Alá propone, y el ministro dispone

José Antonio Alonso, el ministro del Interior, nos está resultando un globosondista verborreico. Se empeña en dar cuenta de lo que se propone su Ministerio sin tener planes concretos que ofrecer a la opinión pública, con lo que los malentendidos y los debates inútiles se multiplican. Además, parece que no hay manera de que sujete sus ganas de hacernos partícipes a todos de lo que estos días le informan los funcionarios que trabajan ahora para él, siempre y cuando lo que ha oído -o quizá leído- le cuadre con lo que ya suponía de antemano, incluso si se trata de temas lo suficientemente delicados como para no abordarlos de pasada, en unas declaraciones de pasillo. Últimamente se ha convertido en el protagonista de la actualidad informativa, precisamente por esa afición suya a dar el cante.

Cuando habló de la “imprevisión” del Gobierno pepero ante los posibles atentados fundamentalistas islámicos que podíamos sufrir en España, lo hizo lleno de satisfacción: sus sospechas se habían confirmado al recibir información directa sobre el asunto por parte de sus nuevos colaboradores. Supongo que no le sorprendió en absoluto contemplar cómo, a raíz de sus declaraciones, Acebes arremetía contra él con toda la mala baba que lo caracteriza. A mí, sin embargo, me llena de perplejidad (y supongo que al Partido Popular también) que después de tocar las narices al PP de esta manera tan directa, Alonso anuncie que tiene intención de que su plan de control de las actividades religiosas se articule y consensúe dentro del Pacto Antiterrorista, el contubernio que crearon el PSOE y el PP para plantar cara a cualquier actitud presuntamente secesionista, y cuya existencia no parece cuadrar muy bien con las intenciones dialogantes de las que presumía Zapatero en su discurso de investidura. Por si esto no fuera suficiente para provocar el estupor en el lectoramen, sabed que Zapatero quiere consensuar esta iniciativa con las demás fuerzas políticas, a las que convocará a un encuentro -posterior al otro- en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Así pues, el PP -que por boca de Aznar, no hace sino quejarse de que los socialistas los “odian”-, será el partido político mejor tratado por el Gobierno: recibirán información, y oportunidad de meter baza en el proyecto, por partida doble. Por cierto, ¿estos señores saben que existen los plenos del Congreso de los Diputados? Alonso ha declarado que “de adoptarse esta medida se hará al margen de los cauces políticos” (sic), o sea de tapadillo.

Como ya se va convirtiendo en costumbre en el personaje, Alonso habla de algo tan complicado y de tanto trasfondo como es el control de las actividades religiosas en España, sin ofrecer un plan de actuación concreto (lo mismo hizo hace poco cuando decidió informarnos de sus proyectos para prevenir la violencia de género), simplemente apuntando algo de la base ideológica que justificará lo que quiera que al final se decida hacer. “El Estado debe conocer y controlar los casos de escenarios religiosos que se aprovechen para montar actividades contrarias a la ley,” dijo el ministro, “sean del culto que sean”. Nadie sabe a ciencia cierta qué se pretende hacer, pero la sensación que se nos ha transmitido es que el Gobierno desea controlar las enseñanzas en los templos, así como el contenido de los sermones que los fieles escuchan cuando asisten a los oficios religiosos, por si resultasen alentadores de conductas violentas y antisociales. Para aparentar transparencia y respeto hacia el Islam, simula que todos los cultos van a ser tratados del mismo modo, aunque en definitiva sólo se hable, en concreto, de ciertas mezquitas. ¿Pretende el señor Alonso dar el visto bueno a los sermones de monseñor Rouco Varela? Claro que no. Es el mundo islámico, el objetivo de este control.

Dada la congestión de declaraciones en contra (desde el PP hasta el BNG han planteado objeciones) que ha generado esta inconcreta propuesta, voy a explicaros lo que me parece a mí el asunto. Hay que considerar varias cuestiones:

1) El estado español, en efecto, está en la obligación de defender a los ciudadanos para los que trabaja. Y es su deber prevenir los atentados terroristas y hacer todo lo posible para mantener la paz y la tranquilidad en la vida cotidiana del país.

2) Lo anterior excluye, sin embargo, utilizar argucias inconstitucionales y violadoras de los Derechos Humanos, y desde luego cualquier actitud que pueda provocar reacciones airadas y violentas en la ciudadanía. Toda iniciativa gubernamental debe intentar, con exquisito cuidado, no violentar a ningún colectivo ni conculcar los derechos de nadie.

3) Por otra parte, deberían quedar también excluidas las iniciativas perfectamente inútiles, como las de revisar los contenidos de los sermones de los imanes. Ángel Acebes calificó tal medida de “ineficaz”: “sólo provocaría que los discursos religiosos evitaran afirmaciones que pudieran llamar la atención de las fuerzas de seguridad”, dijo el ex ministro, y tenía razón al decirlo.

4) Además de tener pinta de ilegal y moralmente reprochable, la iniciativa de Alonso puede dar lugar a más de lo mismo. Si lo que se pretende es evitar la radicalización de los musulmanes, hay que empezar por no darles motivos para que se radicalicen.

5) Otra vía bien distinta es establecer cauces de diálogo constantes y firmes con las diferentes comunidades musulmanas que viven en España, lo cual no tiene nada de sencillo, debido a la heterogeneidad propia del Islam, y las diversas situaciones socio-económicas en las que se encuentran los musulmanes españoles, o que viven aquí. En el Gobierno y en la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) se cita el modelo francés como ejemplo a seguir. En Francia existe un Consejo de Culto Musulmán que se reúne periódicamente con el primer ministro para decidir de común acuerdo qué medidas se deben tomar para no incitar a las acciones violentas en los practicantes islámicos. No parece mala idea. Sin embargo, informo modestamente al Ministerio del Interior de que ya existe una institución local parecida, la Comisión Islámica de España, creada hace doce años, y que en opinión de su secretario, Mansur Escudero, y de Tatary Bakry, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, ha sido infrautilizada. Así pues, si lo que se pretende es dialogar, hágase uso de tal organización, y déjese de provocar debates estériles.

6) Un alto cargo del Ministerio de Justicia (cuyo nombre no se facilita) reconoce ante la prensa que el Estado "nunca ha llegado a tener una interlocución con entidades representativas de la religión islámica como hace con los católicos, los evangelistas y los judíos". Por ese motivo, los convenios entre el Ministerio de Educación y el colectivo musulmán "han sido siempre parciales, sólo con algunas asociaciones", según la misma fuente. Se ha trabajado poco en la materia, se ha trabajado mal, y ahora vienen las prisas y los despropósitos. Y también las inexactitudes y las falsedades.

7) Es significativo que el Gobierno apunte como focos de rebeldía violenta a las pequeñas mezquitas, o templos improvisados en cualquier edificio (recuérdese que un musulman sólo necesita saber hacia dónde se encuentra la Meca, para dedicarse a dialogar con su dios), que acogen a los inmigrantes más pobres. Se pretende que el wahabismo, la corriente mayoritaria en Arabia Saudí, furiosamente reaccionaria y que cree ver politeístas y cafres en todas partes, tiene más éxito en esos refugios improvisados y no registrados, que en las grandes mezquitas. El hecho es que son precisamente las grandes mezquitas (seis o siete) las que se financian con el dinero procedente del petróleo saudí. El desconocimiento sobre el Islam del que adolece el Gobierno es bochornoso. Las comunidades islámicas en España son tan diversas y variopintas como lo son los países islámicos entre sí. Convendría que antes de volver a soltar la liebre contra los musulmanes se informasen de qué es el wahabismo, la sharia, qué diferencia a los suníes de los chiíes, y qué especímenes son los que alientan los asesinatos múltiples de civiles, y por qué lo hacen. En todo caso, la marginación a veces produce odio. Si se quiere combatir el odio, hay que combatir la marginación.

Os regalo mi opinión personal sobre el trato a los musulmanes y sobre la prevención de una presunta escalada de violencia en el islam español: en primer lugar, debería cumplirse el acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, por el cual debería haberse garantizado hace mucho tiempo el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en colegios públicos y privados. De tal manera, el Gobierno no tendría por qué preocuparse de qué es lo que se enseña en los templos. En segundo lugar, debería dejarse claro públicamente que no hay ningún indicio que haga sospechar que los miembros de las comunidades musulmanas en este país sean presuntos delincuentes. Sólo faltaba darle alas a los ignorantes para que se desate una ola de islamofobia. Y en tercer lugar, el Gobierno debería hacer todo lo posible para conseguir que la ciudadanía musulmana viva feliz y tranquila, con su situación legal resuelta si se trata de gente inmigrante, y con las mismas coberturas sociales que el resto de la gente que vive en España.

Seguramente es mejor contar con la colaboración de los cientos de miles de musulmanes pacíficos que viven en España, y que detestan tanto como nosotros a los terroristas fundamentalistas, que convertirlos a todos en posibles enemigos.

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Para escribir a la autora: bmartos1969@yahoo.es

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