra la grabación de los interrogatorios o evitar la
incomunicación de los detenidos. La respuesta del ministro a petición tan
sensata y comedida fue, sorprendentemente, la siguiente: “es una práctica
habitual de los detenidos por pertenencia y colaboración con banda armada
denunciar torturas, que luego en el proceso judicial resultan falsas no en la
mayoría de los casos, sino en el cien por cien de los casos.” En primer lugar,
parece lógico que el Gobierno español debería seguir las recomendaciones de una
institución de la que forma parte, sin necesidad de que nadie ajeno a ella
tenga que insistir para que lo haga. En segundo lugar, si es cierto -permitidme
que lo dude- que entre los cientos de denuncias de torturas que se interponen
cada año en España no hay ni siquiera una que concluya en una sentencia a favor
del demandante, tal cosa no tendría por qué querer decir que todas ellas sean
fruto de las calenturientas mentes de las presuntas víctimas; en todo caso, lo
que indicaría sería, desde mi punto de vista, una preocupante falta de atención
hacia el ciudadano que acude a los tribunales a solicitar justicia. A menos que
el ministro considere que la infalibilidad de los jueces españoles es, en este
tipo de denuncias, superior a la de los papas en cuestiones de fe. Y eso si no
queremos sacar conclusiones más radicales. En tercer lugar, la falta de
sentencias que reconozcan la existencia de torturas por parte de los cuerpos y
fuerzas de seguridad no implica dejar de tomar precauciones para que los malos
tratos no tengan lugar. Y, por último, la respuesta del ministro supone toda
una declaración de intenciones respecto a la prevención de la tortura por parte
del mayor responsable político en el mundo judicial, en un lugar que, según el
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), es el país occidental en
el que se tiene noticia del mayor número de casos de malos tratos y vejaciones.
“Más de lo mismo”, habrán pensado en Amnistía Internacional.
Desmemoria
histórica
Hace
unos días, ERC, IU-ICV y el Grupo Mixto propusieron en la reunión de la Junta
de Portavoces del Congreso crear una comisión para recuperar la memoria
histórica de la Guerra Civil y el reconocimiento político, social y económico
de las víctimas del franquismo. Como todo el mundo sabe o debería saber,
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas sufrieron durante décadas, directa
o indirectamente, una espantosa represión por parte del régimen golpista y
asesino de Franco. Muchos murieron o fueron cruelísimamente tratados en las
cárceles; otros fueron salvajemente explotados por la dictadura como mano de
obra prácticamente gratuita; y muchos más, parientes de los anteriores,
padecieron el hambre y la miseria que su fidelidad -o la ajena- a la república
legalmente constituida los deparó. Una parte del enorme número de víctimas del
franquismo eran militantes de partidos políticos de izquierda o sindicalistas.
Algunos tenían el carné del PSOE. Pues bien: El Partido Socialista rechazó la
propuesta, apoyado por el Partido Popular. Justificó tal rechazo Diego López
Garrido, que estimó que la reciente aprobación por el Congreso de una moción en
la que se pedía al Gobierno indemnizar por ley a las víctimas del franquismo
que murieron o sufrieron daños personales durante la Transición, es “la vía más
adecuada” para desagraviar a los perdedores históricos. Estamos ante un partido
socialista que echa arena al fuego de la terrible injusticia que padecieron
tantos paisanos, algunos de los cuales fueron militantes, en tiempos, de su
partido.
Aznar
no estaba allí
En
un nuevo gesto de buena disposición hacia el PP, el PSOE ha decidido no citar a
José María Aznar en la comisión del Congreso que investigará los atentados del
11-M, a pesar de que ERC, PNV, CiU, IU y el Grupo Mixto han solicitado la
comparecencia del ex presidente. El PSOE sí ha solicitado que comparezcan, sin
embargo, los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio, y el ex
director del CNI, así como los secretarios de estado de Seguridad y de
Comunicación. La conclusión política que podría sacar cualquier observador al
revisar la lista es que el PSOE sigue fiel a la doctrina de “el jefe no tiene
la culpa de nada”, que con éxito se llevó a la práctica en tiempos de González
y las continuas citas judiciales a las que sus subordinados tuvieron que
enfrentarse. Siguen siendo aquéllos, es obvio. Lo peor del caso es que esta
comisión de investigación tiene una pinta endiablada de no servir para
absolutamente otra cosa que para escuchar cómo unos y otros (los socialistas y
los populares) hacen el paripé de una discrepancia que en realidad no es más
que una riña de patio de colegio sobre el resultado electoral. Y hay ciento
noventa y tantos muertos sobre la mesa.
El
solbismo
Antes
de llegar al poder, el equipo que lideraba Zapatero anunció que, de ganar las
elecciones, pondría en marcha una reforma fiscal cuyos puntos fuertes eran la
imposición de un tipo único para todas las rentas (que, a juicio de su
inventor, el ideólogo reformista Anthony Atkinson, si no viene acompañado de un
mínimo exento como compensación, no resulta una medida tendente a la justicia
retributiva moderada) y -ésta sería sin duda la parte más progresista de la
reforma- subir la presión sobre las rentas del capital (las plusvalías), una
vieja reclamación de la izquierda. Ahora mismo nuestros salarios soportan en
España una carga impositiva hasta del 45% en el IRPF, mientras que las
plusvalías con más de un año tributan sólo un 15%. Somos los asalariados los
que cargamos con la mayor parte de los gastos estatales de protección social de
toda la ciudadanía, incluidos los más ricos.
El
ministro de Economía, Pedro Solbes, que tiene muy contentos a Botín y a Alfredo
Sáenz, vicepresidente segundo del Santander Central Hispano (este sinvergüenza
ha afirmado recientemente que es imprescindible “desmontar el estado de
bienestar europeo” y que no hay “demasiado tiempo para hacerlo”), ha rechazado
sin embargo, y con rotundidad, incrementar la tributación de las plusvalías del
capital. En su opinión, si se incrementase tal tributación, el resto de los
estados europeos se llevaría parte de la inversión española, ya que España es
actualmente el país de la Unión Europea que mejor trato da a las rentas del
capital. Con tales planteamientos, es obvio que un ministro como Solbes -que
goza de la evidente protección de Zapatero- no es compatible con una política
fiscal que no sea ultraneoliberal.
Aún
un comentario más sobre el ministerio de Solbes: una amiga mía, tan tardona
como yo en esto de hacer la declaración de la renta (para la porquería que
cobramos...), llamó ayer a su delegación de Hacienda para solicitar una cita y
poder así cumplimentar los formularios. Fue amablemente informada de que no
había más citas previas porque “les habían recortado el presupuesto”. Mi
alarmada amiga, que solicitó de su interlocutor alguna solución a este inconveniente,
recibió por toda respuesta un “acuda a un gestor privado”. La pobre pensaba que
pagamos los impuestos, entre otras cosas, precisamente para no tener que
costearnos un gestor privado al hacer la declaración del IRPF.
Tropas
españolas en países invadidos
Mientras
Zapatero se ha limitado a afirmar que estudiará las peticiones de envíos de
tropas al extranjero, y que el Gobierno consultará siempre al Parlamento antes
de decidir sobre cualquier envío de soldados, el ministro de Defensa, José Bono,
el mismo que recibió una medalla de ida y vuelta por la retirada de tropas de
Irak (su hijo estaba "trihte, y majque trihte"), ha resuelto
ponerse beligerante al respecto y declarar que “es urgente extender a otras
áreas la relativa seguridad y estabilidad institucional que las tropas
internacionales garantizan en la capital de Afganistán, Kabul”, lo cual se
traduce en el envío de más tropas al país asiático, a lo cual se añadiría el
posible envío de otro contingente a Haití. Afirmó asimismo Bono -y si ésta no
es la línea argumental del PP, que venga Dios y lo vea- que un gobierno sensato
no puede “encogerse de hombros” ante la lucha contra el terrorismo y el tráfico
de drogas.
En
realidad, no se trata de combatir el terrorismo, ni el tráfico de drogas. Los
envíos de tropas a dichos países, que de hacerse efectivos tendrían lugar a
instancias del secretario general de la OTAN (en el caso de Afganistán), y de
los presidentes de Brasil y de Chile (en el caso de Haití), suponen un gesto de
lealtad del Gobierno español hacia el Gobierno estadounidense. La verdad,
encuentro complicado que los mismos que se manifestaron a favor de la retirada
de las tropas de Irak apoyen el envío de soldados a otras partes del mundo,
pero cosas más raras se han visto.
Con
estas cinco pinceladas ilustrativas sobre la aún corta gestión de Zapatero y
sus subordinados, creo que queda palpablemente demostrado que su gobierno, de
izquierdista, no tiene ni la pinta. Sigo aliviada por habernos librado del
Partido Popular, pero hay que tener en cuenta que hay heridas que tardan mucho
tiempo en cicatrizar. Por este camino, me veo pronto en la calle –acompañada de
cierta cantidad de gente sensata- exigiendo la dimisión en pleno del Gobierno
del PSOE. Al tiempo.
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escribir a la autora: bmartos1969@yahoo.es
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