La burbuja

 

El Boletín Económico del Banco de España, en su edición de septiembre, contenía un artículo que armó un revuelo importante al hacerse público: “El precio de la vivienda en España”. No es que cuente nada nuevo. Lo interesante del texto está más en la entidad responsable de la información que en el propio contenido, que poco nos aporta a los que sabemos cómo está esto de comprarse una casa.

Como sabéis, la institución financiera afirma en dicho informe que la vivienda es la más valiosa posesión de la mayoría de las familias españolas; que los precios reales de las casas se han duplicado en los últimos años; y que el tanto por ciento de la renta familiar que se destina a pagar el crédito hipotecario es el más alto de los países desarrollados. Es significativa también la advertencia del riesgo que supondría para la macroeconomía española un “ajuste brusco” (una bajada rápida y repentina) de los precios de los pisos. Concluye también el informe que la situación del PIB y del empleo, así como la estabilidad de los tipos de interés, hacen en todo caso posible la situación descrita.

Poco después, el responsable del Banco de España, Jaime Caruana, se vio obligado a aclarar que el informe no pretendía en absoluto crear alarmismo -no lo dudo-, y que en el mismo también se concluía que los datos económicos apuntan a una bajada gradual del precio de la vivienda. Afirmó también Caruana que nunca se habló de la existencia de una burbuja inmobiliaria, aunque reconocía que los precios de las casas habían crecido disparatadamente en muy poco tiempo, a pesar del “boom” en la industria de la construcción. Es decir: se hacen cada vez más casas, y éstas son sin embargo cada vez más caras. Desde mi punto de vista, esto es lo que podemos llamar una burbuja inmobiliaria, por muy desagradable que el término les resulte al vicepresidente Rato y al delfín Rajoy.

Y las burbujas estallan, está en su naturaleza. Poniéndome en la piel del Gobierno del PP, por muy difícil que me resulte, la caída brusca del precio de la vivienda significaría un desastre económico. La construcción es una de las principales actividades económicas en España, y tal caída tendría consecuencias dramáticas. Por eso, y no por otra cosa, el Banco de España habla sobre la conveniencia de poner freno a la locura inmobiliaria.

La respuesta del Gobierno ha sido desalentadora, de puro fanática: no parece que sus miembros tengan la menor intención de tomar medidas. La ley de la oferta y la demanda, aseguró Rajoy el otro día, es la que hace posible que la vivienda experimente este desmedido ascenso en los precios. Lo dice como si todo estuviera escrito en el Levítico. “Se siguen comprando casas”, dice don Mariano. Sí, se siguen comprando. Con un esfuerzo sofocante de los trabajadores, y mientras se mantengan estos tipos de interés casi ridículos, cuyo ascenso puede darse en cualquier momento, lo que provocaría unas tasas de morosidad que las entidades financieras no soportarían.

La situación es muy complicada, también para el enemigo. ¿Es que nadie se acuerda del desastre del 29? No creo que a Franklin Delano Roosevelt le hiciese mucha gracia tener que enfrentarse al crack con el “New Deal”. No tuvo más remedio. Quizá la intervención estatal previa habría impedido aquella espantosa situación económica, que hasta décadas después no terminó de solucionarse.

Supongo que el Gobierno tendrá que hacer algo, a su pesar, para evitar una caída en picado de los precios de la vivienda. A veces, en momentos concretos, como le ocurrió a Roosevelt, y como también le ocurrió a Lenin, no hay más remedio que hacer política que no se ajuste estrictamente a la ideología que siempre se ha defendido. Es posible castigar fiscalmente de manera moderada la posesión de viviendas de lujo o de casas vacías, así como no resultaría demasiado “de horda marxista” hacer deducible en la declaración del IRPF el gasto del alquiler. Un incremento del gasto público directo (construcción de vivienda pública en alquiler, rehabilitación de viviendas antiguas, creación de bolsas de suelo público, etc.) no creo que fuese demasiado traumático, tampoco.

Y sería también conveniente que el Ministerio de Defensa no subastase al mejor postor, como pretende, suelo público propiedad del Ejército, para sufragar el coste de la modernización del armamento: hace poco se aprobó en Consejo de Ministros la compra de 24 helicópteros Tigre, cuatro submarinos, un buque para transportar 1.200 soldados, así como 212 vehículos de combate Pizarro, que costarán nada menos que 4.176 millones de euros. Especulan para armar a los soldados españoles en Irak. ¿No son una monada?

Recuerdo una frase de “Atraco a las tres”, la espléndida película del director José María Forqué: “Y luego quieren que no haya revoluciones”.<

 

Para escribir a la autora: bmartos1969@yahoo.es

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